El impune saqueo de la Federación de Municipios de Cataluña

La sección tercera de la Audiencia de Barcelona se ha cubierto de gloria. Acaba de emitir un auto que archiva la causa abierta contra medio centenar de alcaldes por cobrar dietas irregulares de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC).

Este organismo se nutre, casi por entero, de transferencias recibidas de los ayuntamientos, las diputaciones y los consejos comarcales. Por tanto, el episodio muestra claros rasgos de malversación de recursos públicos.

Sin embargo, la Audiencia sostiene un criterio bien distinto. Considera que la FMC es una entidad privada, que el peculio que maneja no es de todos, sino suyo y bien suyo, y por tanto, está facultada para dilapidarlo a su antojo. La fiscalía ya anuncia apelación ante el Tribunal Supremo para enmendar lo que a todas luces semeja un dislate mayúsculo, un parto de los montes de los ilustres magistrados.

Los mangoneos perpetrados por la FMC son una secuela del escándalo Mercurio. En él se indagan hasta treinta tramas de corrupción urbanística urdidas en el Ayuntamiento de Sabadell. Su máximo protagonista es el ex alcalde socialista Manuel Bustos, personaje de formación más bien limitada, a quien sus compañeros de partido motejan gráficamente de «el capo».

Los pagos de la FMC a los regidores se libraron en 2011-2012, cuando Bustos presidía el organismo. Sus receptores son medio centenar de políticos de dedos largos, afiliados sobre todo al PSC, pero también a CiU, Esquerra, Iniciativa y el PP. Entre pitos y flautas, se embolsaron la bagatela de 300.000 euros en concepto de dietas de asistencia, gastos de desplazamiento y otras diversas gabelas.

Se trata de una retribución encubierta como la copa de un pino, complementaria de los emolumentos que venían recibiendo de sus respectivos ayuntamientos. En muchos casos, los perceptores ni siquiera presentaron justificantes del gasto, porque nadie se los exigió. O sea, que la FMC devino una especie de «can seixanta» o puerto de arrebatacapas.

El embrollo pasó al juzgado, que imputó uno tras otro a todos los munícipes que habían puesto el cazo. Tanto la policía como la fiscalía entendieron que eran sobresueldos ilícitos. Manuel Bustos, como un desvergonzado Juan Palomo, batió el récord de devengos con 24.000 euros.

Estructura clientelar

La Audiencia de Barcelona estima ahora que los caudales que nutren la FMC pierden la consideración de fondos públicos cuando llegan a ese tinglado supramunicipal. Para el peregrino entender de los juzgadores, es un ente estrictamente privado. En consecuencia, cuanto hagan en su seno los alcaldes escapa al imperio del derecho administrativo.

La Audiencia deviene así, sin proponérselo, émula de la inefable ex ministra de Cultura Carmen Calvo, quien dejó dicho para la posteridad que el dinero público no es de nadie. Así, pues, los enchufados de la inútil y desprestigiada federación gozan a partir de ahora de la bula de dicho tribunal para seguir llevándose al zurrón toda suerte de mamandurrias.

Este ocurrente auto merece figurar en la antología de los disparates jurídicos. Sitúa en el congelador exculpatorio las innúmeras sustracciones perpetradas en la FMC. Figura entre ellas el obsequio de docenas de relojes dispensado por Bustos a los rapaces concejales. O la gratificación mensual de 2.700 euros asignada a la novia del tal Bustos por trabajar la nada extenuante cantidad de quince horas semanales en la FMC. O los regalos de Bustos a su propio hijo. O los varios millares de euros despilfarrados en comilonas y fiestas familiares, tal como divulgó Economía Digital.

Tengo para mí que no hay nada más cómodo ni repugnante que disparar con la pólvora del rey, es decir, con el sudor de los contribuyentes. Si los amadísimos representantes del pueblo soberano trataran el numerario ajeno como si fuera el suyo propio, seguro que no incurrirían en derroches semejantes y otro gallo cantaría a este arruinado país.

El Tribunal Supremo acaba de soltar un varapalo a la Audiencia Nacional. Le enmienda la plana porque en su día absolvió a la chusma asaltante del parlamento catalán. Es de desear que haga lo propio con el infame veredicto de la Audiencia barcelonesa sobre los trapicheos de la trama de enriquecimientos ilícitos y de fidelidades electorales urdida en torno de la dichosa FMC.