La CNMC pone en la diana a la nuclear de Iberdrola y a Red Eléctrica en el aniversario del apagón
La eléctrica y el operador del sistema acumulan los únicos expedientes sancionadores abiertos por el regulador
Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (Red Eléctrica), Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y Cani Fernández, presidenta de la CNMC
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en la diana a Iberdrola y Red Eléctrica en el marco del apagón. El regulador ha abierto expedientes sancionadores por presuntas infracciones «muy graves» a ambas compañías que, si bien no señala culpabilidades directas, las deja como grandes señaladas.
Este martes se cumple un año del apagón que dejó sin luz a la península ibérica y parte de Francia, con tres informes oficiales y una batería de 56 expedientes sancionadores, pero sin culpables directos.
Las actuaciones del regulador, anunciadas en vísperas del aniversario del incidente, reabren el debate sobre las responsabilidades en uno de los episodios más controvertidos de la última década.
A pesar de que Competencia sostiene que el origen del apagón fue multifactorial y que sus expedientes no atribuyen la causa a las empresas afectadas, las posibles infracciones que pudieran cometer relacionadas pone el foco sobre ellas en un momento marcado por la batalla jurídica que se espera en los próximos meses.
En el caso de Red Eléctrica, la CNMC investiga si incumplió las funciones k-, l-, r- y u- del artículo 30.2 recogido dentro de las infracciones muy graves de la Ley del Sector Eléctrico 24/13 (LSE).
Infracciones «con perjuicio para el sistema o sujetos», que señalan directamente a la programación del ‘mix’ energético de ese día y supondrían una mala gestión y operación del sistema.
La compañía que preside Beatriz Corredor tiene la obligación de programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica de acuerdo con el resultado de la casación de las ofertas comunicadas por el operador del mercado.
Iberdrola: 2 expedientes muy graves a la nuclear y la mitad de los 56
En el caso de Iberdrola, la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán es la otra gran señalada por las investigaciones de la CNMC. La semana pasada, incoó un expediente por incumplimientos «muy graves» a Centrales Nucleares Almaraz Trillo AIE, la sociedad gestora de las centrales mencionadas, cuyas propietarias son Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%).
Este lunes, Competencia publicó un nuevo expediente fechado el 23 de abril, para Iberdrola Generación Nuclear, la filial con la que gestiona el 100% de la central nuclear valenciana de Cofrentes.
En ambos casos, el organismo investiga presuntas infracciones del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico. Esto es, la reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o suministro de energía eléctrica, incluyendo el incumplimiento reiterado de las obligaciones de disponibilidad.
El día del apagón, Red Eléctrica no programó las centrales de Almaraz y Cofrentes, ya que sus propietarias alegaron motivos económicos para no entrar en operación, es decir, aseguraban que operando perdían dinero. La central de Trillo tampoco lo hizo, en este caso por una recarga de combustible.
Red Eléctrica consideró entonces que había generación síncrona suficiente y permitió esta situación. La rentabilidad de las nucleares es uno de los debates que se ciernen en torno a la extensión de su vida, ya que con la cada vez mayor integración de las energías renovables en el sistema, hay momentos de precios cero o negativos en el mercado mayorista.
Las propietarias llevan tiempo poniendo el foco también en la elevada fiscalidad a la que tienen que hacer frente, que calculan en torno a los 28 euros por megavatio hora (MWh) entre impuestos a la generación, la tasa Enresa y otras ecotasas medioambientales.
En cualquier caso, la CNMC ha reiterado que «las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente».
Las potenciales sanciones para este tipo de faltas oscilan entre 6 y 60 millones de euros y supondrían un perjuicio especialmente grave para las instalaciones nucleares, en vilo por la prórroga de su vida útil y un calendario de cierre todavía sin modificaciones.
Más allá de los dos expedientes muy graves a la nuclear, Iberdrola es la compañía que más investigaciones acumula con un total de 23 (25 con los de Almaraz-Trillo), la gran mayoría por presuntas infracciones graves en sus centrales.
Los plazos de la CNMC y la batalla judicial
La decisión del regulador llega en un momento especialmente sensible, coincidiendo con el aniversario del apagón, y tendrá hasta 18 meses para resolver cada uno de los expedientes incoados hasta la fecha.
Un plazo extenso que se dará paralelamente a las reclamaciones judiciales de los consumidores afectados en España, Portugal y Francia, especialmente en el sector industrial.
La clave, como siempre en estos casos, estará en los detalles técnicos y en la capacidad de las energéticas para defender su actuación durante una crisis que puso en jaque la estabilidad del suministro en buena parte del país.
Por el camino tres investigaciones oficiales, múltiples análisis técnicos y ninguna dimisión relevante. Un desenlace que contrasta con la magnitud del incidente y con el impacto que tuvo en la percepción pública del sistema eléctrico.
Mientras tanto, las consecuencias sí han sido tangibles para consumidores y empresas. La factura de la luz ha experimentado un encarecimiento progresivo, debido a la operación reforzada del sistema que Red Eléctrica aplica desde entonces utilizando más centrales de gas para estabilizar el sistema.
Este refuerzo, diseñado para evitar nuevos episodios de inestabilidad, ha incrementado los costes operativos y, en última instancia, ha terminado trasladándose al recibo.
