La Audiencia Nacional impone 10,5 millones de fianza a los exdirectivos de NCG

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha impuesto fianzas por un valor total de 10,5 millones de euros a los exdirectivos de Novacaixagalicia investigados por las prejubilaciones millonarias que recibieron en su salida de la entidad.

Moreno aprecia indicios de conducta delictiva en los imputados, que pudieron aprovechar la fusión entre Caixa Nova y Caixa Galicia «en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad resultante, en menoscabo de su patrimonio», según el auto hecho público este martes. En septiembre de 2011, Novacaixagalicia fue nacionalizada y convertida en banco.

En base a estos motivos, la Audiencia Nacional impone la fianza más elevada al que fuera director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, que tendrá que depositar 7.021.352,57 en un periodo máxima de 24 horas desde que la resolución le sea comunicada al abogado defensor.

En el mismo plazo, Gregorio Gorriarán, que fue responsable del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las antiguas cajas, tendrá que abonar 1.218.136,53 euros. La fianza para el exdirector general de la caja única, José Luis Pego, asciende a 1.925.222,90; mientras que Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración, deberá depositar 347.920,02 euros.

Gayoso, responsable civil solidario

Además, el juez requiere igualmente al que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, los mismos importes como responsable civil solidario. Considera que la presunta actuación delictiva de los cuatro exdirectivos, se realizó «con la cooperación de Gayoso».

Las cantidades reclamadas coinciden con las que, según Anticorrupción, habrían cobrado indebidamente, más lo que tenía previsto ingresar en caso de que el plan de cobros que firmaron hasta su jubilación se hubiese llevado a término.

El auto judicial advierte que de no constituirse las fianzas impuestas a los exdirectivos, «se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las sumas que se les reclama».

Abuso de funciones

El auto del juez llega después de que los antiguos responsables de la entidad declararan ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 el pasado mes, imputados en la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.

Tras sus declaraciones, el juez Moreno considera que pudieron incurrir en un abuso de funciones de sus cargos pese a conocer “ «la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia». «Cobraron elevadas sumas dinero con ocasión del cese de sus actividades en la citada entidad bancaria» al amparo del contenido de las mejoras introducidas por ellos mismos en los contratos de alta dirección, expone el auto.