Política industrial, hoy
El discurso sobre la industria está en boca de todos, pero ¿realmente queremos decir todos lo mismo? Cuando nos referimos a la política industrial hoy, ¿estamos pensando en la agenda de la U.E. 20/20? ¿O por el contrario nos fijamos en la política francesa en Alstom y Peugeot o en la pérdida del control de Endesa?
¿Creemos firmemente que las políticas transversales favorecen la competencia y, en consecuencia, se asignan mejor los recursos y se fortalecen las empresas u observamos con estupor el «desierto» industrial británico?
¿Somos conscientes de que la competencia internacional entre continentes –con estructuras de propiedad muy distintas– se ha exacerbado o creemos que todavía existen muchas prácticas «nacionalistas»?
Son preguntas retóricas, está claro, pero convendría intentar ponernos al día de por dónde irá la economía ahora que todos, incluso la U.E., creen que hay que hacer algo con la industria. Es un concepto, por otro lado, que no cuenta con una definición unánime. Algunos la circunscriben a la actividad manufacturera, a las actividades repetitivas, otros incluyen los servicios industriales y otros los externalizados.
La definición precisa sería el problema menor. La verdad es que mientras la Comisaría de la Competencia en la U.E. intenta impedir las concentraciones que dificultan la competencia, la globalización ha puesto patas arriba la organización económica basada en los Estados. Ahora hablamos de zonas económicas a escala mundial, de los tratados de libre comercio, de la máxima liberalización del comercio con el tratado USA-Europa en discusión.
Sin embargo, los gobiernos de los Estados se deben a sus electores en el corto plazo, y a la defensa de los sectores clave, que tienen un papel relevante en la independencia de la sociedad industrial. Éste sería el reciente caso de la compañía Alstom y el menos reciente de la compañía Peugeot en Francia.
El Gobierno francés ha utilizado todo su poder para conseguir mantener un cierto control comprometiéndose en participaciones accionariales relevantes. En el primer caso, desbaratando una toma de control de Alstom –facturación de 24 millones anuales, con presencia importante en energía, transporte (TGV), redes etc– por parte del gigante americano General Electric.
Se trata de una operación muy compleja pero, por lo que parece, llevada a cabo sin complejos por el gobierno socialista alegando interés nacional, «símbolo de la potencia industrial e ingenio francés». El Gobierno francés se ha convertido en socio de G.E. para estar presente en los órganos de dirección de la compañía.
Lo mismo pasó en Peugeot hace unos meses cuando el socio chino tomó una posición relevante, debido a la debilidad de la familia de control histórico. En los dos casos el estado francés puso dinero público suscribiendo acciones, además del compromiso permanente de aportar constantes ayudas en forma de I D.
El Estado francés continúa participando en gran cantidad de empresas francesas más o menos estratégicas y esto parece no altera las condiciones de la competencia.
Alemania tiene otros mecanismos para proteger su industria, pero el Reino Unido se ha quedado prácticamente sin industria manufacturera autóctona, y, en España nos hallamos en un mar de dudas.
Sectores enteros pueden quedar expuestos al «tiburoneo» global cuando Basilea III dificulte las tomas de participación de la banca. Los pasos que da Francia para proteger su industria sin rubor, con un fuerte relato de su ministro de Industria Montebourg, es un inicio de un camino que parece va a seguir Italia con Matteo Rienzi.
Vemos que cuando discutimos de política industrial, una cosa son las competencias que los gobiernos o la U.E. tienen en esta materia, que serán más o menos, y otra muy distinta es la actitud y la fuerza que emplean para dirigir el curso y la protección de su industria, si se trata de lo que llaman intereses nacionales. Se trata de una expresión en desuso durante mucho tiempo.
En España podemos aportar dos ejemplos de esta «actitud» industrial. El primero es la «actitud» respecto de la toma de control del líder eléctrico Endesa. Por un lado, se trató como un «negocio». Todos compraban y vendían para ganar dinero, olvidándose por completo que se trataba de un sector regulado que la Administración «determina» el resultado de la compañía y, además, de interés nacional.
Es verdad que se produjo en un contexto determinado durante el mandato del PP y de una empresa catalana como potencial compradora. Pero ahora ya podemos evaluar el resultado de la operación, ya que tenemos suficiente perspectiva.
Iberdrola ha superado a Endesa en todos los registros, y ésta ha dejado de invertir -es verdad que a Enel le costó muy cara la adquisición- y ha dejado de suministrarse de proveedores españoles.
El otro ejemplo es mucho más local, menos relevante en términos económicos, pero responde también a esta falta de actitud de la Administración catalana ante fenómenos en los que no tiene competencias, es cierto, pero sí debería tener, como mínimo, criterio, y se le debería exigir un posicionamiento más explícito.
Se trata del tema del tamaño empresarial. Todos coinciden que las empresas catalanas tienen que ir adquiriendo más dimensión en un contexto cada vez más global. Y la Administración debería estar a favor de las fusiones y mostrar «mala cara» frente a las escisiones y pérdidas de tamaño de empresas relevantes catalanas.
Este posicionamiento frente al hecho industrial, como es la búsqueda de tamaño, también es política industrial y sin coste.
