Abrir las puertas y retirar el Estado: ¿qué puede salir mal? 

Si estos días han paseado por Barcelona, lo habrán visto: largas colas de personas esperando para obtener los “papeles”. La regularización de inmigrantes está siendo masiva. El Gobierno de España habló de medio millón de beneficiarios, pero, como en tantas otras cuestiones, la realidad desmiente su relato: serán muchos más. Se habla ya de más de un millón. Y todo ello sin un control efectivo de antecedentes penales, tal y como han denunciado los propios cuerpos policiales. Incluso se está alentando a personas en prisión a iniciar estos procesos. 

El Partido Socialista lo sabía. Por eso, en Barcelona se han habilitado cuatro oficinas donde aquellos que están en situación irregular pueden acudir sin necesidad de cita previa. Resulta difícil no percibir la paradoja. Para algo tan básico como renovar el DNI, los barceloneses necesitamos cita previa y semanas de espera. De hecho, Barcelona es hoy la ciudad de España donde más tiempo se tarda en completar este tipo de trámites. En fin, cuando al socialismo le interesa, la burocracia desaparece. Cuando se trata de los ciudadanos, la burocracia se multiplica. 

Pero detrás de esta doble vara de medir no hay solo un problema de gestión. Hay algo más profundo: una determinada concepción del Estado y de la nación. Una concepción en la que las reglas dejan de ser estables para convertirse en instrumentos al servicio de una estrategia política, es decir, al servicio del objetivo único del sanchismo: mantener el poder como sea. Sin embargo, cuando eso ocurre en un ámbito como el de la inmigración, las consecuencias trascienden lo administrativo y alcanzan el terreno de la soberanía nacional. 

Conviene recordarlo: decidir quién entra en un país, en qué condiciones lo hace y bajo qué reglas se integra no es un asunto menor. Forma parte de la médula de la soberanía. Por eso, la Constitución española atribuye la política de inmigración al Estado y, por eso, el Tribunal Constitucional ha insistido en que ese núcleo no puede fragmentarse. 

Sin embargo, lo que estamos viendo en los últimos meses apunta en la dirección contraria. Por un lado, el impulso de una regularización masiva que transmite la idea de que el acceso puede producirse al margen de los cauces legales, generando una evidente sensación de agravio entre quienes sí cumplieron las normas y proyectando hacia el exterior una señal difícilmente compatible con una política migratoria ordenada. 

Por otro, la retirada progresiva del Estado de funciones esenciales en Cataluña, especialmente en ámbitos tan sensibles como el control de fronteras y la gestión de los flujos migratorios. Se presenta como una cesión política más, pero en realidad es algo mucho más serio: un debilitamiento del Estado en un punto crítico. Un pago a los políticos independentistas cuya factura acabaremos pagando todos los ciudadanos.  

Y es que la combinación de ambas decisiones no puede ser más inquietante. Se abren las puertas sin el control suficiente y, al mismo tiempo, se debilitan los mecanismos de control allí donde deberían ser más sólidos. Y no se trata solo de una cuestión interna. España es frontera sur de la Unión Europea. Lo que aquí se decide tiene un impacto directo en el conjunto del espacio común. Actuar con ligereza en este ámbito es un error nacional, y es una irresponsabilidad europea. 

“Un Estado que no controla sus fronteras pierde capacidad de actuación, y una nación que renuncia a decidir sobre aspectos fundamentales de su organización se debilita como proyecto colectivo”

A ello se suma un factor que a menudo se subestima: el efecto de las expectativas. Las políticas públicas no solo producen resultados directos; también envían señales al mundo. Y cuando se consolida la expectativa de nuevas regularizaciones, se genera un incentivo evidente a la llegada irregular. Ese efecto llamada tiene consecuencias muy reales que, en demasiadas ocasiones, terminan en tragedia en el mar. 

El problema, además, no es solo de control. Es también de sostenibilidad y de convivencia. Un Estado del bienestar que ya afronta tensiones estructurales no puede absorber incrementos de demanda sin planificación ni recursos suficientes. Y cuando la percepción de descontrol se extiende, cuando las reglas parecen flexibles para unos y rígidas para otros, la cohesión social se resiente.  

Frente a esta deriva, deberíamos recuperar una idea básica: firmeza y humanidad no son términos opuestos. Son, precisamente, los dos pilares de las democracias maduras. Proteger las fronteras no implica deshumanizar, del mismo modo que respetar la dignidad de las personas no puede significar renunciar al control. Gobernar la inmigración exige ese equilibrio: reglas claras, cumplimiento de la ley y una integración basada en derechos y deberes. 

En este contexto, la retirada del Estado de funciones clave en Cataluña es, en la práctica, un debilitamiento de las herramientas que garantizan el orden, la seguridad y la igualdad. Y sus efectos, lejos de ser neutros, se traducirán en una mayor fragilidad institucional y, previsiblemente, en mayores tensiones sociales. 

En el fondo, todo remite a una cuestión esencial: un Estado que no controla sus fronteras pierde capacidad de actuación, y una nación que renuncia a decidir sobre aspectos fundamentales de su organización se debilita como proyecto colectivo. Por eso lo que estamos viendo no es solo una política equivocada. Es una profunda irresponsabilidad.