El Gobierno amaga con hacer permanente el impuesto a la banca para contentar a Bildu  

El Congreso ha dado luz verde a los impuestos más criticados del año, el de la banca y las energéticas, con los que el Gobierno pretende recaudar en dos años unos 7.000 millones de euros. A priori y según anunció el presidente Pedro Sánchez en julio, ambos tienen carácter temporal, pero la Proposición de Ley aprobada este jueves ya incluye que puedan ser permanentes.  

Esta novedad se ha introducido a través de una enmienda transaccional pactada entre el grupo Socialista y el de Unidas Podemos con Bildu y ha sido apoyada también por Esquerra Republicana en la comisión de Asuntos Económicos del 17 de noviembre. 

Según explica la norma, el Gobierno va a hacer un seguimiento del impuesto a la banca cada año atendiendo a las recomendaciones del Banco Central Europeo y considerando cómo han evolucionado los tipos de interés y las comisiones. También tendrá en cuenta la acumulación de tributos, pues el sector paga un elevado Impuesto sobre Sociedades. Y, en base a este estudio, decidirá en el último trimestre de 2024 si adquiere carácter permanente. 

Mismo caso que en las energéticas, donde el Gobierno también evaluará la situación de los sectores afectados, la evolución de los precios de los productos energéticos y el efecto acumulativo del gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades para decidir si lo hace permanente dentro de dos años. 

Así lo establecen los artículos uno y dos de la Proposición de Ley aprobada el jueves en el Congreso, que ahora debe contar también con el visto bueno del Senado para que pueda entrar en vigor el 1 de enero conforme a los planes del Gobierno.  

El diputado de Bildu Oskar Matute celebró el acuerdo y dio por hecho que el estudio que va a hacer el Gobierno «tendrá que concluir» que los nuevos impuestos «tienen que ser permanentes y no coyunturales». Fue hace solo unos días cuando Pedro Sánchez cambiaba de discurso y abría la puerta a hacer permanentes ambos impuestos.

«En principio es temporal, pero tendremos que ir viendo a lo largo de los próximos meses y los próximos años cómo se va desarrollando», declaraba en una entrevista en LaSexta. También lo dejó caer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recientemente cuando declaró que el Ejecutivo iba a evaluar «el rendimiento» de esta figura fiscal dentro de dos años para decidir si lo hace permanente.

Unas afirmaciones que contrastan con los anuncios de hace cuatro meses, cuando todos los miembros del Gobierno -incluida la vicepresidenta Nadia Calviño, que se reunió expresamente con el sector financiero- insistieron en que el impuesto sería temporal y se debía a una situación anómala y extraordinaria que daba origen al tributo. 

Dicha situación es la guerra de Ucrania, que ha disparado los precios y ha llevado a España a una tasa de inflación histórica. El Gobierno cree que hay dos sectores beneficiados de esta situación, el energético por la subida del precio de la energía y el financiero, por la subida de tipos de interés.  

El FMI, el BCE y la Comisión Europea alertan de los riesgos

Asumiendo que los dos sectores obtendrán este año resultados «caídos del cielo», el Gobierno anunciaba este verano el nuevo gravamen, que desde entonces ha despertado una oleada de críticas no solo por parte de las empresas afectadas, también de diversas instituciones, supervisores y reguladores, que han advertido de sus riesgos.  

El Fondo Monetario Internacional ha pedido estrictamente que ambos impuestos sean temporales y la patronal europea BusinessEurope, que representa a la de los empresarios españoles CEOE, ha alertado de que estos impuestos impiden la recuperación económica. 

Más contundente fue el dictamen del Banco Central Europeo – al que el Gobierno incluso hace referencia en la ley- donde se cuestionaba y rechazaba la utilidad del tributo a la banca y que vayan a tener beneficios extraordinarios por la subida de tipos. 

La Comisión Europea también se ha pronunciado en su informe de supervisión, donde advierte del impacto en los beneficios y la generación orgánica de capital que puede tener para la banca el nuevo gravamen. 

Pese a las advertencias, el Gobierno no solo ha seguido adelante con ellos, sino que ahora abre la puerta a hacerlos permanentes. Todo dependerá de si los miembros del Ejecutivo han cambiado dentro de dos años, pues en 2023 se celebran elecciones generales.  

El impuestazo, de 7.000 millones, será asumido principalmente por Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol, en el sector energético y Caixabank, Santantander, BBVA y Sabadell en el financiero.