Iberdrola y Endesa pelearán para que la subida de la tasa de residuos nucleares sea menor que la anunciada por Ribera

La vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera ha anunciado que la denominada ‘tasa Enresa’ tendrá un alza del 30%. Se trata de una rebaja importante con respecto al 40% inicial, pero es una cifra que no agrada a Iberdrola y Endesa, principales propietarios de las centrales nucleares españolas.

La ministra para la Transición Ecológica ha anunciado este martes que su departamento ya ha sacado a consulta pública el Real Decreto de modificación de la ‘tasa Enresa’, que recoge un precio de 10,32 MWh, un incremento del 30% respecto a la tarifa actual que tienen que abonar las eléctricas titulares de las centrales nucleares a la empresa pública para la gestión de residuos.

La anterior propuesta era de 11,14 MWh (subida del 40%). Esta situación, junto al propio Plan de Residuos fue recurrido por Foro Nuclear de manera compartida con los titulares de las centrales. Pero la situación no ha acabado aquí, y este recorte sigue sin convencer.

Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, las compañías propietarias pelearán para esta subida sea inferior al 30%, y esté más cerca del 20% que se ejecutó hace ya cuatro años tras la negociación sobre la vida útil de las centrales.

Por el momento no se conocen las vías administrativas que llevarán para formalizar su disconformidad —o qué estrategia de relaciones públicas se aplicarán—, pero las dueñas de las centrales (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) intentarán que la subida no sea del 30%.

Una situación tensa

Foro Nuclear, la patronal que aglutina los intereses de las dueñas de las centrales, tiene interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el ‘VII Plan General de Residuos Radiactivos’ (PGRR) y otro contra el abandono del Almacén Temporal Centralizado (ATC). Acciones que van en paralelo con el propio cobro de la ‘tasa Enresa’.

Sobre esta tasa, fuentes del sector señalan que esta rebaja anunciada por la ministra se trata de un ajuste inflacionario, como la propia Ribera ha señalado, y que por tanto no supone una rebaja real con respecto a la subida del 40% que estaba prevista en el anterior Real Decreto.

Cierra de las centrales

La ministra Ribera ha aprovechado el contexto del anuncio para recodar que «es un muy buen calendario [de cierre] para España, para los españoles, para los propietarios de las centrales, para el sistema eléctrico y para los enormes profesionales del sector nuclear en España».

Preguntada sobre si en 2035 no habrá centrales nucleares en España, la ministra ha recalcado que esa es su «impresión». Un matiz muy importante porque el cierre previsto no está secundado por ninguna formulación legal, sino que se trata de un acuerdo de entendimiento entre las partes.

Iberdrola y Endesa, principales accionistas del parque nuclear español, llevan meses sin tener una postura clara sobre la petición de alargar la vida útil de las centrales, y no quieren responder con contundencia. Asumen que solo sería posible si existe una rentabilidad, pero no aclaran más sobre esa postura.