Hacienda halla una vía para fiscalizar las socimis: reclama 8 millones a Castellana Properties
La socimi recurrirá la propuesta de regularización de Hacienda al considerar que aplicó correctamente el régimen fiscal
De I a D: Alfonso Brunet, CEO de Castellana Properties; y Arcadi España, ministro de Hacienda. Foto: Montaje realizado por Economía Digital.
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Hacienda ha abierto un nuevo frente contra las socimis. Castellana Properties, una de las principales sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria especializadas en centros comerciales de España, ha recibido una propuesta de liquidación tributaria por aproximadamente ocho millones de euros correspondiente a los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
El importe incluye tanto cuotas tributarias adicionales como intereses de demora y se refiere a la aplicación del denominado gravamen especial de las socimis y a las retenciones asociadas.
Aunque la compañía asegura que dispone de sólidos argumentos jurídicos para impugnar la reclamación y considera remota la posibilidad de que finalmente tenga que asumir el pago, el caso revela una estrategia de control que podría tener implicaciones para el conjunto del sector inmobiliario cotizado.
El origen del caso se encuentra en una figura específica del régimen fiscal de las socimis. Estas sociedades disfrutan de un tipo del 0% en el Impuesto sobre Sociedades siempre que cumplan determinados requisitos, entre ellos la distribución obligatoria de dividendos.
Sin embargo, la normativa contempla un gravamen especial del 19% sobre determinados dividendos cuando estos terminan en accionistas que tributan por debajo de un umbral mínimo y cuya participación supera ciertos límites establecidos por la ley.
Según explica Castellana Properties, Hacienda considera que dicho gravamen debería haberse aplicado sobre una parte de los dividendos repartidos durante el periodo inspeccionado atribuible a accionistas de Vukile Property Fund con una participación inferior al 5%.
Desde Castellana restan dramatismo al procedimiento. A preguntas de este medio, la compañía señala que la regularización planteada por Hacienda responde a una discrepancia interpretativa sobre la aplicación del régimen SOCIMI y defiende que su actuación se ajustó a la normativa vigente.
«La propia Agencia Tributaria ha reconocido que se trataba de una interpretación razonable de la ley», destacan fuentes de la empresa, que recuerdan además que cuentan con informes jurídicos externos que respaldan su posición.
La socimi sostiene que ha obtenido dos opiniones legales independientes emitidas por asesores fiscales españoles que concluyen que las propuestas de liquidación son incompatibles con la propia redacción de la normativa que regula las socimis.
Además, recuerda que su criterio se apoyaba en consultas vinculantes emitidas con anterioridad por la Dirección General de Tributos.
Por ello, el consejo de administración considera que las probabilidades de éxito en un eventual recurso son elevadas y ha decidido impugnar formalmente las liquidaciones por la vía administrativa y, en su caso, judicial.
Más allá del resultado concreto del litigio, el expediente pone de manifiesto el creciente escrutinio sobre las socimis en un contexto de presión política sobre los beneficios fiscales asociados al sector inmobiliario.
Durante los últimos años, el régimen de las socimis ha sido objeto de numerosas críticas por parte de distintos grupos políticos como el PSOE, Sumar o Podemos, que han cuestionado las ventajas fiscales de estas compañías.
La reclamación a Castellana se produce después de varios intentos del Gobierno de endurecer la fiscalidad de las socimis. Durante la negociación de la reforma fiscal de 2024, PSOE y Sumar llegaron a plantear cambios en el régimen especial de estas sociedades, mientras desde sectores del Ejecutivo y sus socios parlamentarios se cuestionaba abiertamente un modelo que permite a estas compañías tributar al 0% bajo determinadas condiciones.
La actuación de Hacienda contra Castellana podría interpretarse como un intento de ampliar el alcance de esas medidas.
Expertos del sector consultados en anteriores debates sobre esta materia han señalado que la seguridad jurídica constituye uno de los elementos esenciales para el atractivo del régimen socimi.
Hacienda ataca al régimen socimi
Si la interpretación de Hacienda terminara siendo avalada por los tribunales, otras socimis con estructuras accionariales similares podrían verse obligadas a revisar determinados aspectos de su política fiscal y de distribución de dividendos.
Por el contrario, si los recursos de Castellana prosperan y los órganos administrativos o judiciales respaldan el criterio defendido por la compañía, el caso serviría para reforzar la seguridad jurídica del régimen y limitar el margen de actuación de la Administración en futuras inspecciones similares.
Más allá de los ocho millones reclamados a Castellana, el caso se produce en un momento especialmente sensible para las socimis. Tras los cambios fiscales impulsados por el Gobierno en los últimos años, cualquier reinterpretación de las obligaciones tributarias de estas compañías es observada con atención por un sector que teme una erosión progresiva de la seguridad jurídica que ha sustentado su crecimiento desde su llegada.
