El espíritu de la prosperidad 

La izquierda española, igual que los separatismos, ha desarrollado un mecanismo para mantenerse en el poder muy eficaz a corto plazo, aunque letal para la ciudadanía a largo: el conflicto

¿Qué más tiene que pasar para que termine una forma de hacer política que ha degradado nuestras instituciones y debilitado la confianza de los ciudadanos? Tras la caída de Viktor Orbán en Hungría, los españoles sufrimos actualmente el gobierno más iliberal del continente. El problema ya no es solo ético, aunque los escándalos que rodean al entorno del presidente resulten difíciles de ignorar. Mientras morían miles de españoles, la mano derecha del presidente tiraba de recursos públicos para trasladar, pagar y colocar prostitutas. El problema es también de gestión e institucional. Se traiciona a los jóvenes y a los socios europeos con una regularización masiva y sin control de inmigrantes y, según revela el Tribunal de Cuentas, se desvían fraudulentamente miles de millones de fondos europeos para pagar pensiones. Se gobierna sin presupuestos, se normaliza prescindir del Parlamento y se toman decisiones que comprometen la credibilidad de España en el mundo.  

Todo esto es posible porque el gobierno se sentía y se siente impune. Siente que nada le penaliza mientras el muro que levantó entre los españoles se mantenga en pie. La izquierda española, igual que los separatismos, ha desarrollado un mecanismo para mantenerse en el poder muy eficaz a corto plazo, aunque letal para la ciudadanía a largo: el conflicto. Se articulan discursos que parten de problemas reales que existen y preocupan a los ciudadanos, pero que se deforman, se simplifican o se exageran hasta convertirlos en herramientas de movilización permanente. Y cuando esta forma de hacer política obtiene recompensa electoral, los incentivos se pervierten: el problema deja de ser algo a corregir y pasa a ser algo que conviene mantener o incluso agravar. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un pleno extraordinario, en el Congreso de los Diputados
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un pleno extraordinario, en el Congreso de los Diputados

De este modo, las instituciones democráticas dejan de ser un espacio de encuentro y se convierten en instrumentos de división deliberada. El resultado es una ruptura progresiva con uno de los mejores legados de nuestra democracia: la cultura del acuerdo. Se dinamita el mínimo común denominador que permite a una sociedad plural convivir, discrepar y avanzar al mismo tiempo. Ese suelo compartido, hecho de respeto, límites y voluntad de entendimiento, lleva años erosionándose en España. El desacuerdo político ha derivado en antagonismo moral, y el adversario en un enemigo al que deslegitimar. En lugar de castigar la corrupción real, se señala al facha imaginario. Y, así, nada se soluciona.  

Todo empeora. El fuego del odio necesita más y más leña retórica. Más enemigos. Y más radicales. Es la vieja estrategia revolucionaria del cuanto peor, mejor. Su mayor miedo es la fuerza de la moderación. Por eso no es extraño que, en los extremos del tablero político, el sanchismo y VOX terminen retroalimentándose en una suerte de concordancia estratégica. No necesitan hablarse para entenderse. La esperanza de ambos es una sociedad desesperada.  

El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal. EFE/Juanjo Martín

El efecto más visible de tanta irresponsabilidad es la polarización, pero sus consecuencias van mucho más allá del clima emocional del momento. Afectan directamente a la calidad de las políticas públicas. La vivienda es un ejemplo claro. En lugar de abordar el problema con herramientas eficaces que impulsen el aumento de la oferta de vivienda asequible, se opta por una lógica de confrontación entre propietarios e inquilinos que reduce la oferta disponible y eleva los precios, perjudicando, sobre todo, a aquellos que aún no son ni lo uno ni lo otro, es decir, a los jóvenes. 

Y es que la prosperidad no es compatible con una sociedad permanentemente enfrentada. Los países que avanzan suelen compartir un patrón, poco frecuente y siempre frágil, en el que se genera un círculo virtuoso entre cultura cívica e impulso reformista. Una cierta concordia social permite construir mayorías amplias y estables, esas mayorías facilitan reformas sostenidas y esas reformas generan crecimiento, oportunidades y una mejora tangible de la vida de las clases medias. Ese fue el espíritu que inspiró el “bienestar para todos” de Ludwig Erhard, padre del milagro económico alemán y referente del ordoliberalismo. 

Ese círculo virtuoso no es lo habitual, es una excepción. Y precisamente por eso exige ser buscado y cuidado, porque se rompe con facilidad cuando la política se orienta deliberadamente a la división, cuando se sustituyen reformas por relatos identitarios y cuando se antepone la supervivencia en el poder al interés general. En este sentido, el sanchismo representa la expresión más depurada de la lógica destructiva. La discordia es su garantía de poder. Si para sostener mayorías hay que tensionar la convivencia, se hace. Si hay que adoptar decisiones que agravan problemas estructurales o deterioran instituciones, también. Todo queda subordinado a una lógica de corto plazo que deteriora las bases de la prosperidad. 

Frente a ello, la alternativa solo puede ser recoser para reformar y reformar para recoser. Recuperar una cultura política en la que el adversario no sea un enemigo y en la que los acuerdos básicos vuelvan a ser posibles. Pero conviene no engañarse. Ese cambio no depende solo de los dirigentes políticos, sino de toda la sociedad. Porque es la sociedad la que fija, en las urnas, los incentivos. Cuando se premia la irresponsabilidad y la política de bloques, el resultado es más división y menos prosperidad. Cuando se castiga esa deriva y se respalda a quienes apuestan por reformas serias y convivencia, ese círculo virtuoso, excepcional pero posible, vuelve a ponerse en marcha. 

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