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Correos amenaza ruina con una posible condena de 300 millones por Unipost
El juicio por las prácticas anticompetitivas del operador público queda visto para sentencia a falta de una prueba final
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Presidente de Correos, Pedro Saura. EFE/Kiko Huesca
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El largo camino judicial del operador postal Unipost, o lo que queda de él, contra Correos ya llega a su fin. La empresa de una rama de la familia Raventós, conocida también por su implicación en el referéndum ilegal sobre la autodeterminación de Cataluña, ya hace años que no existe, aunque una demanda presentada en el 2020 por su liquidador puede hacer justicia y, de paso, alimentar el pozo sin fondo de la empresa pública, una verdadera máquina de perder dinero. Este frente se produce semanas después de que Correos haya registrado unas pérdidas de 217 millones en 2022.
Efectivamente en junio del 2020, Unipost demandó a Correos por las prácticas anticompetitivas que sufrió durante años de penurias y que le llevaron a la quiebra. El juicio arrancó en el 2021 y ha sido tremendamente complejo, pero acaba de concluir. El pasado lunes, las dos partes se vieron las caras por última vez en la sala de vistas de los juzgados mercantiles de Barcelona para exponer al juez, Raúl García Orejudo, sus conclusiones y defender sus posturas respectivas antes de que haya sentencia.
El operador postal catalán, de la mano de su primer administrador concursal, Agustí Bou, demandó a la empresa controlada por la SEPI por haberla expulsado del mercado ilícitamente y haberla llevado a la quiebra. Como no había dinero y Unipost debía más de 100 millones de euros a sus acreedores, Bou logró que Ramco-Taconic, fondo de financiación de litigios, le costeara el procedimiento a cambio de un porcentaje muy relevante del éxito judicial. A esta demanda se sumó después Augusta Abogados, en defensa de los intereses de los Raventós y el antiguo consejo de Unipost.
Unipost reclama algo más de 300 millones por el presunto abuso de posición dominante de Correos que, aprovechándose de las ingentes ayudas públicas que consume cada año, practicó una política de precios predatorios con las que hizo la vida imposible a su competidor. Hasta que lo expulsó del mercado.
La compañía en liquidación, defendida por el abogado Juan Piqueras y el despacho Gómez Acebo & Pombo, sostiene que Correos se aprovechó de las ayudas públicas ilegales por las que fue condenada por la Comisión Europea para infringir normas que comportan un abuso de su posición de dominio y a aplicar precios predatorios. Presuntamente, masacró a Unipost vendiendo sus servicios a un precio fuera de mercado gracias a las ayudas públicas. Eso, según la demanda, produjo un perjuicio continuado a Unipost durante años y acabó provocando su quiebra y desaparición.
En la vista del pasado lunes, Unipost se ratificó en la demanda. Para alcanzar los 300 millones de resarcimiento de daños, Unipost invoca el lucro cesante, que comprende el dinero que dejó de ganar por culpa de no poder vender sus servicios a un precio adecuado a causa de Correos; el daño emergente, basado en lo que habría valido Unipost en el momento de la liquidación si el mercado postal hubiera funcionado con normalidad y no alterado por Correos; y diversos intereses.
En el último momento, el juez mercantil aceptó una diligencia o prueba adicional que se practicará de inmediato consistente en la petición de cierta información de precios de Correos a varios de sus clientes. Esta solicitud de última hora se deriva del examen del expediente sancionador a Correos de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que se ha examinado con carácter reservado en el juicio. En principio, esta prueba final se ejecutará con bastante diligencia y, previsiblemente, el juez emitirá sentencia antes del verano.
El expediente Unipost no llega en un buen momento para Correos, que acaba de realizar el relevo en la presidencia, ocupada desde hace unas semanas por Pedro Saura, sustituto del cesado Juan Carlos Serrano. Saura ha cesado esta misma semana a Julio González, secretario general y responsable del área jurídica, como informó ayer Vozpópuli. Entre los asistentes a la vista del pasado lunes causó sorpresa que Ferrer no acudiera. La realidad es que apuraba sus últimas horas en la empresa.
Correos, asesorada en este procedimiento por el despacho Garrigues, deberá valorar si busca un pacto ahora, antes de una posible condena, o después de la sentencia, en ese caso en una posición de mayor debilidad. La decisión no es sencilla, como tantas otras que deberá tomar a partir de ahora Pedro Saura.
