¿Qué hacer con los afianzamientos personales de los empresarios pequeños?

Leemos en los periódicos: «El Fondo Monetario Internacional apremia a España a mejorar la ley concursal para salvar a pymes y autónomos». Quizá recordarán los lectores asiduos a esta columna de los lunes que el 5 de enero de este año titulaba Juzgados que salvan empresas o jueces que crean empleo donde clamaba por buscar una solución más adaptada a la realidad empresarial. En especial, para pymes y autónomos.

Decía que algunos juzgados de lo mercantil de Barcelona habían impulsado un procedimiento conocido como «venta de unidades productivas» cuando una empresa entra en insolvencia, a fin de conservar empleo y tejido productivo. Y que me parecía una idea excelente.

El 9 de marzo volví sobre el tema de la financiación empresarial con el artículo titulado ¿El Gobierno afronta, por fin, una reforma de verdad?.

Han pasado unos meses y la realidad empresarial no mejora de manera sensible. Quizá en nuestra ingenuidad esperábamos demasiado de las «grandes» reformas, cuando habría que poner más atención en el cómo, que en los principios generales. Ni el crédito fluye de forma clara en condiciones y precios ni las empresas dejan de caer en concurso.

Observamos que existen dos mundos. Uno, el de las empresas medianas y, sobre todo, las grandes. Se defienden moderadamente bien, pueden contratar asesoramiento de nivel, los bancos les tratan relativamente mejor que a las pequeñas y están más internacionalizadas. En definitiva, tienen más capacidad de maniobra y resistencia; lo que llamamos más pulmón.

El otro lado, está formado por las pymes. La crisis las ha empujado a una lucha de resistencia para sobrevivir. La mayoría de ellas nacen y desaparecen con bastante facilidad, pero existe un fuerte núcleo que hacen frente a la crisis con el sacrificio de sus empleados y con el compromiso patrimonial del empresario. No quieren desaparecer sin luchar porque confunden una actividad económica con su propia vida y se juegan todo lo que tienen –para desesperación de sus familias– a que les vaya bien su negocio.

Estos son los miles y miles de casos que la nueva legislación concursal, por un lado, y la de refinanciación, por otro, no contemplan. Algún cínico podría decir que si no pueden seguir que cierren, que otros nacerán. Que si no han sido capaces de sobrevivir es que no estaban preparados para la economía moderna. El tema no es tan sencillo.

Sin dejar de reconocer que muchas pymes no tienen las condiciones necesarias para competir, hay que señalar algunos defectos de nuestro sistema que sería mejor corregir porque no todas empresas pueden ser grandes.

La gran mayoría de pymes se desarrollan en un caldo de cultivo muy reducido y muchas veces hostil. Muchas son autoempleo. Es decir, no tienen otra opción. Otras son, simplemente, una externalización de las medianas y las grandes. Es una forma de poder ser más flexible, de tener menos ataduras. Existe un tercer grupo: los servicios profesionales. Todas ellas tienen en común que carecen de la más mínima protección e igualdad de oportunidades. Dependen de que sus clientes les paguen a tiempo, de que las administraciones públicas no las discriminen, de que puedan contratar buenos asesores, etc.

Pero, sobre todo, dependen del crédito, del circulante que les suministran los bancos. Y aquí están vendidos. La banca no tiene tiempo, ni capacidad ni mucho interés en analizar a este tipo de empresas pequeñas, de conocer qué riesgo puede tener con ellas. En consecuencia, piden garantías fuera del negocio que financian. Y los empresarios se las dan porque creen en su negocio, porque siempre ha sido así y es la costumbre.

¿Es esta una peculiaridad española? Pues diríamos que sí. En el citado informe del FMI se dice que el procedimiento concursal español no está pensado para las microempresas (con menos de 10 empleados), la mayoría de un solo propietario donde se mezclan los activos empresariales y los personales, lo que lleva a sus acreedores a tomar en prenda activos de propietarios y profesionales.

Además, si el procedimiento concursal garantizara mínimamente que el deudor del concurso quedara libre de cargas, todavía tendría algún atractivo acogerse al mismo. Pero, en realidad, sólo puede librarse de proveedores –a costa de perder el prestigio– porque los bancos han trabado previamente garantías personales y las deudas con Seguridad Social y Hacienda «no se perdonan». En teoría, las administraciones públicas, con dinero público, no pueden transar ni, por supuesto, conceder quitas.

¿Qué utilidad tiene para el empresario pequeño acogerse al concurso? Parece llegado el momento de buscar soluciones a estos empresarios.

Jueces de los mercantil (que tiene que afrontar cada día el problema), los interventores concursales, profesionales de la reestructuración empresarial, las asociaciones de empresarios y profesores e intelectuales debaten cómo reformar el sistema. Casi todos se inclinan, en primer término, en revisar los afianzamientos concedidos por si pudieran ser desproporcionados y poder salvar algunos casos. Por otro lado, buscan la fórmula que restrinja el prestar garantías fuera del negocio.

Se cree que con el actual sistema no se puede continuar por, como mínimo, ineficaz, sin entrar en otras consideraciones morales. Si este nuevo escenario fuera factible, muy probablemente muchos empresarios se quedarían sin financiación, pero también la banca debería buscar otros mecanismos para no perder el colectivo de clientes de los empresarios pequeños. Porque, en definitiva, le dan mucho volumen y buenas condiciones. El primer banco que se adelante, tendrá mucho ganado.