Los ingenieros agrónomos se ofrecen como intermediarios: «Los agricultores llevan 40 años en desventaja

Los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y de Ingenieros Técnicos Agrícolas han expresado su apoyo a los productores que se movilizan por toda España, donde en un comunicado conjunto acusaron que las políticas de los últimos 40 años no solo no han mejorado la renta de agricultores y ganaderos, “sino que les han dejado en una posición de desventaja ante el resto de los eslabones de la cadena alimentaria”.

Para estos profesionales, la situación ha llegado a “sus cotas máximas”, y por ello, consideran que se debe impulsar el diálogo entre los afectados, donde los ingenieros y técnicos se ofrecen como mediadores “por su presencia y conocimiento integral del sector”.

“En todos los eslabones de la cadena alimentaria tenemos profesionales altamente cualificados que pueden aportar sus capacidades técnicas en la búsqueda de soluciones satisfactorias a los problemas planteados, según prioridades reales, considerando periodos transitorios y contribuyendo a la adecuación de la PAC”, indicaron en el comunicado.

La tormenta perfecta en el agro

Los colegios recuerdan que el campo sufre por una combinación de factores donde se conjugan la inestabilidad geopolítica, el cambio climático y la aparición de tecnologías disruptivas.

Pero no es todo: además denuncian que se suma a la falta de reconocimiento, “el injusto señalamiento que sufren al respecto de cuestiones ambientales”, y la “indignante incoherencia” que en España y la Unión Europea haya que competir con operadores internacionales que no están sujetos a las mismas reglas ambientales y laborales en origen, “algo que sí se le impone a las producciones comunitarias”.

El diálogo como alternativa

Para los ingenieros y técnicos agrónomos, la única vía de solución es el diálogo en igualdad de condiciones entre la Unión Europea, administraciones públicas, organizaciones profesionales agrarias y agentes sociales.

Además, estos profesionales recuerdan que dentro de sus obligaciones está “la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales, así como la colaboración con las administraciones e instituciones públicas nacionales e internacionales”.