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PwC pide el archivo a su favor del caso Popular para que no ocurra como «en el asunto Bankia»
La auditora recurrió el pasado viernes el auto del magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el que acusa a PwC de encubrir las cuentas falsas del Popular en la ampliación de capital de 2016
Oficina de PwC. EFE
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PricewaterhouseCoopers (PwC) ha recurrido el Auto del Juez por el que la pasada semana la consultora ha quedado a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de la ampliación de capital de 2016 de Banco Popular. En su escrito, al que ha tenido acceso este diario, advierte que no quiere que suceda en este asunto lo mismo que ya ocurrió con Bankia.
La Big Four considera que el Auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, publicado el pasado 4 de marzo, carece de argumentos por los que deba ser responsable penal.
Además de rebatir los argumentos del magistrado, PwC advierte que las acusaciones «no han hecho el más mínimo esfuerzo por acreditar indiciariamente» los delitos que achaca a los dos empleados de la auditora llamados a juicio.
La consultora internacional cree que la acusación de Calama «ha de estar fundamentada en la existencia de indicios racionales de criminalidad». A lo largo del recurso, PwC defiende que en 2016 contaba con «un Modelo de Cumplimiento Normativo idóneo para prevenir fraudes».
La auditora remarca que durante ese ejercicio tenía diversas herramientas destinadas a evitar cualquier eventualidad contable adversa, como un «Protocolo de Prevención y Protección de Delitos; Protocolo para la tramitación de la denuncias, quejas y reclamaciones formuladas tanto por empleados y directivos de PwC como por terceros a través del Canal de Denuncias; o las actas de las reuniones celebradas en 2016 por el Órgano Responsable de Cumplimiento Penal», entre otros.
PwC no quiere ser Deloitte en el Caso Bankia
PwC utiliza diversos ejemplos empresariales para cimentar su defensa contra la acusación de Calama y requiere que no ocurra lo mismo que en el «asunto de Bankia«.
«Como así se ha acreditado por PwC en fase de instrucción, lo elementos tenidos en cuenta en estas resoluciones para justificar el sobreseimiento a favor de las sociedades mercantiles que se encontraban investigadas concurre en el supuesto que nos ocupa, por lo que la finalización favorable del proceso, en lo que a la auditora se refiere, no puede ni debe posponerse en ulteriores fases, como ocurrió, por ejemplo, en el asunto Bankia«, indica la firma en el recurso.
La compañía presidida en España por Gonzalo Sánchez cree que Calama debe archivar a su favor el caso del Popular y requiere al magistrado que no postergue la absolución como ocurrió con Deloitte en «el asunto de Bankia».
PwC recuerda el caso de la investigación de la salida a Bolsa del banco madrileño, en el que la Justicia incluyó a Deloitte, auditora de Bankia, durante los ochos años que duró la instrucción. Finalmente, los 34 acusados por el caso Bankia, entre ellos a Francisco Celma, el auditor de Deloitte que firmó las cuentas de la entidad, fueron absueltos.
La auditora usa otros casos para defenderse
La auditora también ha cimentado su defensa haciendo uso de las resoluciones judiciales de otros casos de empresas españolas, como el de Repsol y CaixaBank con el caso Villarejo, o el de Indra y Púnica.
En el caso del banco español, PwC recuerda que la justicia española «acordó el sobreseimiento libre y archivo de la causa a favor» de la entidad. La auditora remarca en su recurso que la sentencia probó que Caixabank «adoleciera de un defecto estructural en los mecanismos de prevención del delito de blanqueo de capitales (..)».
Con el caso Púnica e Indra, PwC recuerda que, entre otros puntos, «para eximir de responsabilidad a la persona jurídica bastará con que pueda concluirse que el programa de cumplimiento era, desde una perspectiva ex ante, razonablemente idóneo para reducir la probabilidad de comisión de hechos delictivos en su seno (…)».
PwC considera en el recurso que estos dos casos refuerzan su hipotética absolución del caso de Banco Popular. La auditora remarca que su Modelo de Cumplimiento Normativo se aplicó correctamente, además de que contaban con diversas herramientas para detectar y evitar un fraude contable o una potencial estafa a los inversores.
El Caso Pescanova, otro ejemplo
La sociedad también incluye en el recurso casos empresariales con resoluciones desfavorables para la empresa para argumentar su defensa. PwC pone como ejemplo «el asunto Pescanova» en el que sí se apreció un «delito de fraude de inversores«.
PwC indica que, en ese caso, la sociedad se benefició económicamente del engaño deliberado a los inversores. «Lo cierto es que Manuel Fernández de Sousa-Faro procedió a falsear dolosamente la información económico-financiera en los documentos que la sociedad debía publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores (…)», incluye PwC en el recurso.
La auditora añade otra parte de la sentencia en la que se concluye que el engaño tuvo «el propósito de captar inversores y obtener así financiación suficiente para continuar con el desarrollo de la empresa (…)», lo que presupone que Pescanova sí que obtuvo un beneficio por la falsedad contable.
PwC menciona este caso para contraponerlo con las acusaciones de Calama, quien asegura en el auto del pasado 4 de marzo que la compañía encubrió la falsedad de las cuentas del Popular en la ampliación de 2016 con el objetivo de mantener un cliente y obtener una ventaja empresarial.
La auditora no ha tardado ni una semana en presentar su recurso por el Auto del magistrado de la Audiencia Nacional. Por lo pronto, dos empleados de la sociedad se sentarán en el banquillo por el caso de Banco Popular a no ser que se produzca un giro en el guión.
