Subamos el IVA turístico 

El titular dice que la economía avanza mejor que la europea; la letra pequeña revela que, desde 2019, el PIB total ha crecido un 6,8% y el PIB per cápita apenas un 3,1%. Producimos más porque somos más gente, no porque cada uno de nosotros produzca más. La AIReF lo cuantificó en diciembre: el 95% del crecimiento español entre 2022 y 2024 se explica por el turismo y la inmigración. Dos variables unidas por el mismo hilo conductor: la necesidad permanente de mano de obra barata para sostener un modelo de bajo precio y alto volumen. 

Ese modelo tiene un cómplice fiscal que rara vez aparece en el debate: el IVA reducido del 10% a los servicios de hostelería, restauración y turismo. Un subsidio implícito que abarata artificialmente el producto, deprime salarios y precios —comer fuera en Barcelona es, a menudo, demasiado barato— y convierte la contratación masiva en la vía de menor resistencia para cualquier empresario del sector, disuadiéndole de invertir en productividad.

La ventaja se amplía si se consideran otros elementos que la refuerzan: el uso intensivo de la figura de los fijos discontinuos y, en muchas comunidades autónomas, programas como el Imserso o los bonos turísticos. El resultado es predecible: salarios bajos, alta temporalidad y una demanda estructural de trabajadores dispuestos a aceptar condiciones que el mercado local rechaza con creciente frecuencia. 

La conexión entre el turismo extensivo y la inmigración de baja cualificación no es un accidente. Cuando un sector opera con precios contenidos —gracias al IVA reducido, pero también porque no asume los costes que traslada a la sociedad en forma de presión sobre infraestructuras y servicios públicos—, su oferta salarial resulta incompatible con el coste de vida del trabajador local. La solución que encuentra el mercado es importar personas dispuestas a vivir en mayor precariedad y con menor capacidad de negociación. Los beneficios quedan en los balances del sector; los costes se socializan en los presupuestos de todos. 

Mientras el turismo de volumen resulte rentable, no existirá ningún incentivo real para escalar hacia una oferta de mayor valor añadido. Y mientras esa lógica persista, la presión sobre el mercado laboral seguirá reclamando una reserva casi ilimitada de mano de obra flexible. Es un círculo vicioso que el IVA reducido contribuye a perpetuar ejercicio tras ejercicio. 

Las simulaciones de Gago et al. (2009) muestran que una subida del IVA turístico del 7% al 16% generaría una reestructuración intensa: la producción y el empleo en hoteles y restaurantes caerían alrededor de un 6%, los precios del sector aumentarían y el turismo se contraería, liberando recursos que se reasignarían hacia otros sectores. El incremento del IVA actuaría así como un mecanismo de reajuste de la especialización productiva. 

La distinción que importa no es entre crecimiento y estancamiento, sino entre dos clases de crecimiento: el extensivo —más personas trabajando en lo mismo, con igual o menor productividad por hora— y el intensivo, en el que cada trabajador genera más riqueza porque el entorno le orienta hacia actividades y empresas de mayor complejidad. 

La OCDE señala que los tipos reducidos aplicados a bares, restaurantes y hoteles generan distorsiones y limitan la recaudación, y recomienda equipararlos con el tipo general del 21%. Subir el IVA al consumo turístico y reducir las cotizaciones sociales a cargo de la empresa es la única reconfiguración fiscal coherente con el objetivo declarado de transformar el patrón productivo. 

Lo demás es retórica. Llevamos años culpando al «modelo» como si nuestras decisiones impositivas no estuvieran en su origen, como si la trampa se hubiera cerrado sola. Decimos querer dejar atrás la economía de camareros y, cada año, renovamos tranquilamente los impuestos que la financian.