Inmigración laboral: del debate estéril a una política adulta

España gestiona la inmigración a golpe de titular, carece de los datos que permitirían un debate informado y tiene un mercado laboral que dificulta la integración, con canales de acceso lentos, rígidos e informales. En un artículo anterior, introduje la opción de transitar conceptualmente del modelo melocotón —fácil acceso, difícil integración social y laboral— al modelo sandía: entrada selectiva y derechos plenos una vez dentro. Pero si el centro del debate público se ocupa hoy de la corteza, debemos hablar también de la pulpa. Y es precisamente en la pulpa donde el fracaso español resulta más costoso.

El síntoma más elocuente es la sobrecualificación. Según el último informe del Consejo Económico y Social, el 31% de los trabajadores extranjeros ocupa empleos por debajo de su nivel de formación, frente al 26,5% de los nativos. Un informe de FEDEA eleva esa cifra al 52% en ciertos colectivos. Es una debilidad estructural del tejido productivo: convertir capital humano en trabajo de bajo valor añadido. Enfermeras que trabajan de repartidoras, técnicos en electrónica que limpian hoteles. No es una metáfora de denuncia; es un balance económico ineficiente que alguien acaba pagando.

El problema se agrava porque el debate político tampoco ayuda a enmarcar bien la cuestión. La derecha discute el origen de los recién llegados; parte de la izquierda reduce la política migratoria a regularizaciones y documentación. Ninguno de los dos enfoques pone el acento donde verdaderamente importa: en la trayectoria de integración.

El marco de la «prioridad nacional» que ha popularizado la alianza PP-Vox en algunas comunidades congela la identidad del inmigrante en el dato bruto de su nacimiento, como si la lengua aprendida, los años cotizados o los hijos escolarizados en España no modificaran en nada su posición en el contrato social. Pero también incurre en una trampa conceptual parte de la izquierda que evita asumir la integración como objetivo explícito y exigente por miedo a que suene restrictivo. El resultado es un debate obsesionado con el origen y el volumen, mientras el desenlace apenas se discute.

En España, el grueso de la inmigración laboral sigue llegando por el GECCO —contratos de temporada en agricultura y servicios— o por vías irregulares que se regularizan a posteriori. Ambas rutas generan trabajadores, pero no necesariamente ciudadanos integrados en una economía formal de alto valor añadido. La reforma aprobada mediante el Real Decreto 1155/2024, vigente desde mayo de 2025, sigue respondiendo a una lógica reactiva: gestiona el flujo que ya ha llegado, pero no diseña el flujo que el país necesita.

El equipo económico de Feijóo estudia los sistemas de inmigración por puntos australiano y canadiense. Sería interesante explorar un modelo híbrido que combine la señal del mercado —el empleador identifica una necesidad concreta en su empresa o sector— con criterios públicos de selección y garantías laborales mínimas.

El empleador debe asumir parte del riesgo de integración: contrata a alguien porque realmente lo necesita, no porque el candidato supere un umbral burocrático en un formulario. Pero el sistema público de puntos, basado en salarios, perfiles y competencias, también evita que la administración subsidie indirectamente mano de obra barata en sectores de baja productividad como la hostelería, el turismo o ciertos segmentos del agro.

Alemania ya está intentando avanzar en esa dirección. La Ley de Inmigración de Trabajadores Cualificados de 2023 introdujo procedimientos acelerados para sectores en escasez —sanidad, tecnología, ingeniería o transporte— y permitió la entrada de trabajadores con títulos aún pendientes de reconocimiento, siempre que existiera una oferta laboral que los respaldara. Los primeros 25.000 solicitantes accedieron mediante esta vía rápida. Dinamarca, por su parte, ha creado una agencia específica de reconocimiento de cualificaciones para profesionales sanitarios extranjeros, con plazos vinculantes.

Una opción razonable sería crear un catálogo dinámico de ocupaciones en escasez, actualizado con datos reales de la Seguridad Social y del SEPE, y no mediante negociaciones sectoriales lentas y opacas. Sin ese catálogo, las visas laborales no pueden orientarse hacia donde la economía realmente necesita talento.

El tercer vacío es la ausencia de un mecanismo moderno de preselección internacional en origen —similar al Express Entry canadiense— que permita a los candidatos registrar su interés antes de emigrar y a las empresas conectar con perfiles ya validados, sin atravesar trámites concebidos para otra época.

Pero incluso con estos mecanismos, la política migratoria seguiría siendo incompleta si no incorpora una dimensión esencial: la movilidad social una vez dentro. La integración no empieza cuando el inmigrante llega; empieza en la arquitectura institucional que determina si podrá progresar.

Existe, en el fondo, un contrato social implícito: el recién llegado aprende la lengua, trabaja, cotiza, escolariza a sus hijos y cumple las normas que la sociedad le exige; a cambio, el país de acogida le ofrece derechos, estabilidad y oportunidades reales para acelerar su integración y ascenso social.

España necesita, en definitiva, una política migratoria adulta: criterios de entrada vinculados a necesidades económicas reales, mecanismos ágiles de selección y una integración exigente pero genuina. Filtros en la corteza; igualdad de derechos y oportunidades en la pulpa.