La Generalitat aleja una demanda de 432 millones tras la derrota de Florentino Pérez en el Supremo

El varapalo del Tribunal Supremo a ACS, que ha rechazado la demanda presentada por una filial del grupo presidido por Florentino Pérez al Estado, en la que reclamaba 4.000 millones de euros por la AP-7, refuerza la posición de la Generalitat frente a otra demanda similar presentada por la multinacional española contra el Gobierno catalán, de 432 millones de euros.

Invicat, filial de Abertis, en la que participa ACS, firmó en 2010 un acuerdo con la Generalitat de Catalunya estableciendo las condiciones de modificaciones del tramo de ampliación de la autopista C-32.

El convenio establecía las condiciones generales de adecuación y modificaciones del tramo de ampliación de la autopista C-32 entre Palafolls y la conexión con la carretera GI-600, junto con otras mejoras viarias y de gestión de la movilidad, vinculadas a la autopista y a su funcionalidad en el corredor del Maresme.

Imagen de archivo de peaje en la AP-7.

También se incluyeron en el convenio fórmulas para calcular anualmente el saldo de liquidación, que estaría compuesto por la inversión realizada, el diferencial del margen de explotación y su correspondiente actualización financiera.

Cuando finalizó la concesión administrativa, en agosto de 2021, la compañía envió la liquidación definitiva del saldo derivado del convenio con la Generalitat, por importe total de 432 millones de euros.

La Generalitat ha abonado a Invicat 94 millones, frente a los 432 millones requeridos por la filial de Abertis

El 21 de diciembre de 2021, la Generalitat abonó a Invicat 65,8 millones de euros, a pesar de las alegaciones formuladas por la compañía. En enero de 2022, el Gobierno catalán abonó a la filial de Abertis un importe de 94,1 millones.

La compañía interpuso entonces recurso judicial contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, contra la desestimación por silencio administrativo del monto de saldo reclamado.

Abertis indica en sus cuentas de 2022, consultadas por este diario, que en diciembre de ese año presentó escrito de demanda, estando el proceso pendiente de resolución por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, prevista para este año.

Las diferentes valoraciones que hacen la Generalitat y la filial de Abertis proceden de los trabajos de mejora realizados en la C-32, por los que la compañía reclama 432 millones, y diferentes estimaciones de tráfico, mientras que el Gobierno catalán solo contempla el pago de 65,7 millones.

Ante la negativa de la Generalitat de atender la reclamación de los 432 millones de euros, Invicat contabilizó en sus cuentas de 2022 una provisión de 210 millones de euros en relación con el saldo de compensación por razón del diferencial de márgenes de explotación, y de 59 millones por la correspondiente actualización financiera registrada.

El caso guarda similitudes con la reciente decisión del Supremo de rechazar la reclamación de 4.000 millones de Abertis al Estado.

El Tribunal no ha atendido a las interpretaciones que Acesa, la filial de Abertis a cargo de las obras de la AP-7, ha realizado sobre los pactos y estipulaciones del convenio que firmó con la Administración General del Estado en 2006.

En el caso de la AP-7, Acesa reclamaba al Estado más de 4.000 millones de euros, considerando que el pacto garantizaba a la concesionaria un tráfico determinado, con unas previsiones que nunca llegaron a cumplirse.

El rechazo del Supremo a las pretensiones de Acesa impactaron el lunes sobre el valor en Bolsa de ACS. La multinacional española sufrió una de las mayores caídas registradas en una sola sesión en la última década, perdiendo el 9,9% de su valor de mercado.