Victoria clave de Blackstone (y Garrigues) en el Supremo, y dura derrota de los inquilinos contra los fondos
El fallo del Supremo a favor de Blackstone blinda la operación inmobiliaria más polémica de Madrid y desactiva el derecho de retracto de los inquilinos
El fondo logra el respaldo del Supremo en el litigio por las viviendas públicas de la EMVS, en una sentencia.
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«Si perdíamos el juicio era por la presión popular, no por razones jurídicas«. Con esta contundente frase, fuentes del mercado explican en exclusiva a Economía Digital el clima vivido en el interior de Blackstone durante el proceso judicial más simbólico del mercado de la vivienda en la última década en Madrid.
El Tribunal Supremo ha cerrado el caso dando la razón al fondo estadounidense y avalando la legalidad de la compra de 1.860 viviendas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Una operación polémica, criticada durante años por movimientos sociales y políticos, que ahora queda refrendada por la máxima instancia judicial, tras un primer fallo del Supremo en contra de los intereses del fondo.
Fidere, la socimi de vivienda de Blackstone, cuyo presidente es Jean-François Pascal Emmanuel Bossy, encargó el recurso de casación al gigante jurídico Garrigues.
La sentencia, dictada por el Pleno de la Sala de lo Civil, desestima el derecho de retracto reclamado por los arrendatarios y desmonta el criterio que había esgrimido la Audiencia Provincial de Madrid.
Lo hace de forma tajante: la venta realizada por la EMVS en 2013 incluía todas las unidades inmobiliarias que poseía en cada edificio, por lo que se trató de una venta conjunta, conforme a lo previsto en el artículo 25.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Y en esos casos, no procede que los inquilinos puedan ejercer el tanteo ni el retracto.
Las fuentes, en conversaciones con Economía Digital, destacan que el fallo del Supremo no solo corrige la interpretación de la Audiencia, sino que también lanza un mensaje jurídico de gran calado: «Una sentencia del Pleno es una bomba nuclear jurídica. Cierra el camino a nuevas impugnaciones. Es el final».
La historia judicial arrancó con una victoria de Blackstone en primera instancia. Pero en apelación, la Audiencia Provincial revocó esa decisión y consideró que, al haber precios individualizados para cada vivienda, no podía hablarse de una venta conjunta.
Una conclusión que desató inquietud dentro del fondo: «Había miedo real a perder, no porque la ley no nos amparara, sino porque el caso se había convertido en una bandera política«.
La clave de la victoria de Blackstone
El Supremo ha sido claro: aunque la venta afectaba a múltiples promociones y edificios, lo relevante es que, en cada uno de ellos, la EMVS vendió todas las unidades de su propiedad. Eso cumple con el supuesto de «venta conjunta» que prevé el artículo 25.7 LAU.
El desglose de precios no altera ese hecho, ni genera un derecho automático para los inquilinos. «No se puede convertir una venta global en fragmentada solo porque se calcule el precio por vivienda«, explican las fuentes.
El fondo mantuvo desde el principio que el caso debía ganarse por la solidez del marco legal. «Fuimos impecables jurídicamente«, aseguran las mismas fuentes. «El único riesgo era que la justicia cediera ante la presión mediática».
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo no solo zanja el caso EMVS, sino que sienta jurisprudencia aplicable a futuras operaciones de compraventa en bloque, tanto en el sector público como privado. Se refuerza la interpretación de que, en contextos de transmisión conjunta de activos inmobiliarios, no existe un derecho individual de adquisición por parte de los arrendatarios, siempre que se cumplan los requisitos formales.
La compraventa, realizada en plena crisis económica bajo el mandato de Ana Botella, ha sido una herida abierta durante más de una década, utilizada por la oposición para denunciar la privatización de vivienda pública. Ahora, el máximo tribunal establece que fue legal.
