La OPA de Agbar se retrasa por discrepancias sobre el valor de la compañía

La OPA de exclusión lanzada sobre el capital minoritario de Aguas de Barcelona no va al ritmo previsto. El 12 de febrero, Aguas de Barcelona, la empresa de distribución y tratamiento de aguas fundada en el siglo XIX, solicitó formalmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la autorización a su oferta de exclusión en Bolsa. El precio ofertado a los accionistas minoritarios es de 20 euros por acción. A pesar de que la la ley fija un plazo de 20 días hábiles, para darle el visto bueno, lo que ponía el límite en el 12 de marzo, aún no hay respuesta de la CNMV. Al parecer, según publicaCapital Madrid, existe un problema respecto a la valoración de las acciones.

Efectivamente, el regulador bursátil ha dejado pasar más de un mes si dar el permiso para lanzar la OPA de exclusión ni dar una respuesta a la solicitud de la empresa. Esta indefinición se justifica porqué ha reclamado a los gestores de la compañía catalana, que pasará a ser de propiedad francesa tras la OPA, más concreción y explicaciones sobre la oferta, motivo por el cual  la ley permite extender prorrogar los plazos.

La clave del asunto está en el precio, criticado por los accionistas minoritarios de la compañía, que lo reclamaron en la junta de accionistas que se celebró el 12 de enero en Barcelona con serias quejas respecto a la contraprestación ofrecida.

Mientras que la en OPA no se determina por ley unas condiciones sobre el precio a ofrecer, que es libre, en la oferta de exclusión el regulador estipula las fórmulas por las que se debe establecer un precio «mínimo». Los 20 euros que ofrece Agbar a sus socios minoritarios, un 10% del capital, encajarían con esas disposiciones, y los bancos de inversión Citi y JP Morgan lo justifican con sus valoraciones.  Sin embargo, en esta operación confluyen otros factores que han obligado al regulador a intervenir.

Es cierto que Junta de Accionistas aprobó la oferta con el precio de 20 euros con el apoyo del 91,75% de los votos, pero ello no dice nada ya que Criteria y Suez, con el 90% y beneficiarios de esta opa estaban presentes.  En este sentido, el grupo financiero de La Caixa y la multinacional francesa de servicios medio ambientales ya habían decidido antes de la oferta repartirse los negocios de Aguas de Barcelona a precios pactados. Criteria se quedará con la aseguradora Adeslas y Suez controlará el 80% de Aguas, dejando el resto a Criteria porque de otra forma difícilmente hubieran conseguido el plácet de la Generalitat.

El hecho de que unos socios, los accionistas mayoritarios, consigan un beneficio superior al resto (reparto consensuado de los activos sin trabas de otros socios), es difícilmente justificable, más allá de la aritmética. A lo se suma otro factor de gran importancia, y es que Aguas de Barcelona había realizado dos opas anteriormente a precios superiores a los de esta última oferta.

En una de esta opas anteriores, las ofertas vinieron del holding Hisusa, el formado por los beneficiarios actuales, Criteria y Suez, con el objetivo de alcanzar el control efectivo de la sociedad, en la que tenían oficialmente el 49%. En abril del año pasado anunciaron una oferta a 27 euros, y con posterioridad, en octubre elevaron el precio hasta 27,65 euros. En aquel momento, el consejo de Agbar lo consideró «ajustado». Este precio supera contando la inflación en un 48% el de ahora.

Cuando se produjeron aquellas opas había dos importantes accionistas en la empresa, que aunque no mantenían ningún pacto parasocial con La Caixa, sí que garantizaban la españolidad del capital. Eran dos de los hombres más ricos de España, Amancio Ortega, fundador y dueño de Inditex, y Juan Abelló. Ambos compraron el paquete del 11,64% que había vendido Endesa. Además, el heredero de la dinastía de farmacéuticos, entró en el consejo de Aguas.

La empresa catalana, fundada con capital extranjero a finales del siglo XIX, volverá a manos francesas 120 años después y la CNMV vela para que se pague lo que mandan los cánones. Aguas de Barcelona ha informado a Capital Madrid que entiende que «ha contestado satisfactoriamente» a todos los requerimientos del regulador. La CNMV nunca informa sobre estos asuntos. Es el consejo de administración de la institución quien debe autorizar la operación o condicionarla a un aumento del precio. Mientras, los minoritarios reclaman por lo menos el dividendo del ejercicio pasado.