La segunda ola y las otras cuatro crisis del país

Antes del virus, septiembre era el mes de la ‘rentrée’, del retorno del país a su paso habitual. Volvían los veraneantes, se reanudaban el trabajo y la política y, con los niños colocados en los colegios desde mediados de mes, la ciudadanía regresaba –con energía o, al menos, con resignación– a los afanes aparcados durante la canícula.

En medio de una más que accidentada vuelta a cole, comprobamos que este septiembre es tan diferente como lo es la ‘nueva normalidad’ respecto de la vieja. Para reentrar hay que salir antes y en España no hemos salido de nada. Al contrario, seguimos hundidos en un drama poliédrico cuyo final es cada día más difícil de adivinar y cuyas consecuencias serán profundas y duraderas.

La Covid-19 es tan insidiosa para el conjunto de la sociedad como lo es para el cuerpo humano. Se ceba en las patologías subyacentes, sea la debilidad de una persona mayor o las deficiencias de unos políticos que son causa, más que consecuencia, de la polarización que aqueja al país y a sus partes componentes.

Los españoles hemos descubierto que ni siquiera una pandemia que amenaza a todos por igual es suficiente para superar la división y reparar las vías de agua del sistema.

España se enfrenta a una nueva emergencia sanitaria –la segunda ola llegada mucho antes de lo previsto– y a cuatro crisis más: económica, política, social y territorial. Todas ellas derivan de condiciones preexistentes que no se han afrontado, o no se han querido afrontar, que confluyen ahora en el espacio y en el tiempo.

Las flaquezas españolas, muchas de ellas provocadas por una engañosa complacencia (tenemos “la mejor sanidad del mundo”; somos una “potencia turística sin rival…”) se conjuran para crear el reto más grave en varias generaciones. Y por si no bastara, hasta la monarquía se tambalea ante la indignación por las revelaciones, en plena pandemia, sobre la conducta de Juan Carlos I. ¿Será la forma del Estado la próxima crisis en estallar?

Dejación de funciones

A la hora de afrontar los efectos de la Covid, la principal debilidad del país sigue siendo la Sanidad. Pese a la trágica experiencia de marzo y abril, la espiral de rebrotes registrada desde julio indica que los distintos sistemas de salud –salvo, de momento, alguna excepción– continúan, entre incapaces e infradotados, a la zaga de la enfermedad

La caótica situación de Madrid (PP), los episodios registrados en Cataluña (Junts-ERC), Aragón (PSOE), País Vasco (PNV-PSE) y otras comunidades, revelan la laxitud de sus responsables en dotarse de los recursos (refuerzo de plantillas, medios de protección, etc.) imprescindibles para atajar la transmisión comunitaria que los expertos predecían. La temida segunda ola se nos ha arrollado y no distingue entre partidos.

La escasez de ‘rastreadores’ y la tardanza en ejecutar pruebas PCR generalizadas coincide con las consecuencias de levantar las restricciones en una población, particularmente el segmento más joven, ansiosa por recuperar sus ritos más gregarios.

Es curioso comprobar como dos figuras tan opuestas como Ayuso y Torra se comportan de manera parecida cuando ejercen su versión de populismo

Si durante el primer embate, se reveló la fragilidad de la atención hospitalaria, con la llegada de los rebrotes se constata la debilidad de la red de atención primaria. Y la poco menos que criminal dejación de funciones que exhiben algunos gobernantes.

El mando único asumido en marzo por el Gobierno central cometió errores e imprevisiones de grueso calado hasta que consiguió doblegar la expansión de la enfermedad.

Tras el estado de emergencia, y devueltas las competencias a las autonomías, los gobiernos de las comunidades descubrieron la endemoniada dificultad de luchar contra un virus que, según avisó el director de emergencias de la OMS, el doctor Michael Ryan, “no obedece a los patrones de anteriores epidemias”.

El único patrón generalizado que se advierte en nuestro entorno es la utilización de la pandemia para la lucha partidaria y el desgaste entre rivales. Tras sufrir durante meses el asedio inclemente de la oposición conservadora, la coalición gobernante intenta ahora explotar los problemas en comunidades como Madrid y Cataluña por la imprevisión e incompetencia de sus dirigentes.

Es curioso comprobar como dos figuras tan opuestas como Isabel Díaz Ayuso y Quim Torra se comportan de manera parecida –achacar las culpas al gobierno central– cuando ejercen su versión de populismo. El resto de la oposición, por su lado, carga por elevación contra Fernando Simón.

