Brasil investiga a Telefónica por corrupción

La Policía Federal de Brasil ha iniciado este martes, siguiendo órdenes del Tribunal Federal de Curitiba, una nueva fase de la operación Lava Jato, en la que ha implicado a Telefónica Brasil, filial del grupo que opera en el país bajo la marca Vivo y supone uno de los cuatro mercados estratégicos para el grupo, junto con España, Alemania y Reino Unido.

Según informa Bloomberg, la policía está buscando documentos y otras evidencias relacionadas con pagos presuntamente realizados por la filial brasileña y el operador Oi a Gamecorp SA y otras compañías en parte propiedad de un hijo del expresidente Lula da Silva.

La investigación, que se ha realizado con el despliegue de 200 policías federales, se enmarca en una nueva fase de la operación “Lava Jato”, una de las causas de corrupción más importantes de la historia de Brasil.

Sobre Vivo, el Ministerio Público Federal ha informado [lee aquí su comunicado] de que las órdenes de registro que ha puesto en marcha la policía servirán para encontrar pruebas de «irregularidades» en la relación entre Gamecorp con Telefónica Brasil en un proyecto denominado «Nube de libros», explica Europa Press.

La agencia señala que las autoridades buscan indicios que esclarezcan movimientos financieros de 40 millones reales (8,7 millones de euros) entre Movile Internet Mobile, Vivo y Editora Gol entre 2014 y 2016.

Contactada por este medio, Telefónica ha confirmado a través de un comunicado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del país han entrado en su sede, en São Paulo, «buscando información de los contratos específicos» sobre los que se ciñe la investigación. Telefónica añade que colabora en todo momento con las autoridades.

La noticia ha golpeado a las acciones de Vivo y de Oi. Las de la filial brasileña de la compañía española cayeron hasta el 2,8% y las de Oi descendieron hasta 4,8% al inicio de las operaciones del mercado en São Paulo.

Telefónica abre investigaciones internas

A finales de octubre del pasado año, Telefónica informó en un folleto ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estaba «llevando a cabo unas investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción», aunque no especificaron si se trataba de Brasil.

La compañía, informaron, «ha estado en contacto y cooperando con autoridades gubernamentales en relación con estos temas, y tiene intención de seguir cooperando con ellas a medida que prosigan las investigaciones. No es posible en este momento predecir el alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable».

Un mes antes, la CNMV pidió a Telefónica que cifrara el impacto de posibles casos de corrupción que investiga en varios países. El organismo presidido por Sebastián Albella pidió a la compañía que actualizara el estado de situación de las investigaciones internas mencionadas y que cuantificara qué impacto potencial podría tener sobre el patrimonio del grupo al, por ejemplo, registrar alguna provisión al respecto.

Telefónica materializó su compromiso de lucha contra la corrupción y el soborno el 16 de diciembre de 2015, en la aprobación por parte del consejo de administración de Telefónica de la creación de un área independiente de cumplimiento normativo, así como en el consiguiente nombramiento, en febrero de 2016, del director de cumplimiento (chief compliance officer) del grupo.

«El objetivo que se perseguía no era otro que el de continuar, de forma aún más focalizada, con la implementación de un modelo de cumplimiento o compliance en Telefónica; todo ello, sin perjuicio de todas las actividades realizadas hasta dicha fecha por otras áreas de compañía para prevenir la corrupción y el soborno (área de auditoría Interna, área de sostenibilidad y área legal)», informó la compañía.

Brasil, mercado clave para Telefónica

Brasil es, junto a España, Reino Unido y Alemania, un mercado clave para Telefónica. La compañía comunicó a finales de noviembre que el país, en el que está presente desde 1988 y supone más del 20% del volumen de negocio de todo el grupo —gestiona más de 95,2 millones de accesos—, sería crucial en la nueva estrategia. 

Los últimos movimientos en el país se materializaron con el traspaso de 1.900 torres a Telxius, controlada también por Telefónica, aunque con socios como Pontegadea (Amancio Ortega) y KKR, desde la filial brasileña. La operación se enmarcó en la política de monetización de este tipo de activos en la que está inmersa la compañía y el resto de operadores del sector.

La última operación pasa precisamente por lanzarse o no a por Oi. Telefónica estaría interesada en la adquisición del negocio móvil de la operadora. Pese a que a mediados de septiembre negaba conversaciones «formales»,  en las últimas semanas reconoció el interés por esta empresa, cuya situación económica  (concurso de acreedores ) le lleva a desprenderse de sus activos.