Neymar y Rosell, más cerca de ser juzgados por estafa

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El fiscal pide procesar al jugador y a su padre, además del ex presidente del Barça, al dirigente del Santos Odilio Rodrigues, y a los dos clubes involucrados por presunta estafa en el proceso de traspaso

Los motivos no monetarios de la posible marcha de Neymar del FC Barcelona | EFE

Barcelona, 07 de octubre de 2016 (15:52 CET)

La fiscalía avanzó en su intención de que Neymar Jr sea juzgado, y ha solicitado al juez De la Mata que además del jugador, también sean procesados una larga lista de implicados: su padre, el ex presidente del Barça Sandro Rosell, al FC Barcelona, al Santos y al presidente del club brasileño, Odilio Rodrigues. La acusación es por los delitos de corrupción en los negocios y estafa por el supuesto engaño en el precio de su traspaso al fondo brasileño DIS, gestor del 40 % de los derechos del futbolista.

En un primer momento, el juez de la Mata había archivado este caso al no detectar delito, pero la Sala de lo Penal le hizo revocar la medida y le obligó a procesar a los implicados.

El juez se limitó a pedir a la acusación que envíen sus escritos para abrir el juicio oral, y que pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento). Pero ahora la Fiscalía recurre este auto y le pide que les procese de manera efectiva.

Reclaman una indemnización de más de tres millones de euros

La empresa DIS, que tenía el 40% de los derechos del futbolista, inició la causa porque consideraba que había sido engañado en la operación de traspaso. Consideró que tanto Neymar como su padre, así como Rosell y Rodrigues –y los dos clubes como personas jurídicas- cometieron delitos de corrupción en los negocios y de estafa impropia en el proceso de trapaso del jugador del Santos al Barça.

Además, la acusación apunta sus cañones contra la madre de Neymar, Nadine Gonçalves Da Silva, y la empresa familiar N&N Consultoria, como "partícipes a título lucrativo en el delito de corrupción entre particulares".

El fiscal José Perals estima que el auto del juez De la Mata no procesa debidamente a los involucrados, ya que no argumenta cuáles son los delitos para juzgarles. En su escrito, dice que el fondo DIS fue perjudicado en la contratación y reclama una indemnización de 3.228.400 euros.

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