Si los sindicatos supieran economía 

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han firmado un nuevo acuerdo con el Gobierno para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025. En sus reivindicaciones, han planteado incorporar la crisis de acceso a la vivienda como un elemento clave en las negociaciones salariales, argumentando que el Índice de Precios al Consumo (IPC) no refleja adecuadamente el encarecimiento de adquirir un inmueble. 

Según Pepe Álvarez, secretario general de UGT, “la vivienda forma parte de nuestras exigencias de mejora salarial”. Su razonamiento parece lógico a simple vista: los trabajadores necesitan poder adquisitivo no solo para costear productos básicos, sino también para afrontar gastos esenciales como la vivienda. Sin embargo, este planteamiento ignora aspectos económicos fundamentales. 

En una economía donde muchos trabajadores no pueden acceder a la vivienda, pero los precios no disminuyen, el problema radica claramente en la oferta. Si la demanda fuese insuficiente y la oferta abundante, los precios bajarían. Sin embargo, en España, el mercado inmobiliario se caracteriza por su rigidez: la creación de viviendas es incapaz de seguir el ritmo del crecimiento de hogares. Se forman tres veces más hogares al año de lo que se finalizan viviendas, por lo que los precios inevitablemente suben. 

La experiencia internacional, como el programa Help to Buy en el Reino Unido, lo demuestra: las ayudas a la compra terminaron impulsando los precios de las viviendas nuevas

Cualquier intento de solucionar el problema ampliando la demanda —como aumentar los salarios vinculando la negociación laboral al coste de la vivienda o mediante subvenciones y desgravaciones— no solo es ineficaz, sino contraproducente si no se aumenta la oferta. La experiencia internacional, como el programa Help to Buy en el Reino Unido, lo demuestra: las ayudas a la compra terminaron impulsando los precios de las viviendas nuevas, aumentando el coste más de lo que beneficiaron a los compradores. Este fenómeno es especialmente grave en mercados donde la oferta es rígida, como ocurre en las grandes ciudades o regiones turísticas de España. 

El incremento de precios en el mercado inmobiliario español responde a un cúmulo de factores estructurales y coyunturales. Entre los primeros, destacan la escasez de suelo finalista, la dificultad para encontrar mano de obra especializada y la regulación urbanística excesivamente lenta y burocrática. En cuanto a los factores coyunturales, encontramos los altos costes de construcción (que en 2024 aún estaban un 29% por encima de los niveles de 2019) y la incertidumbre normativa, que desincentiva las inversiones privadas. 

Además, el descenso progresivo de los tipos de interés y el crecimiento demográfico han añadido presión al mercado. La combinación de estos elementos hace que, en lugar de abordar la raíz del problema, cualquier incentivo a la demanda solo refuerce la tendencia al alza de los precios. 

Si los sindicatos pretenden mejorar el acceso a la vivienda, la estrategia debería enfocarse en aumentar la oferta. Algunas alternativas incluyen agilizar la concesión de licencias urbanísticas o instaurar modelos de colaboración público-privada donde la administración pública aporte suelo y aval, y el socio privado gestione financiación, construcción y mantenimiento, compartiendo riesgos y beneficios. Otras buenas ideas son los incentivos fiscales a la inversión privada en la rehabilitación de edificios residenciales, los sistemas de tenencias intermedias como la propiedad compartida o la cesión gratuita o bonificada de suelo a promotores de alquiler asequible a cambio de cláusulas de precio. Estas soluciones no solo serían más eficaces, sino que evitarían el efecto inflacionario de las políticas de demanda.