Iberdrola aborta la rebelión municipal por la luz tras desmentir al alcalde que la impulsó

El alcalde del municipio madrileño de Batres, Víctor Manuel López quiso hacerse el héroe frente a sus vecinos, pero le ha salido mal. El primer edil de esta pequeña localidad de tan solo 1.700 habitantes anunció que iba a suspender los pagos a Iberdrola, compañía eléctrica que suministra la energía al Ayuntamiento, por el «abuso» en los precios de la electricidad. La empresa, sorprendida, no ha tardado en responder.

La firma que dirige José Ignacio Sánchez Galán ha mostrado su asombro ante esta rebeldía del alcalde batreño. A través de un comunicado ha informado que la tarifa eléctrica de su consistorio «no está sujeta a la volatilidad diaria y su precio es tres veces menor que el que cotiza el mercado hoy».

Y es que el municipio dispone de una tarifa fija que tiene su origen en un acuerdo que tienen más de 1.100 municipios con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) e Iberdrola, por la que paga hasta tres veces menos de lo que cuesta actualmente la electricidad. Es decir, el Ayuntamiento de Batres abona la factura de la luz prácticamente al mismo precio que el año pasado.

Deuda de 50.000 euros con Iberdrola

Pero además, a raíz de la protesta del alcalde, Iberdrola ha aprovechado para recordar al municipio que mantiene una deuda con la compañía que asciende hasta los 50.000 euros. Y estas declaraciones de la eléctrica han hecho que López diera un paso atrás.

Después de haber realizado un llamamiento a la ciudadanía a dejar de pagar la luz porque así «la presión sería total para las eléctricas»; de haber recordado que estas compañías no podían interrumpir el suministro a las administraciones públicas sin mediar previamente una sentencia judicial y de haber asegurado que mantendría el impago hasta que los precios no volvieran a una situación de normalidad, se ha visto obligado a recular.

De hecho, tras anunciar la nueva decisión, ha pedido disculpas por «su falta de conocimiento» ya que lleva en el cargo menos de un año, desde octubre de 2020, y el acuerdo con Iberdrola se firmó pocos meses antes de que él llegara, en marzo.

No obstante, ha querido dejar constancia de su queja sobre «los perjuicios que la continuada especulación de precios de las compañías eléctricas están causando a la sociedad española y en especial a las economías más humildes«.

Así, ha instado a todos los responsables de las administraciones públicas a que tomen medidas «urgentes e inmediatas para presionar a estas empresas para detener ya este desenfreno de precios inmoral, especulativo e insolidario con una sociedad que viene sufriendo crisis económicas reiteradas desde el año 2007».