Facebook, TikTok, Snapchat, You Tube: los 18.000 millones pagados por Meta no serán los últimos
Las grandes tecnológicas estadounidenses afrontan 10.000 acciones judiciales en Estados Unidos.
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En 2020, 48 estados y la Comisión de Comercio Federal (Federal Trade Commission, FTC) del gobierno federal de EE UU denunciaron a Meta por presuntas prácticas adictivas de sus plataformas que causan perjuicio a los menores de edad.
El pasado 26 de agosto la juez Yvonne González Rogers, del Tribunal norte de California, aprobó un acuerdo entre la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp y los estados. Meta pagará 18.000 millones de dólares.
La compañía no admitió culpabilidad. Pero restringirá el acceso de los menores de 18 años a Facebook e Instagram a dos horas diarias y se prohibirá entre medianoche y las seis de la mañana. Tampoco se mandarán notificaciones durante el horario escolar, de 8:00 a 15:00.
La incógnita es si Bytedance (propietaria de TikTok), Snap (propietaria de Snapchat) y Alphabet (propietaria de You Tube) se sumarán a estas restricciones. En EE UU hay planteadas 10.000 acciones jurídicas de estados, condados, municipios y distritos escolares contra empresas tecnológicas.
Un 75% de los consumidores estadounidenses cree que el tamaño alcanzado por las tecnológicas es excesivo
Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), OCDE o la Comisión Europea han descrito en los últimos años los efectos nocivos sobre los menores, que incluyen depresión y ansiedad.
Las facetas más adictivas son básicamente cuatro. El denominado “desplazamiento infinito” carga contenido sin límite temporal. Nunca se llega al final de la página. La reproducción automática de vídeos y música tampoco tiene pausa. Las notificaciones push no son opcionales y no tienen límites temporales. Las recomendaciones personales y recompensas variables son difíciles de desactivar.
Australia, Brasil, Turquía, Malasia e Indonesia son países que han adoptado legislación para limitar o prohibir el acceso de menores a las plataformas sociales.
Algunos acentúan más la responsabilidad de las empresas de comprobar la edad de los usuarios y prevén multas. Otros prefieren que los padres ejerzan el control. En cualquier caso, la dificultad radica en evitar atajos para que los menos continúen accediendo a las redes. Y es difícil que se cierren las que ya tienen.
La Comisión Europea prefiere que se modifiquen los aspectos adictivos. España, Portugal, Francia, Grecia, Noruega y Dinamarca estudian legislación al respecto.
El proyecto de Ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales recibió la aprobación del Consejo de Ministros en marzo de 2025. El Gobierno espera finalizar su tramitación en el Congreso mediante la negociación de enmiendas.
Multas a empresas tecnológicas
Uno de los mayores retos es que las grandes empresas tecnológicas cuentan con un poderío financiero que les permite mediante sus abogados retrasar los juicios y diluir las consecuencias de sentencias desfavorables.
En 2017, la UE multó con 4.340 millones euros a Google porque obligaba a los fabricantes de tabletas y celulares a incorporar Google Search y Chrome como requisito para poder utilizar la app Google Play.
Google tuvo que pagar el año pasado 2.950 millones de euros a la Comisión por abuso de su tecnología de anuncios.
Aunque parecen cantidades elevadas, palidecen cuando se tiene en cuenbta que Alphabet (propietaria de Google) en 2025 tuvo ingresos de 402.800 millones.
Los gigantes tecnológicos despliegan sus ejércitos de abogados para frenar acciones judiciales o hacer lobby
En 2012, la Federal Trade Commission obligó a Meta a pagar 5.000 millones de dólares. Había otorgado datos de sus usuarios a fabricantes de apps, engañó a los clientes sobre la privacidad de sus datos y empleó sus números de teléfono para mandarles anuncios.
Un juzgado federal de apelaciones recientemente falló que pueden seguir adelante demandas contra Meta, Google/You Tube, Tik Tok y Snap.
Pero la tendencia de las últimas décadas está clara. Los gigantes tecnológicos despliegan sus ejércitos de abogados para frenar acciones judiciales o hacer lobby contra las autoridades públicas para que no las regulen. Si pierden son sometidas a multas pequeñas y repiten las mismas conductas en otras categorías de productos.
