El naval se aferra a los tribunales para salvar el golpe mortal de Bruselas
El Gobierno estudia recurrir la decisión de la Comisión Europea, que obliga a devolver las ayudas del 'tax lease' entre 2007 y 2011
Se cumplieron las previsiones. La Comisión Europea ha pedido este miércoles a España que recupere las ayudas «ilegales» concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del tax lease entre 2007 y 2011. El frente común formado por Gobierno central, los Ejecutivos autonómicos de Galicia, Asturias y el País Vasco, los astilleros, la patronal del metal Asime, los sindicatos y demás agentes sociales (partidos políticos, empresarios…), sólo ha servido para amortiguar el golpe. La propuesta inicial del responsable de Competencia, Joaquín Almunia, para devolver las ayudas europeas repartidas entre 2005 y 2011, quedará reducida a los últimos cuatro años y obliga solamente a los inversores que financiaron la construcción de buques, no a los astilleros ni a los armadores.
Pero la nueva propuesta, más amable que la inicial, consuela poco a un sector duramente castigado por la crisis económica. Sólo en Vigo, se han destruido cerca de 9.000 empleos del naval en los últimos cuatro años. Portavoces de los astilleros, de Asime y el propio Núñez Feijóo han criticado la decisión de la Comisión Europea, por “desproporcionada y discriminatoria”, en palabras del presidente de la Xunta. La devolución de las ayudas puede ser recurrida ante el Tribunal Europeo y ese es el cartucho que quieren quemar en el sector para frenar la estocada.
A los tribunales
Queda pendiente de aclarar la cuantía total de las ayudas que la Comisión Europea obliga a devolver. El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo la semana pasada que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000 millones de euros. En el Ministerio de Hacienda ya trabajan para cuantificar el importe, que irá a parar a las arcas el Estado. Precisamente, Cristóbal Montoro condicionó a esta evaluación la posibilidad de que el Gobierno presente un recurso contra la decisión de Bruselas. Recurrirá «si se estima que son elevadas y excesivas y que perjudican al futuro los astilleros».
Además de Núñez Feijóo, Asime y Aclunaga, el clúster gallego del naval, reclamaron al Gobierno que emprenda acciones legales para minimizar el daño. Desde Pymar, la asociación de pequeños y medianos astilleros, también advirtieron que tomarán «todas las acciones legales pertinentes» contra la decisión de la Comisión.
La decisión y los matices
La opinión mayoritaria es que todavía queda recorrido para matizar el dictamen de Bruselas, que ha ido sufriendo modificaciones desde el planteamiento inicial de Almunia. El vicepresidente de la Comisión Europea aprovechó su comparecencia para explicar los cambios. «Durante un determinado periodo existió incertidumbre jurídica sobre la compatibilidad o no del sistema del tax lease con las reglas de las ayudas de Estado», explicó.
Por ello, Bruselas perdona la devolución de las bonificaciones concedidas entre 2005 y 2007. «Esta incertidumbre se disipó definitivamente con la publicación en abril de 2007 de la decisión de la Comisión que concluía que el sistema francés, muy parecido al tax lease español, era parcialmente incompatible».
¿Quién tiene que devolver las ayudas?
Almunia también advirtió que los beneficiarios de las bonificaciones «no pueden trasladar su obligación de devolución a terceros, por ejemplo a los astilleros, ni siquiera en aplicación de contratos privados existentes». El foco se centra en los inversores.
¿Y quiénes son los inversores? Grupos como Inditex, Cortizo y Megasa, e inversores como José Alberto Barreras, así como la práctica totalidad de las entidades financieras gallegas (NCG, Banco Gallego y Banco Pastor) formaron parte, de una u otra forma, en la creación de Agrupaciones de Interés Económico (AIE) durante la década de 2000 para beneficiarse del tax lease. Aquellos que entren en el periodo 2007-2011 tendrán que devolver las ayudas si el Tribunal Europeo no lo remedia.
