Iberdrola actualiza sus contratos y deja claro el coste extra por el antiapagón

La energética española iberdrola ha dado un paso significativo en su política comercial al comenzar a incluir de forma explícita en sus contratos de suministro eléctrico el denominado recargo por el sobrecoste antiapagón. La medida, que afecta a clientes domésticos y pymes, supone un cambio en la manera en que las compañías trasladan a los consumidores los costes derivados de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico tras el gran apagón de abril de 2025.

Un cambio de estrategia en plena escalada de costes

El giro de iberdrola, según El País, responde al fuerte incremento de los llamados “servicios de ajuste”, mecanismos que permiten equilibrar la red eléctrica en tiempo real para evitar fallos de suministro. Tras el apagón que afectó a la península ibérica en 2025, estos costes se han disparado debido a la necesidad de reforzar el sistema, especialmente mediante el uso de centrales de ciclo combinado alimentadas por gas.

Actualmente, estos servicios superan ampliamente los niveles considerados normales. De hecho, el coste medio ha llegado a situarse por encima de los 24 euros por megavatio hora (MWh), muy por encima del rango que las compañías consideraban asumible antes de la crisis energética reciente.

Ante este escenario, la compañía ha optado por detallar este concepto en sus contratos, algo que hasta ahora no era habitual en el sector, donde estos costes se integraban de forma indirecta en el precio de la electricidad.

Cómo funciona el recargo antiapagón

La nueva cláusula introducida por iberdrola establece una banda de precios para los servicios de ajuste. El valor de referencia se sitúa en 14,5 €/MWh, con un margen que oscila entre los 11 y los 18 €/MWh. A partir de ahí, el mecanismo funciona en dos direcciones:

• Si el coste baja de 11 €/MWh, el cliente se beneficia de una reducción en su factura.
• Si se mantiene entre 11 y 18 €/MWh, la compañía asume el coste sin cambios en el recibo.
• Si supera los 18 €/MWh, el exceso se traslada directamente al consumidor.

Este sistema, según la empresa, busca ofrecer precios iniciales más competitivos y evitar la inclusión de primas de riesgo elevadas en los contratos. Sin embargo, en el contexto actual de precios altos, lo más probable es que el ajuste se traduzca en un encarecimiento de la factura.

Transparencia frente a polémica

La principal defensa de iberdrola es que esta medida aporta transparencia. Al detallar el recargo, el cliente puede identificar con claridad qué parte del coste responde a la estabilidad del sistema eléctrico.

No obstante, la iniciativa también ha generado críticas. Algunos expertos consideran que se traslada al consumidor un riesgo que no controla, derivado de decisiones técnicas y regulatorias del sistema eléctrico.

Las previsiones del sector, según El País, apuntan a que el recargo antiapagón no será temporal. Las compañías eléctricas estiman que este sobrecoste se mantendrá durante buena parte de 2026 debido a la necesidad de seguir operando el sistema en modo reforzado.

Este modo implica una mayor dependencia de tecnologías que garantizan estabilidad, como el gas, lo que incrementa el coste total del sistema eléctrico. A ello se suma la incertidumbre internacional, que sigue presionando al alza los precios energéticos.

Regulación y futuro del modelo

El movimiento de iberdrola podría marcar tendencia en el sector. Aunque otras grandes comercializadoras aún no han incorporado este recargo de forma explícita, sí lo están repercutiendo indirectamente en sus tarifas.

Por su parte, los reguladores trabajan en nuevas normas para limitar el impacto de estos costes en los consumidores y mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, por ahora no existe un calendario claro para la aplicación de estas medidas ni para una eventual reducción del recargo.

Un nuevo paradigma en la factura de la luz

La decisión de iberdrola refleja un cambio de paradigma en el mercado eléctrico español: el paso de costes ocultos a costes explícitos. Este enfoque, que en teoría favorece la transparencia, también abre la puerta a una mayor volatilidad en la factura de los consumidores.

En un contexto de transición energética, tensiones geopolíticas y transformación del sistema eléctrico, el recibo de la luz se consolida como uno de los principales focos de preocupación para hogares y empresas. Todo apunta a que el debate sobre quién debe asumir estos costes seguirá siendo uno de los ejes centrales de la política energética en los próximos años.