En 2004 Microsoft tuvo que abonar 497 millones de euros a la UE porque vinculaba su Media Player a su sistema operativo Windows, obligando a los fabricantes de ordenadores a empaquetarlo por defecto.
El incumplimiento de Miscrosoft provocó multas de 899 millones en 2008 y 561 millones de euros en 2013. En EE UU Microsoft fue acusada de aprovecharse de la posición dominante de su sistema operativo para imponer su navegador Microsoft Explorer. Hizo lo mismo en los años noventa para eliminar a Netscape Navigator.
Los reguladores logran algunos triunfos prácticos. Obligaron a que los nuevos Iphone y dispositivos electrónicos de Apple utilicen cargadores con conector USB-C, igual que los móviles de Android.
Instrumentos antimonopolio de la UE y EE UU
La UE cuenta con distintos mecanismos para evitar el abuso de posición dominante: las multas antitrust resultado de las investigaciones de la Dirección General de Competencia de la Comisión; el Reglamento de mercados digitales enfocado contra el poder de mercado; y el Reglamento de Servicios Digitales que se centra en la seguridad en línea.
En EE UU las autoridades prefieren optar por cambios de conducta sobre multas. En 2025, la Federal Trade Commission (FTC) acordó una compensación de 2.500 millones por parte de Amazon. Se alegó que llevaba a cabo prácticas engañosas en su servicio de suscripción Prime.
En 2019, la FTC obtuvo 5.000 millones de compensación de Meta. La empresa presidida por Mark Zuckerberg permitió que aplicaciones de terceros tuvieran acceso sin controles adecuados a datos de sus usuarios, les engañó sobre sus controles de privacidad y empleó números de teléfono obtenidos para seguridad con fines publicitarios.
Las multas de la UE son como máximo de un 10% de la facturación anual mundial de una empresa, y 20% en caso de reincidencia
Tensión entre cuota de mercado e innovación
Los gigantes tecnológicos a menudo alegan que restringir sus actividades reduciría su capacidad de innovación. Pero a menudo son las empresas pequeñas las que diseñan tecnología novedosa.
Los consumidores están preocupados por el tamaño de las tecnológicas. En EE UU una encuesta de YouGov de julio mostraba que un 75% opina que es excesivo.
En la UE también hay apoyo amplio a controlar el poder de las grandes tecnológicas. En un sondeo demoscópico de YouGov de julio de 2025, dos terceras partes de los consultados en Alemania, Francia y España expresaron su deseo de que la UE haga cumplir firmemente sus leyes, incluso si crea tensión con EE UU.
En 1911 el ministerio de Justicia ordenó la división de la petrolífera Standard Oil y de American Tobacco. La más reciente es la desmembración de AT&T en siete filiales en 1984. El Ejecutivo empleó la ley antimonopolio Sherman, actuación que fue validada por el Tribunal Supremo.
Las siete magníficas, Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla, tienen una capitalización bursátil superior al billón de dólares. Multas de pocos miles de millones son una molestia menor.
A menudo tienen ingresos anuales de cientos de miles de millones. La prueba es que reinciden en sus prácticas de excluir a rivales de sus productos. Deberían tomarse acciones más contundentes.
Amazon vende todo tipos de productos, con excepción de vehículos. Se podría vetar que comercializara comida.
Debe obligarse a Nvidia a no ensamblar semiconductores de alta gama que exporta a China.
Google no debería poder aprovecharse de su hegemonía como motor de búsqueda para vender sus aplicaciones.
Hay prestigiosos analistas que coinciden en este diagnóstico. Algunos son Timothy Wu, profesor de la Universidad de Columbia y ex asesor de tecnología en la Casa Blance. Lina Khan fue presidente de la FTC durante el mandato de Joe Biden y ahora ha vuelto a Columbia. Barry Lynn es director ejecutivo del Open Markets Institute y encabeza su investigación sobre medidas antimonopolio y mercados digitales.
A medio plazo serán los gobiernos, reguladores y la sociedad la que decidirá si antepone el restablecimiento de una competencia justa a la comodidad de usar productos a los que muchos están completamente habituados.