La prioridad no es arbitrar cuanto antes mecanismos que faciliten la actuación coordinada de los 17 sistemas de salud españoles, sino eludir la responsabilidad propia y cargársela al rival.

Campo minado

La Covid no es la causante del marasmo político español, pero lo ha llevado a niveles inusitados. La comisión parlamentaria para la reconstrucción concluyó en la decepción. Nadie habla ya de unos nuevos Pactos de la Moncloa. Parecida suerte corre la cogobernanza que Pedro Sánchez, tan propenso a crear marcos mentales, prometió al entrar en la nueva normalidad.

La primera prueba de fuego del concepto –el reparto de los excedentes de caja de los ayuntamientos– desató una rebelión municipal a la que incluso se apuntaron corporaciones gobernadas por el PSOE y las encabezadas por sus socios de investidura en Euskadi, Cataluña, Galicia y Valencia. Fue la exhibición más notable de acuerdo entre fuerzas dispares de los últimos años y acabó con la mayor derrota legislativa del ejecutivo en el Congreso.

Para Sánchez, la pandemia ha dejado, aparentemente, de ser su mayor prioridad. El presidente sabe que transita por un campo de minas –muchas plantadas por su propio gobierno– para lograr la aprobación de los presupuestos que le permitan agotar la legislatura. El giro hacia Ciudadanos aparece ahora como el Plan B de La Moncloa.

La implosión del turismo ha puesto dramáticamente de manifiesto los estragos causados por la pandemia

Ante el dudoso apoyo de ERC –más preocupado en evitar que el binomio Torra-Puigdemont le robe la cartera–, la pregunta es si Unidas Podemos, al que el caso Kitchen ha aliviado de la presión de los casos Dina y Calvente, llevará su veto Ciudadanos hasta sus últimas consecuencias.

El partido de Inés Arrimadas, con su discurso actual, es la opción que prefieren los empresarios, Nadia Calviño y las autoridades de Bruselas en lugar de una repetición de la mayoría de investidura. Si Pablo Iglesias fracasa en ese afán, se vería abocado a salir del gobierno y provocar su caída.

Pero el poder –lo que él llama la “capacidad de influir decisivamente”– favorece las racionalizaciones. La apuesta de Sánchez es que Iglesias racionalizará cuanto sea necesario para seguir siendo vicepresidente.

Otra crisis potenciada por la pandemia es la territorial. Las incongruencias afloradas durante el estado de emergencia han resaltado las ineficiencias de la organización autonómica tan eficazmente como lo ha hecho el desafío independentista catalán.

La urgencia ya no es impedir que se rompa España –algo que Carles Puigdemont y Torra saben que no van a lograr– sino abordar las deficiencias de un modelo que limita la capacidad de enfrentar retos como el de coronavirus y la enorme tarea de recuperación que tenemos por delante.

Pero las crisis más inmediatas y dañinas son la económica –principalmente el modelo productivo y la política fiscal– y su derivada social, que auguran un prolongado sufrimiento (desempleo, precariedad, aumento de la pobreza) para amplias capas de la población. La implosión del turismo ha puesto dramáticamente de manifiesto los estragos causados por la pandemia.

Es imprescindible afrontar todas las crisis a la vez, pero nadie sabe cómo hacerlo

No solo se han perdido los meses del confinamiento; la tenue recuperación que se esperaba al inicio de la ‘nueva normalidad’ se ha evaporado con la cascada de restricciones para viajar a España que han ido imponiendo los principales países emisores: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia… El descrédito es generalizado: la marca España ha resultado tener los pies de barro.

Quedan por delante años de dificultades para las que España está peor preparada que sus vecinos comunitarios, como ha alertado durante tres meses consecutivos la OCDE y, en los últimos días, el Banco de España. Los 140.000 millones de euros aprobados en la última cumbre europea serán un alivio. Pero, a su vez, impondrán un programa de inversiones y reformas (pensiones, industria, transición energética y digital) cuyo cumplimiento augura nuevos episodios de contestación social y de competencia entre autonomías.

La realidad es implacable y el futuro será duro. Es imprescindible afrontar todas las crisis a la vez, pero nadie sabe cómo hacerlo.

Este artículo es una actualización del original publicado en la revista Inversión, del Grupo ED, el pasado 14 de agosto.