¿Francia autonómica?
El primer ministro francés, Manuel Valls, inició su mandato el pasado año presentando un proyecto de ley de reforma territorial. Una batería de propuestas que incluía un cambio sustancial del mapa regional francés: reducir de 22 a 13 el número de regiones. Se trata de la reforma territorial de mayor calado en más de 30 años, desde que el presidente Miterrrand diera carta de naturaleza a las regiones con la creación de los consejos regionales.
Los argumentos de la propuesta eran reducir el gasto público, aumentar las competencias de los consejos regionales y establecer unas regiones con mayor entidad económica y demográfica que las actuales.
Visto desde el sur de los Pirineos se hace inevitable la comparación: ¿sería posible un planteamiento similar en la ordenación territorial de España? ¿Imaginan que el gobierno central pudiera presentar un proyecto que, por ejemplo, planteara la fusión de Galicia con Asturias, Murcia con la Comunitat Valenciana o Catalunya con Aragón? Difícil de imaginar, desde luego. Sin embargo, esto es lo que supone la reforma en curso en Francia: integrar Midi-Pyrénées con Languedoc-Roussillon, Alsacia con Lorena y Champagne-Ardenas o Aquitania con Limousain y Poitou-Charentes –entre otras incluidas en el proyecto de ley–.
Conviene constatar que las regiones francesas fueron concebidas desde París a la periferia y de arriba hacia abajo, como una mera descentralización administrativa de recursos sin mayores competencias políticas. Nada que ver con un reparto territorial de poderes, tal como existe en la República Federal de Alemania, Austria, Bélgica o, incluso, en el modelo autonómico español (aunque aquí haya quien pretenda recentralizar el estado).
Por otra parte tampoco existe en Francia una identidad regional muy acusada. Bretaña, Córcega y Alsacia serían las excepciones más notorias. De ellas, la reforma solo afecta a Alsacia y por ello es la única que se ha movilizado en su contra. Quizás por ello podemos comprender mejor por qué la opinión pública en general no ha expresado una visible oposición al nuevo mapa regional.
En realidad, Francia y los franceses han sido considerados como el modelo de estado-nación por excelencia. Siendo el estado el garante de los derechos de la ciudadanía y la referencia básica y principal de la administración, tanto en la ordenación social como en la territorial.
Por ello, el reto de la nueva ley es conseguir una mayor visibilidad y proximidad de los nuevos poderes políticos regionales, así como disponer de una capacidad efectiva de intervención hacia las demandas y necesidades de sus habitantes.
El mundo global de las sociedades contemporáneas plantea nuevos retos a los que el estado-nación en su concepción clásica carece a menudo de respuesta. Cabe preguntarse, pues, si la reforma regional francesa irá más allá de la mera administración de recursos como hasta ahora o establecerá también capacidades reales para decidir desde el territorio. En definitiva, si se trata de una reforma en profundidad o de una mera operación burocrática.
Por el momento, las regiones en Francia se parecen tanto a las comunidades autónomas como la república francesa a la monarquía española.
