El gran expolio silencioso: cuando trabajar financia al Estado más que a ti mismo

“Si una peseta diera cada español para pagar mi deuda…”. Esa fue la ocurrente frase que hizo célebre la gran Lola Flores, la Faraona, cuando una inspección de Hacienda le levantó una importante acta por no ingresar ni hacer las declaraciones de renta de los años 1982 a 1985. Por aquel entonces sí tenía razón Hacienda con eso de que en España se pagaban pocos impuestos. Los pocos medios de la Hacienda de entonces generaban cierta sensación de impunidad. 

Sin embargo, hace unos días, la OCDE publicó su informe anual de Impuestos al Trabajo (Taxing Wages). Mientras el Gobierno insiste en que en España se paga poco, el informe Taxing Wages 2026  -que recoge datos de 2025- ha vuelto a dejar de manifiesto lo que muchos contribuyentes sienten en la nómina pero no siempre saben nombrar: que en este país, trabajar es, ante todo, un acto mayormente de generosidad involuntaria hacia el erario público. 

Los números son los que son y los números no mienten aunque los políticos sí. La llamada cuña fiscal sobre el trabajo refleja el total de impuestos sobre el trabajo pagados por empleados y empleadores, deducidas las prestaciones monetarias recibidas por las familias trabajadoras, expresado como porcentaje de los costes laborales.  

La cuña fiscal alcanzó el 41,4% en España en 2025 para un trabajador soltero y sin hijos con salario medio. La media de la OCDE se situó en el 35,1%, su nivel más alto desde 2016.

Es decir: España supera en 6,3 puntos porcentuales a un club de países desarrollados que ya de por sí no son precisamente paraísos fiscales. Somos el décimo país de la OCDE con mayor presión tributaria sobre el trabajo. Por si alguien necesitaba un podio al que no subirse. 

Lo más llamativo es que esta posición se ha logrado en gran medida no por ningún gran diseño de política fiscal, sino por la más elemental de las perversiones tributarias: dejar que la inflación haga el trabajo sucio. 

Cada céntimo de mejora salarial que los trabajadores arrancaron en los convenios colectivos fue recibido en Hacienda con una sonrisa y un te espero en campaña de renta.

Esto tiene nombre técnico en el informe de la OCDE: fiscal drag, o progresividad en frío. En román paladino: subida de impuestos sin subida de impuestos. La más cobarde de las subidas cual monóxido de carbono, que mata sin darte tu ni cuenta. 

Habría que explicar por qué España grava el trabajo con más intensidad que Francia, Alemania, Japón, Irlanda, Reino Unido, Canadá o EE UU, y ofrece a cambio un gasto en asesores gubernamentales a dedo que son un auténtico escándalo

El Ministerio de Hacienda lleva años negándose a deflactar las tarifas del IRPF. El argumento oficial es que beneficiaría más a las rentas altas.

Es un argumento intelectualmente deshonesto -o simplemente falso- porque la no deflactación perjudica en mayor medida a quienes están cerca de los umbrales de tramo: trabajadores de renta media que, por el mero efecto del tiempo y los precios, cruzan una frontera fiscal sin haber mejorado un ápice su poder adquisitivo real. El Estado los asciende de tramo y se queda con la diferencia. Sin decreto. Sin debate. Sin coste político visible. 

Asimismo, el 60% del resultado bruto de explotación de las empresas va destinado a cumplir con sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social, lo que no parece del todo punto estimulante para el emprendimiento en España. 

Así nos va. Dos tercios de la riqueza que generan las empresas, redistribuidos antes de que sus propietarios vean un euro. Llámalo como quieras, pero a mi me suena a confiscación y como que te quita las ganas de emprender y asumir riesgos. 

Hay quien defenderá que todo esto financia el Estado del bienestar. Es un argumento legítimo, aunque sería más convincente si los servicios públicos funcionaran a la altura de lo que se les exige.

Una cuña fiscal elevada tiende a reducir los incentivos al trabajo y a la contratación, al disminuir el salario neto y aumentar los costes laborales del empleador

Pero incluso aceptando la premisa, habría que explicar por qué España grava el trabajo con más intensidad que Francia, Alemania, Japón, Irlanda, el Reino Unido, Canadá o Estados Unidos, y ofrece a cambio un gasto en asesores gubernamentales a dedo que son un auténtico escándalo, infraestructuras con socavones, listas de espera sanitarias que se miden en meses y un sistema ferroviario que alternativamente se publicita como el mejor del mundo y se cae a pedazos.

La ecuación fiscal exige resultados. No slogans. Haz la prueba y para por la calle a cualquier viandante y pregúntale si está satisfecho con los servicios recibidos del Estado. La respuesta ya la sabemos. 

El informe Taxing Wages 2026 también recuerda algo que los responsables de política fiscal deberían tatuar en algún lugar visible: una cuña fiscal elevada tiende a reducir los incentivos al trabajo y a la contratación, al disminuir el salario neto y aumentar los costes laborales del empleador. 

Esto no es ideología liberal. Es el párrafo de apertura del propio documento de la OCDE. Esa misma OCDE a la que se cita con devoción cuando recomienda medidas redistributivas y se ignora con elegancia cuando señala la penalización fiscal al empleo. 

España lleva veinticinco años en esta senda. Entre 2000 y 2025, la carga fiscal para un trabajador soltero sin hijos ha pasado del 38,6% al 41,4% de los costes laborales; 2,8 puntos porcentuales de incremento acumulado que se explican, en buena medida, por la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF en los peores momentos de la crisis inflacionaria. Una subida encubierta que no aparece en los titulares de los presupuestos pero sí en las nóminas de los trabajadores. 

Podríamos consolarnos pensando que al menos no somos Bélgica -52,5%, el campeón indiscutible de la presión fiscal laboral en la OCDE- ni Alemania -49,3%- ni Francia -47,2%-. Siempre hay alguien peor. Es el consuelo preferido de quienes no tienen argumentos.

La pregunta pertinente no es si hay países a los que podemos mirar desde abajo, sino si el nivel de presión fiscal que soportan nuestros trabajadores está justificado por los servicios que reciben a cambio. Y esa es una conversación que este Gobierno, año tras año, se niega a tener. 

Mientras tanto, la OCDE seguirá publicando sus informes. El Gobierno seguirá diciendo que en España se paga poco. Y los contribuyentes seguirán financiando esa afirmación, puntualmente, cada mes.