Acreedores de Oasiz cargan contra los 0,5 millones de la administración concursal: «No ha ejercido»
Acreedores de Oasiz lamentan que la administración concursal haya vendido el centro comercial sin organizar subasta pública.
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Acreedores de Carlotta Iberia, la sociedad dueña de Oasiz, que ha protagonizado uno de los mayores concursos de acreedores ocurridos en España en los últimos años, con un pasivo de 320 millones de euros, cargan contra los honorarios, de 0,56 millones de euros, requeridos al Juzgado por la administración concursal, la firma Pkf Attest.
El Juzgado Mercantil número 14 de Madrid designó a la consultora como administrador concursal de Carlotta Iberia el pasado 9 de enero, cuando la firma controlada por el fondo Cale Street Invesment (CSI) se declaró en concurso de acreedores.
Pocos días después, el 22 de enero, se abrió fase de liquidación ordenándose la disolución de la sociedad y el cese de sus administradores, siendo sustituidos por los profesionales de Pkf Attest.
La administración concursal no ha organizado un proceso competitivo de venta de Oasiz, denuncia el acreedor
Como ha publicado este diario, la administración concursal requiere al Juzgado algo más de medio millón de euros por cuatro meses de trabajo en el concurso de Carlotta.
Pkf Attest recuerda que está establecido un arancel de derechos que para su cálculo tiene en cuenta la masa activa y pasiva del concursado (en el caso de Carlotta Iberia, un pasivo de 318,6 millones frente a un activo de 140,3 millones de euros).
Según los cálculos de la consultora, se le debería asignar unos honorarios de 301.850 euros por el activo, y de 70.236 euros por el pasivo. Pero a esa cantidad, habría que añadir 186.000 euros más, al haberse suspendido las facultades de administración del concursado.
El abogado Francisco Suárez Porto, que representa a un acreedor de Carlotta, advierte en un reciente escrito presentado ante el Juzgado que ese incremento de 186.000 euros requerido por Pkf Attest solo se justificaría si realmente hubiera asumido las funciones de gestión de la concursada, algo que «no ha ocurrido en este concurso».
«No ha existido fase común real», subraya el abogado. La administración concursal, dice, no ha ejercido «funciones de intervención durante periodo alguno significativo, no hubo inventario, no hubo lista de acreedores, no hubo informe de la fase común«.
La gestión de Oasiz, el mayor centro comercial de la Comunidad de Madrid, «nunca fue asumida por la administración concursal«. El centro, afirma, ha sido gestionado en todo momento por Eurofund Capital Partners y Savills RE Spain, «contratadas por CSI Europe tras la toma de control de febrero de 2024, un año y medio antes del concurso».
Pkf Attest, incide, «no ha gestionado ningún arrendamiento, no ha negociado con ningún inquilino, no ha dirigido la operativa diaria del centro«.
Oasiz, venta sin subasta
El letrado también destaca que la administración concursal no ha organizado un proceso competitivo de venta de Oasiz.
Carlotta Iberia presentó solicitud de concurso junto a una oferta de adquisición del centro comercial presentada por CSI, el mismo fondo que controla Carlotta Iberia.
La venta de Oasiz se ha hecho a favor del acreedor mayoritario sin subasta pública, denuncia el acreedor
La administración concursal «no buscó compradores, no organizó un proceso competitivo, no promovió subasta pública«, lamenta. Pkf Attest, afirma, se limitó a evaluar, sin contrastar, «la única oferta existente, emitida por el propio acreedor mayoritario y socio de control al 75%».
La actuación de la administración concursal, denuncia el abogado del acreedor de Carlotta Iberia, «presenta un patrón de conducta que resulta difícilmente compatible con el deber de defensa del interés del concurso» que le impone la Ley.
La administración concursal, añade, ha autorizado la venta de un activo que genera 36,7 millones de euros de beneficio anual «a favor del acreedor mayoritario y socio de control, sin subasta pública, sin concurrencia de terceros, sin un euro en metálico y sin verificar el crédito del oferente».
En términos similares se ha expresado otro acreedor de Carlotta Iberia.
Rubén Montoya, representante legal de la sociedad NAM, que reclama más de 3,5 millones de deuda, en un reciente escrito presentado ante el Juzgado, dice que la administración concursal «no ha asumido la gestión operativa de la actividad», la cual ha continuado en manos de los gestores «designados por el acreedor mayoritario».
En su escrito, el abogado deja constancia expresa de que la oposición formulada a los honorarios requeridos por la administración concursal «lo es sin perjuicio de las acciones que esta parte tiene reservadas» en relación con la actuación de Pkf Attest, «tanto en la pieza de calificación como en cuantos procedimientos resulten procedentes».
