Las socimis esquivan la reforma fiscal del Gobierno: reparten la totalidad de sus beneficios
El Gobierno endurece la fiscalidad de las socimis residenciales, pero el sector asegura que la medida es inocua y carece de apoyos para salir adelante
Montaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ante unas grúas. ECONOMÍA DIGITAL
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El plan del Gobierno para endurecer la fiscalidad de las socimis ha sido recibido con escepticismo en el mercado. Las sociedades afectadas, lejos de alarmarse, aseguran que el nuevo impuesto tendrá un impacto prácticamente nulo. «Repartimos entre el 90% y el 100% del beneficio cada año. Esta medida no cambia nada«, afirman desde una de las principales socimis en España en conversaciones con ECONOMÍA DIGITAL.
La propuesta del Ejecutivo plantea elevar del 15% al 25% el impuesto sobre los beneficios no distribuidos por estas sociedades, pero con una aplicación limitada: sólo afectará a aquellas cuyo patrimonio esté centrado en viviendas en alquiler, excluyendo oficinas, logística o centros comerciales.
«La razón de ser de una socimi es repartir dividendo. El inversor entra buscando rentabilidad inmediata, y nosotros lo entregamos todo«, explican a este diario. Desde distintas compañías coinciden en que el reparto de beneficios se sitúa habitualmente muy por encima del mínimo legal del 80%, en muchos casos llegando al 100%.
Además, el recorrido político de la medida también genera dudas. Fuentes del mercado aseguran que ni el PNV ni Junts, dos socios clave del Gobierno en el Congreso, estarían dispuestos a respaldar la reforma en su redacción actual. «No vemos que esta propuesta tenga apoyo suficiente para salir adelante. Es más ruido que otra cosa», señalan.
La propuesta del Gobierno incluye además deducciones fiscales si los activos se destinan a alquiler asequible. Las bonificaciones van desde un 50% hasta el 100% si se cumplen ciertos requisitos, como destinar más del 60% de la cartera a viviendas asequibles y reinvertir el beneficio en ese tipo de inmuebles.
Además, la propia ley contempla una disposición transitoria que permite aplicar de forma progresiva los requisitos para acogerse a las bonificaciones fiscales.
En 2025 bastará con que el 20% del parque de viviendas esté destinado a alquiler asequible para acceder a las reducciones del gravamen especial; en 2026 se exigirá el 35%, y no será hasta 2027 cuando entre plenamente en vigor el umbral del 60% previsto en la norma.
Este calendario escalonado busca facilitar la adaptación del sector a las nuevas exigencias y ampliar el margen de tiempo para que las socimis puedan reorientar parte de su cartera hacia este tipo de activos, si así lo desean.
Desde el sector se interpreta esta reforma más como un gesto político que como una herramienta fiscal efectiva. «No va a cambiar el comportamiento de las socimis, no va a aumentar la recaudación y, salvo sorpresa, ni siquiera va a aprobarse tal como está», resumen.
Palos de ciego contra las socimis
El rumbo del Gobierno respecto a la fiscalidad de las socimis ha sido errático desde el anuncio de las medidas de Pedro Sánchez el pasado enero. Cuando el presidente advirtió de su intención de suprimir el régimen fiscal especial de estas sociedades, apuntó sin matices a todo el sector, incluyendo a aquellas centradas en activos como oficinas, centros comerciales, hoteles o plataformas logísticas.
La amenaza generó una fuerte reacción en el mercado. Incluso, algunas como Merlin, llegaron a plantearse cambiar la ubicación de su sede para poder seguir repartiendo beneficios, la principal razón de la existencia de las socimis.
Sin embargo, el Ejecutivo ha ido rebajando sus pretensiones y ajustando el tiro a medida que avanzaba el año, hasta limitar el alcance de la medida a las socimis con patrimonio mayoritariamente residencial.
