QBE, aseguradora de Adif y Renfe, afronta el accidente de Urda tras desembolsar 43 millones por Angrois y Adamuz

Los tres grandes accidentes ferroviarios acaecidos en España en las últimas dos décadas han tenido como involuntaria protagonista a una aseguradora australiana, que en medio de juicios y disputas por el pago de indemnizaciones, ha mantenido sus contratos con Renfe y Adif a lo largo de los años. QBE, cuya sucursal en España está dirigida por Mario Díaz-Guardamino, era la aseguradora de Renfe Operadora cuando el Alvia descarriló en la curva de A Grandeira el 24 de julio de 2013, muy cerca de Santiago. El siniestro provocó la muerte de 80 personas y precedió a los sucedidos este año en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que forzaron la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciada este mismo martes en el Congreso de los Diputados pasadas las nueve de la noche.

También en estos dos accidentes de la alta velocidad española está QBE como aseguradora. Y por partida doble, ya que cubre la responsabilidad civil de Renfe y de Adif. El grupo con sede en Sídney firmó con el gestor de la infraestructura ferroviaria después de Angrois, cuando venció la póliza que mantenía la entidad pública con la alemana Allianz. A diferencia de la multinacional germana, QBE, que abrió su sucursal en España en 2007 y que asegura al 60% de las empresas del Ibex, amplió su relación con la red ferroviaria española después del accidente de Santiago, lo que la llevó a lidiar con otros dos siniestros más. El contrato con Adif establece una indemnización máxima de 50 millones por accidente y se suscribió con una prima de 1,94 millones; mientras que la responsabilidad civil de Renfe llevó aparejada una prima de 2,6 millones.

El grupo australiano opera en 26 países y tiene más de 13.000 empleados. El año pasado, según sus cuentas anuales, logró unos ingresos 11.140 millones de euros y generó unos beneficios de 1.320 millones, un 20% más que el ejercicio anterior. Como sucede a menudo con las aseguradoras, QBE está acostumbrándose a lidiar con trágicos sucesos en el Estado español, pues una de sus filiales, la británica British Marine, es la aseguradora de Pesquerías Nores, la empresa propietaria del pesquero Villa de Pitanxo que se hundió en las aguas de Terranova, en Canadá, acabando con la vida de 21 de las 24 personas que viajaban a bordo.

Una batalla con Allianz por Angrois

Adamuz y Urda cogieron a QBE con la carpeta del accidente de Angrois todavía entreabierta. No fue hasta el pasado septiembre, 13 años después del descarrilamiento, cuando el Tribunal de Instancia de Santiago ordenó a la aseguradora abonar en el plazo de un mes las indemnizaciones que quedaran pendientes a los familiares de los fallecidos y a los heridos del Alvia. Los australianos fueron aparentemente diligentes, pues años antes de la orden judicial informaron en un escrito al juzgado de instrucción que habían consignado 23 millones para las víctimas del accidente. La factura final fue algo más baja, de 22 millones.

QBE no supo que tenía que afrontarla en su totalidad hasta el pasado enero, cuando la Audiencia Provincial de A Coruña concluyó que no podía atribuirse responsabilidad penal al que fue director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por los resultados lesivos y mortales del accidente. La sentencia liberó a Allianz de abonar su parte de las indemnizaciones, que recayeron sobre la compañía australiana por la responsabilidad civil de Renfe y del maquinista, Francisco José Garzón, el único condenado en el accidente.

Durante el juicio, QBE presentó a dos peritos que trataron de demostrar la inseguridad de la curva de A Grandeira así como la información «parcial» e «incompleta» del certificado de seguridad para la puesta en servicio de la línea firmado por Cortabitarte. En la pugna con Allianz salió vencedora la multinacional alemana, a quien QBE sustituyó como tomadora de la responsabilidad civil de Adif tras el accidente de Angrois.

Adamuz: otros 21 millones

El choque entre un Iryo y un Alvia de Renfe en Adamuz, con 46 personas fallecidas, provocó que la aseguradora australiana decidiera consignar otros 21 millones para eventuales indemnizaciones. Estos fondos están ya reservados, aunque será el curso de la investigación lo que defina si le corresponde o no abonarlos. De entrada, QBE procedió a entregar 25.000 euros en pagos inmediatos por cada fallecido, además de 5.000 euros para los viajeros que llevaban más de ocho días hospitalizados, según avanzó El Periódico.

Tras el accidente, la aseguradora emitió un comunicado en esta línea: «desde QBE Iberia confirmamos que hemos realizado el pago en el Juzgado de las cantidades iniciales a favor de los afectados en el accidente ferroviario de Adamuz. Aunque el accidente sigue bajo investigación y no existe una determinación definitiva de responsabilidades, QBE facilita de esta forma unos importes que tendrán consideración de pagos a cuenta de las eventuales indemnizaciones que puedan corresponder tras la resolución judicial», decía en su escrito.

Ahora, vuelve a enfrentarse a una situación similar en Urda, donde ya no tiene desvelos Allianz, aunque sí otras compañías de seguros. La irlandesa Everest Insurance se encarga del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) de Renfe, mientras que la estadounidense AIG se ocupa de esta misma cobertura en Iryo. De AIG procedía, precisamente, Mario Díaz-Guardamino, nombrado a finales de 2024 Director General de QBE Iberia para dirigir la estrategia del grupo australiano en España y Portugal.