Políticos y empresas: una convivencia desvergonzada
A los populares Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte les han pillado con las manos en la masa. Se ha descubierto que percibían sueldos suculentos por asesorar a una constructora que vive de la obra pública. El asunto destila el habitual hedor de la corrupción.
Trillo ingresó 9.000 euros al mes durante casi tres años. Pujalte, 5.000 eurillos mensuales durante algo más de un año. En ese tiempo, no presentaron un solo papel. Se limitaron a ilustrar a su benefactora por vía verbal.
Esta insólita práctica de la consultoría sin documento alguno de por medio, está ya muy sobada. Recuerda punto por punto el escándalo de las deslocalizaciones de empresas en el que Oriol Pujol Ferrusola está enfangado hasta el cuello. Su esposa giró centenares de millares de euros por unos informes de boquilla, justo después de que los amiguetes de Oriol se forraran con la tocata y fuga de Sony, Sharp y Yamaha.
Lo más llamativo del dúo Trillo-Pujalte es cómo trata de justificarse ante la opinión pública. Trillo, embajador de España en el Reino Unido, se indignó por el hecho de que los medios divulgaran su martingala, y poco más. Martínez Pujalte, diputado del Congreso, recorrió las cadenas de televisión aseverando que sus cobros son «legales», porque tiene la venia del parlamento, si bien reconoce que no son «éticos». Tras ese desahogo, ambos se han quedado tan anchos. Lejos de dimitir, siguen embolsándose sus sueldos oficiales.
Este tándem no ha usado las llamadas «puertas giratorias«. Es decir, no ha dejado la política para entrar sin solución de continuidad en algún consejo de administración excelentemente retribuido. Lo suyo es mucho más grave: mientras uno y otro continúan entregados de lleno a la política, ya están pasando el cazo a las empresas sin rubor alguno.
Las «puertas giratorias» han dado mucho juego en los últimos tiempos. El sector donde más abundan, con enorme diferencia, es el energético. Ahí van unos cuantos ejemplos. Desde 2009 se sienta en el consejo de Endesa el ex diputado Miquel Roca Junyent, titular de un bufete jurídico que se ha erigido en rey de reyes del tráfico de influencias al por mayor.
Roca forma parte del órgano de gobierno de la constructora ACS, controlada por su íntimo Florentino Pérez. Así mismo, es secretario de los consejos de Banco Sabadell, Abertis y Aguas de Barcelona. Roca recibió el año pasado 245.000 euros de Endesa. Esta compañía también tuvo en nómina, hasta 2014, al ex presidente del Gobierno José María Aznar.
A su vez, Ignacio Sánchez Galán, mandamás de la eléctrica Iberdrola, nombró miembro del consejo a Ángel Acebes, ex secretario general del PP y ex ministro de Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior. Acebes se lleva al zurrón 300.000 euros anuales.
La petrolera Repsol tiene de máximo ejecutivo a Josu Jon Imaz, ex presidente del PNV y ex consejero de Industria del Gobierno vasco; y de vocal del consejo a Luis Carlos Croissier, ex ministro de Industria y ex presidente de la CNMV con Felipe González. Imaz devengó el año pasado en Repsol 2 millones de euros y Croissier, 300.000.
Por último, es de citar Gas Natural, en cuyo consejo está el ex presidente Felipe González, con una recompensa de 127.000 euros.
Para el común de los mortales resulta impactante el despliegue de tantos prebostes de la política en los colosos de la energía, todos ellos dependientes de la tarifa regulada del BOE.
España sufre una de las gabelas eléctricas más caras de Europa. Gracias a ellas, las empresas de la luz y el combustible alcanzan beneficios siderales año tras año. Y pese a ellos, cada ejercicio emerge un supuesto déficit tarifario, reconocido por el Gobierno, que se carga al recibo mensual de los ciudadanos.
Como el desfase embalsa cantidades enormes, los Gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy no dudaron en traspasar la losa a las generaciones futuras, y allá se las compongan. En estos momentos, el saldo asciende a 30.000 millones. Huelga decir que la devolución de semejantes caudales se dilatará durante varias décadas.
Algo parecido ocurrió con la moratoria nuclear, decretada por Felipe González en 1984. La última factura se liquidará el próximo mes de octubre. En esos 31 años, los abonados habrán satisfecho a las sociedades suministradoras más de 4.400 millones de euros.
A la vista de semejante desbarajuste, es lícito plantear si hay alguna relación espuria entre esas sumas gigantescas y la abundosa presencia de políticos de nota en la cúpula de las compañías energéticas.
