Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy… culpas sin esclarecer un año después del apagón
El incidente ha provocado facturas más caras y un sistema eléctrico menos verde, a la espera de la batalla judicial
Beatriz Corredor (Red Eléctrica) y Galán (Iberdrola)
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Se cumple un año del gran apagón que dejó a la península ibérica y parte de Francia sin luz sin responsables claros, pero sí señalados. El sistema eléctrico español ha funcionado de forma diferente desde entonces, quemando más gas para generar electricidad a modo de refuerzo, encareciendo la factura y contaminando más.
Tres informes oficiales —el del comité impulsado por el Gobierno, el del organismo europeo Entso-E y el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC— coinciden en no apuntar directamente a un culpable y centran su análisis en explica que el origen del incidente fue multifactorial y una “tormenta perfecta”.
Este ambiguo reparto de responsabilidades ha puesto en el foco a diferentes actores del sistema eléctrico, con Red Eléctrica en el centro de todas las miradas, a la que siguen las grandes eléctricas.
La compañía que preside Beatriz Corredor ejerce como operador del sistema, por lo que en caso de fallo del mismo la responsabilidad primera se debe a su gestión.
La programación del mix energético del 28 de abril de 2025 ha sido puesta en duda por la escasa energía síncrona (nuclear, gas, hidráulica) que había para el día del incidente. La creciente penetración de renovables, que no aportan esa estabilidad de forma natural, dejó al sistema más expuesto de lo previsto.
Pero también se apunta a si las eléctricas atendieron a las llamadas de Red Eléctrica para conectarse al sistema el día del apagón y si actuaron correctamente a la hora de controlar las sobretensiones del sistema y cumplieron con la normativa.
La CNMC pone en el punto de mira a Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa y Naturgy
Ese reparto difuso de responsabilidades no ha evitado que los principales actores del sistema eléctrico estén hoy bajo el foco. Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa y Naturgy concentran buena parte de las miradas de un regulador que ha decidido pasar de las conclusiones técnicas a la acción sancionadora.
El organismo que preside Cani Fernández no ha señalado culpables, pero ha iniciado decenas de investigaciones por infracciones relacionadas con el apagón. El regulador ha incoado hasta 55 expedientes sancionadores, siendo Iberdrola y Endesa las que más investigaciones acumulan.
Pero de todos ellos, destacan especialmente dos. El primero, dirigido contra Red Eléctrica. El segundo, contra la asociación propietaria de las centrales nucleares de Almaraz y de Trillo, cuya propiedad comparten Iberdrola, Endesa y Naturgy.
En el caso del operador del sistema, la CNMC investiga presuntas infracciones por mala gestión y operación que habrían resultado en «perjuicio para el sistema» o los sujetos del mismo.
El expediente incoado a la nuclear investiga si habría reducido, sin autorización, la capacidad de producción o suministro de energía eléctrica, incluyendo el incumplimiento reiterado de las obligaciones de disponibilidad.
El día del apagón, la central nuclear de Trillo estuvo indisponible por recarga de combustible, mientras que Almaraz no operó por motivos económicos, es decir, por argumentar que pierde dinero si entra en operación. En cualquier caso, Red Eléctrica aceptó los motivos.
Ambos expedientes son los únicos que se han abierto por presuntas infracciones “muy graves”, una categoría que, en el marco regulatorio, puede traducirse en sanciones de hasta 60 millones de euros. El resto de procedimientos se encuadran en niveles inferiores, sin riesgo para el sistema, aunque con multas que oscilan entre lo 600.000 euros y los 6 millones.
El modo reforzado de Red Eléctrica: 666 millones para el consumidor
Desde aquel episodio, el sistema eléctrico español opera bajo una lógica de cautela permanente. Red Eléctrica ha implantado lo que denomina “operación reforzada”, una estrategia que pasa por incrementar la presencia de centrales de ciclo combinado de gas para garantizar la estabilidad ante posibles sobretensiones.
Según datos del propio operador, este refuerzo ha supuesto ya un sobrecoste de 666 millones de euros. Una cifra que la CNMC avala y traduce en impacto directo para el consumidor: unos cuatro céntimos adicionales al día en la factura de quienes están en el mercado regulado.
La cifra difiere de los cálculos derivados de un informe encargado por las propias eléctricas, que eleva el coste hasta final de 2025 por encima de los 1.100 millones de euros.
El problema es que la factura puede ir a más hasta que no se active plenamente el control de tensión por parte de las renovables y no se ha concretado aún cuando Red Eléctrica dejará de operar con este método actual.
El refuerzo del sistema tiene además una derivada que contrasta con los objetivos gubernamentales y europeos en términos climáticos. Apostar por ciclos combinados implica, inevitablemente, quemar más gas.
Según Enagás, en el primer trimestre de 2026 el consumo de gas destinado a la generación eléctrica se incrementó un 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Un repunte significativo que rompe la tendencia de reducción asociada al despliegue renovable.
Si echamos la vista más atrás, entre el 29 de abril de 2025 hasta la fecha actual, la demanda de gas en el sistema eléctrico ha crecido también un 25% respecto al mismo periodo del año móvil anterior.
Con este escenario, se abre ahora un nuevo periodo marcado por la batalla judicial que acogerán los tribunales españoles para hacer frente a reclamaciones millonarias que se esperan de los afectados por el apagón, tanto a nivel nacional como Repsol, como a nivel internacional en Portugal y Francia.
