Cómo favorecer la actividad industrial en Catalunya
La industria vuelve a estar de moda. Desde todos los ángulos se ensalzan los valores que la actividad industrial incorpora.
Frente a lo que Felipe González describe como el “modelo de economía financiera desregulada”, la industra es una actividad de largo plazo, más estable. Necesita más formación, más planificación, más investigación… Y estas características fomentan el trabajo de calidad y estable.
La ética en el esfuerzo continuado también está presente. Al ser actividades continuadas en el tiempo, al estar interconectadas con proveedores y clientes requieren relaciones honestas y serias; de colaboración mutua. Se puede competir con otras empresas homólogas pero no se puede prescindir de la red de intereses comunes que hace fuertes a los sectores industriales.
Desde distintas instancias se quiere apostar, una vez se supere la gran crisis, por favorecer la actividad industrial. La Generalitat de Catalunya lo pregona en todas sus manifestaciones, que apoyará a la industria, cuando acabe la crisis, cuando tenga dinero.
El Colegio de Economistas de Catalunya encargó un estudio con clara apuesta por la Industria. Esta última semana la Fundació Gremi de Fabricants de Sabadell ha presentado su programa de actuación hasta 2015 y a su Consell Assessor (del cual me honro en formar parte). Por tanto, todos a favor de la industria.
En este artículo no entraré a discutir sobre el perímetro pero sí creo que vale la pena centrar qué significa favorecer la actividad industrial. Especialmente cuando se enfrentan los grandes retos económicos, se dedica tiempo en fijar los objetivos y no se concede tanta importancia a la forma y manera de alcanzarlos. El camino, el proceso, es tan importante como la meta.
En política industrial se parte de la base de que existe un marco institucional, un terreno de juego, diseñado por la Unión Europea, al que hay que amoldarse.
Por ejemplo, hoy sería imposible que un Estado o región decidiera invertir directamente en una industria propia, destinando recursos propios importantes. La Unión Europea vigila para que no se distorsionen las reglas de la competencia. Y la actuación del Comisario de Competencia, Joaquín Almunia, es cada vez más relevante.
Abundando en el argumento institucional, un Estado región o administración tienen la obligación de procurar que las actividades se produzcan en mercados de competencia, donde, en teoría, se fijan los precios que mejor favorezcan al consumidor.
Estoy seguro de que si se hiciera una encuesta entre empresarios de distintos sectores sobre qué prefieren entre una política de subvenciones y otra que consiga establecer mercados competitivos, por ejemplo en financiación y energía, no dudo en que se inclinarían claramente por la segunda opción.
Por tanto, primero, que los mercados funcionen eficazmente. Que no pase como en el sector de la energía eléctrica en que, precisamente, en una coyuntura de fuerte caída de la demanda –estamos como en 2005—, con exceso de capacidad productiva, propiciada por la entrada en el mix de tecnologías con coste variable casi nulo (viento y solar), el precio mayorista de la energía muestre una subida del 26% en el último trimestre.
Y segundo, hacer pocas cosas, pero muy concretas, que cuesten poco dinero público. Cabe apostar por la transferencia de tecnología de los centros de investigación a la industria, especialmente pymes. Se ha hecho un esfuerzo considerable en dotar a Catalunya, durante el periodo anterior a la crisis, de centros de alto nivel en distintas disciplinas científicas.
Se trata de hacer fluir el conocimiento al mercado y al PIB (como dice Antoni Garrell, vicepresidente de la Fundació del Gremi). Movilizar esfuerzos, interconectar, de que la empresa resulte atractiva a los doctores.
La segunda decisión a tomar ya cuesta más dinero. Se trataría de propiciar la puesta en marcha de nuevos instrumentos financieros al servicio de las pymes. Tratar de no depender tanto de la financiación bancaria, instrumentos que capitalicen las empresas y las orienten hacia la internacionalización.
No es un tema fácil de implementar pero se trata de un objetivo básico especialmente en España y para las pymes.
Finalmente, tratar de buscar incentivos que propicien la dimensión empresarial. Incentivos fiscales básicamente, pero también sería importante crear un clima de que lo pequeño no es lo más eficiente. Que para poder exportar e internacionalizarse hay que tener una cierta dimensión, distinta por nichos de sectores, pero claramente superior a la que existe actualmente en Catalunya.
En conclusión. Primero, competencia. Y después tres instrumentos; la transferencia de tecnología, instrumentos financieros para pymes, y más dimensión, conforman una posible política industrial adaptada al marco institucional y a las circunstancias económicas.
