Fernández de Sousa se defiende atacando a la banca

Casi siete horas. Es el tiempo que se prolongó la declaración del ex presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Estaba citado en relación a su presunta participación en las irregularidades que llevaron a que la multinacional pesquera, la segunda empresa de Galicia tras Inditex, tenga en estos momentos un agujero patrimonial de 1.600 millones de euros. Fuentes conocedoras del proceso judicial esperaban que el empresario gallego arremetiera contra otros de los actores implicados en la crisis del grupo, y así ha sido. Los bancos se han llevado buena parte de las críticas de De Sousa.

Según han explicado fuentes presentes en el interrogatorio, Fernández de Sousa ha negado uno de los pilares de la investigación forensic que llevó a cabo KPMG y que posteriormente fue refrendada por Deloitte, actual administrador de Pescanova, en su informe concursal. El empresario gallego ha negado haber falseado facturas de la empresa para incrementar la concesión de crédito, algo que estos informes daban como práctica habitual a través de las filiales de la pesquera. De Sousa ha acusado a los bancos prestamistas de consentir y fomentar un sistema irregular a través del cauce de factoring. “No es que negará el forensic, simplemente dijo que lo que hacían era legal, que los bancos lo aceptaban”, indican letrados presentes.

Sistema de ‘factoring‘

El empresario, imputado por delitos tales como falseamiento de información económico-financiera, uso de información relevante, estafa y falsedad en documento mercantil, ha asegurado que a la banca “le convenía trabajar con el sistema de factoring”. La entidad financiera adelantaba el dinero que la empresa preveía cobrar a corto plazo mediante la presentación de factura. “Ganaban mucho dinero con nosotros”, dijo Fernández de Sousa, que precisó que las entidades adelantaban las partidas sin necesidad de que la multinacional aportase ningún documento.

Otra de las preguntas clave en el interrogatorio tenía que ver con el hecho de que Fernández de Sousa vendiese acciones por valor de más de 27 millones de euros los meses y semanas antes de la entrada de la firma en preconcurso de acreedores. Además, el empresario no comunicó esta venta a la CNMV hasta que la crisis de la pesquera era ya obvia y entró en proceso concursal.

Movimiento de capital a China

El compareciente aseguró que antes de vender estos títulos, compró otro paquete de acciones a crédito través de sus compañías participadas “a un precio muy elevado”. Agregó que se vio obligado a vender porque el crédito estaba próximo al vencimiento y debía ser liquidado.

También estaba previsto que durante el interrogatorio se formulasen preguntas sobre el patrimonio de Sousa, que está siendo objeto de investigación por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF). El pasado septiembre, se ordenó bloquear varias cuentas de Sousa y su mujer, Rosario Andrade. A través de una de ellas, intentaron mover a China 5,2 millones de dólares, cerca de cuatro millones de euros. Sucedió días después de que el juez Ruz impusiese una fianza millonaria a Sousa de más de 178 millones de euros. De no pagarla, la alternativa es el embargo de bienes.

Sousa negó la mayor. Según su versión fue él el que decidió “parar la operación” antes de que se ejecutase. La intención era llevarse el dinero a Hong Kong debido a la alta rentabilidad que ofrece para la renta fija, de hasta un 12%.

«Ganó la batalla del aburrimiento»

Según uno de los letrados presentes, Joaquín Yvancos, que representa a accionistas minoritarios, Sousa “ganó la batalla del aburrimiento”. “Con un tono monocorde se extendió en sus respuestas hasta media hora. Simplemente le echó la culpa al sistema financiero y no contestó a nada de forma concisa”, explicó.

Tras la declaración de Sousa le tocó el turno a su hijo, Pablo Fernández Andrade que, al contrario que su padre, aceptó también las preguntas de los letrados de las partes personadas en el proceso. Aseguró que todos los miembros del anterior consejo de Pescanova tenían acceso a la documentación que revelaba el estado de las cuentas de la empresa, pero que ninguno de ellos mostró disconformidad alguna con las cifras, hasta el consejo de febrero de este año, donde los representantes de Damm y Luxempart se negaron a firmar los balances de 2012.