Una economía que penaliza la complejidad y subvenciona la mediocridad 

Nadie decidió que Cataluña se especializara en turismo de baja gama y mataderos porcinos. Nadie se sentó en un despacho a trazar un plan para que la región más industrializada de España derivara, en veinticinco años, hacia una economía que crece en el margen extensivo, atrayendo inmigración de baja cualificación. Pasó porque el sistema de incentivos lo hizo inevitable. Y mientras ese sistema no cambie, cualquier gran plan o estrategia servirá de poco. 

El Informe Fénix, publicado la semana pasada por siete economistas catalanes de prestigio, llega a una cifra que debería figurar en todos los debates de política económica: la productividad catalana es hoy un 13% inferior a la media europea, frente al 8% de desventaja que acumulaba en el año 2000. No es un ciclo. El PIB per cápita lleva dos décadas básicamente estancado en términos relativos. La economía crece y se empobrece al mismo tiempo.  

Un solo ejemplo reciente ilustra mejor que ningún gráfico por qué la trampa funciona. En Mont-Roig del Camp, el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) para instalar una fábrica de baterías destinada a abastecer a SEAT Martorell acumula 110 impugnaciones. Cero impugnaciones recibió Miami Platja, el resort turístico de baja densidad productiva que convive en el mismo municipio. Entre los impugnantes de la fábrica figura el «banc del temps de Cambrils», una entidad que al día siguiente ofrecía una conferencia sobre flores de Bach. El POUM lleva veinte años en tramitación. La señal que recibe cualquier inversor es diáfana: el bareto cutre de costa no molesta a nadie; la fábrica del futuro sí. Ya en 2022, el Instituto Ostrom presentó en el Parlamento catalán cómo el frenesí regulatorio está frenando la implementación de grandes proyectos industriales. 

Lo que determina el crecimiento de la renta familiar bruta a largo plazo no es sólo cuánto produce una economía –el PIB– sino qué produce y cómo de productiva es –el valor añadido por hora de trabajo. Las regiones que se especializan en actividades de baja sofisticación tienden a quedarse ahí, no por fatalidad geográfica sino porque su arquitectura institucional, fiscal y regulatoria premia exactamente esas actividades. El capital fluye hacia donde los incentivos lo dirigen. En Cataluña, los incentivos llevan décadas apuntando hacia abajo en la escala de complejidad. 

Las tres provincias vascas lideran el Índice de Complejidad Económica que la Fundación COTEC elaboró con el investigador de la Universidad de Toulouse César Hidalgo en 2023. La diferencia no es de recursos naturales ni de historia industrial: es de incentivos. Suelo industrial abundante, FP dual, ecosistema técnico y financiero potente y administración relativamente orientada a retener actividad productiva. El País Vasco ha construido un entorno donde instalar una planta de mecanizado de precisión es más fácil que levantar un aparthotel. En Cataluña, es exactamente al revés. 

El Informe Fénix pone cifras a ese sesgo. Define un umbral —29.000 euros brutos anuales en 2025— por debajo del cual un trabajador no genera los recursos fiscales y cotizaciones suficientes para financiar los servicios públicos que consume. Toda actividad que opera sistemáticamente por debajo de esa línea funciona con una subvención encubierta que paga el resto de la sociedad. Un hotel de tres estrellas en la costa recibe seis euros de subvención implícita por pernoctación, el 80% en beneficio de turistas extranjeros. Un matadero porcino, nueve euros por tonelada. Un repartidor, tres euros por entrega.  

Ramon Gras Alomà, investigador en Harvard especializado en complejidad económica urbana, ha demostrado que los saltos de sofisticación productiva requieren entornos donde el tejido institucional, el diseño urbano y la concentración de talento alinean sus incentivos hacia la innovación. Cataluña tiene los activos para ser ese entorno. Los clústeres farmacéuticos, tecnológicos y de logística avanzada existen. El capital humano está –hasta que no marchen todos los científicos e ingenieros. Las capacidades están. Lo que falta es que el sistema deje de penalizar la complejidad y de subvencionar la mediocridad. 

Porque mientras instalar una fábrica de baterías acumule más de un centenar de impugnaciones y un resort turístico no acumule ninguna, el mercado hará exactamente lo que se le pide: más apartamentos, más camareros, más riders. Nadie conspira para que sea así. Los incentivos no necesitan conspiradores. Solo necesitan que nadie los cambie.