España es el cuarto país de Europa con más impuestos en la factura de la luz de los hogares

La escalada del precio de la luz, que ha llegado a multiplicar por diez el de hace un año en el mercado mayorista, acucia a familias y empresas. Las medidas paliativas del Gobierno, recién prorrogadas, son transitorias, pero el encarecimiento sigue. El precio que nos escandaliza a diario es solo el que pagamos por la energía, pero después están los impuestos. Y España es, de los 27 países de la UE, el cuarto que más grava a los hogares con la luz.

El 41,5% de la factura eléctrica en el ámbito doméstico son impuestos, según los últimos datos de Eurostat correspondientes al primer semestre de 2021. Solo Dinamarca, Alemania y Portugal superan a España en cuanto a carga fiscal en el recibo de la luz, y nuestro país se sitúa dos puntos por encima de la media europea.

La factura que pagan las familias españolas es la quinta más cara de toda la UE, con 232,3 euros el Mwh impuestos incluidos. Sin impuestos, España se sitúa en el séptimo puesto, con 135,8 euros el MWh, pero entre los impuestos directos y tasas y el IVA, que antes de la rebaja temporal del Gobierno, era del 21%, escala posiciones en el ránking. En la factura, por cada MWh pagamos 96,5 euros de impuestos.

Las empresas, por su parte, que son las que más se están manifestando e incluso movilizando por los altos precios energéticos, soportan en España una carga fiscal inferior a las familias, algo que puede entenderse por las políticas de fomento de la actividad económica. Sin embargo, sorprende el contraste con muchos países de Europa, y con la media del continente, donde es justamente al contrario.

Los datos de Eurostat desglosan el precio de la luz de los clientes no domésticos en función del consumo, por lo que se puede distinguir entre pequeños negocios, pymes, empresas de más volumen o industrias electrointensivas. Como muestra, hemos tomado el que la oficina de estadística europea considera el consumo de una empresa media y el de una gran industria. Los precios e impuestos varían en función de los países.

Una empresa con una banda de consumo de entre 500 y 2.000 Mwh pagó en España el Mwh a 130 euros, en la franja baja de la UE, cuya media son 30 euros más. Eso significa que paga la energía 100 euros más barata que los hogares. El 28,6% son impuestos, menos también que la media europea, que roza el 40%. La presión fiscal que resiste, por tanto, es 13 puntos inferior a las familias. A nivel continental, el porcentaje de impuestos entre estas empresas y los clientes domésticos es similar.

Una gran industria, las famosas electrointensivas como acereras y cementeras, que están reivindicando estos días que con estos precios es mejor parar, todavía resiste una presión fiscal inferior. En España, las empresas con un consumo en una banda superior a 150.000 Mwh, pagaron de media 74,9 euros por Mwh, es decir, algo más de la mitad de la empresa media y una tercera parte que los hogares.

De estos cerca de 75 euros, 20 son impuestos, es decir, el 26,6%, muy por debajo de los clientes domésticos. En el conjunto de la Unión Europea, la gran industria pagó cerca de 93 euros el MWh, de los que el 38% eran impuestos, casi lo mismo que las familias, por lo que soportan la misma presión fiscal, aunque las empresas luego se desgravan el IVA.

Los impuestos que afectan al consumidor

Desde que el pasado verano se inició esta escalada de precios sin precedentes en el mercado eléctrico mayorista, y que luego repercute en el consumidor final, el Gobierno ha intentado maniobrar para reducir la factura de los usuarios. La medida más sencilla, que finalmente se tomó en 2021 -y que se ha ido prorrogando- ha sido atacar el sistema impositivo de la factura de la luz. A fin de cuentas, se trata de un coste muy alto dentro del porcentaje del recibo.

La principal acción fue la reducción al 10% -desde el 21%- del IVA en la factura eléctrica de los consumidores con hasta 10 kW de potencia contratada, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista del mes anterior sea superior a 45 €/MWh. De igual modo, los beneficiarios del bono social eléctrico mantendrán sus descuentos de entre el 60 y el 70% de su consumo.

Otro de los cargos que se han tocado en la factura de los consumidores es el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) que seguirá en el 0,5% -desde el 5,11%-. Esta cantidad de trata del mínimo autorizado por la normativa europea.

En cuanto al impuesto que grava con un 7% el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), también permanecerá suspendido hasta que se vuelva a revisar la situación. Este gravamen, en concreto, no afecta directamente a los consumidores, sino que tienen que abonarlo las compañías eléctricas, aunque el mercado asume que su coste lo repercuten en el precio que finalmente cobran a los clientes.

En este contexto, el Gobierno ha decidido volver a prorrogar la reducción de estos impuestos hasta el próximo verano. El futuro dependerá de cómo impacten las medidas en las que está trabajando el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que el gas no impacte en el mercado mayorista.