La Audiencia Nacional admite la querella de los minoritarios de DIA

La Plataforma de Afectados de DIA a través del despacho Demandas Colectivas ha ganado un recurso judicial en el que se estima que la Audiencia Nacional es competente para investigar los presuntos delitos cometidos por el antiguo consejo de administración y el auditor KPMG.

En este sentido el propio Ministerio Fiscal en y un informe del 8 de noviembre ratifica que se debe “admitir a trámite la querella interpuesta contra Distribuidora Internacional de Alimentacion (DIA) y otras trece personas físicas”.

La asociación ha calificado esta decisión como «un paso adelante en la defensa de los derechos de los accionistas minoritarios por la nefasta y presuntamente fraudulenta gestión del anterior consejo de administración».

Hasta ahora, la Audiencia Nacional se había inhibido en la denuncia interpuesta por los errores e irregularidades detectados en sus cuentas de 2017. Así lo comunicó la propia compañía en el folleto que acompaña la ampliación de capital lanzada, en la que repasaba al detalle la situación de la cadena de supermercados.

Los responsables de DIA revelaron entonces que fueron notificados de la decisión de la Audiencia Nacional a finales de octubre, sin que desde ese día trascendieran más novedades.

«Hasta la fecha, la empresa no tiene ninguna información adicional sobre esta denuncia o sobre la posibilidad de que los minoritarios interpongan una denuncia en otro tribunal», señalaron.

DIA no sale de los juzgados

Este enfretamiento judicial no es el único que la compañía tiene abierto en los tribunales. Los responsables de DIA también presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, debido precisamente a estas mismas irregularidades en sus cuentas. En el mismo folleto señalaron que la compañía había recibido varios requerimientos para proporcionar «información complementaria». El último se produjo este mismo octubre.

La justicia española también investiga si Mikhail Fridman, actual propietario de la compañía, montó un «entramado societario criminal» con el objetivo de provocar la caída de la cotización en bolsa del grupo para tomar el control de la compañía a menor coste.

Un auto emitido por el Tribunal Supremo remite a un informe policial en el que se especifica que el multimillonario ruso es el máximo responsable de una trama que provocó en la cadena de supermercados «una situación de conflicto y situaciones de bloqueo y falta de liquidez a corto plazo» para que el precio de las acciones de la compañía cayera.