El mito del árbitro andaluz
Desde la repartición del Estado autonómico, Andalucía ha procurado jugar un papel de contrapeso entre el levantisco espíritu del norte y la vocación de unidad e igualdad de las regiones menos identitarias. Desde el arranque democrático, simultáneamente, el talento político andaluz ha crepitado en Madrid. Felipe González, Alfonso Guerra y Julio Anguita, por citar tres ejemplos incontrovertibles, filosofaban y conspiraban allí, y cuando Manuel Chaves dejó su ministerio y asumió la presidencia de la Junta entendió el cambio como una degradación, quizás porque efectivamente lo era.
En el Parlamento andaluz hubo buenos diputados, es decir, hubo seso y conocimiento, un horizonte claro y una ética del trabajo casi extinta hoy. IU creó una modesta pero dignísima escuela con Antonio Romero, Luis Carlos Rejón, Pedro Vaquero y Concha Caballero. Desde hace demasiados años predomina el sucursalismo bobalicón.
El Gobierno de Susana Díaz refleja fielmente el promedio de calidad de la bancada socialista: seguidismo, tarifa plana cerebral, telarañas en el currículum, increíbles balbuceos en las comparecencias. Es curioso que ella siga arrogándose el equilibrismo fundacional del pequeño país que maneja. Y lo es porque ningún hecho, ningún hito justifica semejante aspiración.
Las sesiones de control en la Cámara son una plomiza reproducción de la misma escena: Díaz culpa a Madrid (al PP) de los siete males; el PP presume de sus logros (en Madrid) para contrastarlos con el momificado paisaje meridional, taifa del paro, ducado del fracaso escolar. Cuando los equilibrios de poder cambian en la Meseta, los discursos se invierten y al espectador con escrúpulos se le agrandan los ojos y se le achica el alma.
De higos a brevas, la Andalucía de la rosa y los ERE recalca su vocación arbitral. Eh, Cataluña, estamos aquí y no permitiremos desmanes. Nosotros somos el puente amigo que os reconducirá a la pradera del seny. Al árbitro (al mediador, si la terminología futbolera les chirría) se le atribuye en general cierta autoridad, cierto prestigio. No puede tenerlo una Administración que defrauda cantidades millonarias, devuelve fondos europeos por no haberlos utilizado y renuncia a competencias (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) admitiendo con la boca chica su incapacidad ejecutiva y mental. Ahí no hay huellas de estadista.
Lo que el socialismo andaluz demuestra año a año y década a década es que la comunidad no merece autogestionarse. La conquista competencial es un peligro brutal cuando ni siquiera sabes subirte la cremallera. Esa impericia es premeditada: la Junta no quiere una sociedad superior a sus mandamases porque entonces mandarían otros. La Junta quiere copla y toros, romances de la tercera edad, risas histéricas que empujen la razón al último cajón y, sobre todo, lealtades incorruptibles, espíritus de alquiler, mercenarios de las siglas en los medios y las instituciones.
En Andalucía, la mayoría iletrada impone a la minoría urbana y cabal un modelo sedado, adicto a los falsos soles, basado simplemente en mantener las constantes vitales, aceptar la indigencia intelectual como referencia y asumir que el exilio es la única forma de mejorar y expandirse. La culpa no es sólo del régimen. La culpa es de los cómplices, de todos aquellos potentados sin discurso, del férreo corsé del folclore como catalizador social, de esa bajura de miras inyectada al pueblo y apenas repelida por un puñado de marcianos, los lunáticos, los que estúpidamente piensan que esta tierra da para más.
Si en el corazón del PSOE-A quedase algún resto de honestidad, su regalo a esa porción de humanidad que torpísimamente administra sería no un paripé versallesco y floral sino la petición al Gobierno central de que suspenda la autonomía a través del artículo 155 de la Constitución. Así, de paso, inauguramos la praxis.
