Los ex directivos de NCG que cobraron indemnizaciones millonarias pasarán por los tribunales
La Audiencia Nacional abre juicio oral a cinco antiguos ejecutivos de Novacaixagalicia, entre ellos Julio Fernández Gayoso, por el cobro indebido de sus prejubilaciones
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido abrir juicio oral contra cinco antiguos directivos de Novacaixagalicia, entre ellos el que fue presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, por el supuesto cobro indebido de prejubilaciones millonarias por parte de cuatro de ellos.
Además de a Gayoso, el magistrado sentará en el banquillo tanto al ex director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego, como al ex director general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes, al antiguo responsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán y a uno delos gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada. El abogado Ricardo Pradas también ha sido señalado por la Audiencia Nacional.
En el auto, con fecha 4 de julio, el magistrado da 20 días de plazo para que presenten escrito de defensa frente a las acusaciones de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa. En el mismo plaza y de forma solidaria deben presentar una fianza de 18,9 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecunarias que se les pudieran imponer. Contra el auto no cabe recurso algino, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados.
Casi 20 millones mientras la caja se hundía
En el auto de febrero, en el que se completó la instrucción, el juez Moreno apuntaba inicialmente a Gayoso como responsable de admitir los contratos de alta dirección que beneficiaron primero a Pego y luego a Gorriarán, Rodríguez Estrada y García de Paredes. Los cuatro percibieron unas indemnizaciones que rondaban los 19 millones de euros. Las cuantías que recibieron no fueron conocidas ni aprobadas ni por el consejo de admnistración ni por el Banco de España hasta una vez que se hicieron efectivas, según la Audiencia Nacional.
Entiende en juez instructor, y también la Fiscalía, que los beneficiarios de estas indemnizaciones no tuvieron en cuenta la situación económica de la entidad, que en aquella época acababa de recibir una ayuda de 1.162 millones para la fusión de las antiguas cajas. Supuestamente, toda la operativa habría contado con el asesoramiento del abogad Ricargo Pradas.
