¿Sánchez quiere cambiar de régimen? 

Hay momentos en la política en los que determinadas maniobras dejan de parecer simples maniobras y empiezan a adquirir una dimensión mucho mayor. España atraviesa uno de esos momentos. La relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Corona lleva tiempo acumulando episodios de tensión, desencuentros, declaraciones equívocas y gestos políticos cuya interpretación admite distintas lecturas. Pero la pregunta empieza a imponerse por sí misma: ¿se está produciendo algo más que una discrepancia institucional entre La Moncloa y Zarzuela? 

No hay, por ahora, ninguna evidencia pública que permita afirmar que Pedro Sánchez haya decidido promover la instauración de una República en España. Tampoco existe una iniciativa gubernamental formal en ese sentido. Pero la política no se hace únicamente mediante proyectos de ley. También se hace mediante símbolos, silencios, gestos, alianzas, discursos y, sobre todo, mediante la selección de los conflictos que se decide alimentar. 

Y es precisamente ahí donde aparece una cuestión políticamente incómoda. 

La Corona, que la Constitución de 1978 configura como institución esencial del Estado, parece encontrarse cada vez más expuesta a una dinámica de confrontación política. El episodio de Ceuta ha sido particularmente revelador. Durante el verano de 2026 se produjo una controversia en torno a una eventual visita de Felipe VI a la ciudad autónoma, mientras desde el Gobierno se insistía en que la Casa Real es «dueña de su propia agenda».  

La cuestión no es solamente quién decide una visita del Rey. La cuestión política es qué mensaje transmite una situación en la que la agenda del jefe del Estado termina convirtiéndose en materia de disputa pública entre el Gobierno y la Casa Real. 

A ello se han añadido declaraciones de miembros del Ejecutivo que han contribuido a elevar la temperatura. El ministro Óscar Puente llegó a reivindicar públicamente su «alma republicana» y criticó al Rey a raíz de una fotografía en Colombia, mientras posteriormente otros miembros del Gobierno se distanciaron de aquellas palabras.  

Una declaración aislada puede ser eso: una declaración aislada. Varias, producidas en un contexto de creciente tensión, empiezan a formar otra cosa: un clima político. 

Y el problema es que la Corona no es una institución cualquiera. 

En una monarquía parlamentaria, el Rey no gobierna, no dirige el Ejecutivo y no dispone del poder político que corresponde al Gobierno. Su función es precisamente otra: representar la continuidad del Estado, ejercer las competencias constitucionales que le corresponden y situarse por encima de la disputa partidista. Por eso, cuando la institución que encarna la Jefatura del Estado entra progresivamente en el debate partidario, lo que se deteriora no es solamente la relación personal entre Pedro Sánchez y Felipe VI. Se pone bajo presión una determinada arquitectura institucional. 

La relación entre ambos nunca ha sido especialmente fluida. Distintos episodios desde la llegada de Sánchez a La Moncloa han alimentado la percepción de una relación distante entre el presidente y el Rey, y la polémica de Ceuta ha vuelto a colocarla en el centro del debate.  

Pero existe una diferencia sustancial entre una relación fría y una estrategia de confrontación. 

La primera puede ser una circunstancia personal o política. La segunda tendría consecuencias sobre el régimen. 

Y aquí aparece la verdadera incógnita. 

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez? 

El presidente ha demostrado durante años una extraordinaria capacidad para sobrevivir políticamente en escenarios que, en otros momentos, habrían parecido inviables. Ha construido mayorías parlamentarias complejas, ha pactado con fuerzas ideológicamente muy diferentes y ha convertido la supervivencia parlamentaria en una forma particularmente sofisticada de ejercicio del poder. 

Entre sus apoyos se encuentran formaciones que mantienen posiciones republicanas y partidos independentistas cuya relación con la arquitectura constitucional española es, cuando menos, profundamente crítica. Esa realidad no significa que exista un acuerdo para abolir la Monarquía. No existe evidencia pública suficiente para sostenerlo. Pero sí significa que, si algún día el debate sobre la forma de Estado adquiriese dimensión política real, Sánchez no estaría rodeado precisamente por fuerzas hostiles a esa discusión. 

Y ahí reside uno de los elementos potencialmente más delicados del escenario. 

Porque una cosa es que los republicanos españoles defiendan legítimamente sus convicciones políticas y otra muy diferente es que la cuestión de la forma de Estado sea incorporada como instrumento de negociación coyuntural entre fuerzas parlamentarias. 

La Monarquía parlamentaria fue una de las piezas fundamentales del pacto constitucional de 1978. Alterarla no sería comparable con modificar una política fiscal, cambiar una ley educativa o sustituir un ministro. Significaría abrir una discusión sobre el propio régimen constitucional. 

Por eso resulta preocupante que la Corona pueda convertirse progresivamente en un campo más de batalla partidista. 

También porque existe una tentación política muy antigua: cuando un Gobierno afronta dificultades importantes, elevar la intensidad del debate público hacia terrenos simbólicos donde las posiciones se radicalizan y las emociones sustituyen a la discusión sobre los problemas concretos. 

España no carece precisamente de esos problemas. 

La economía, la vivienda, la inmigración, la seguridad, la situación fiscal, la productividad, la competitividad, la financiación autonómica, la cuestión territorial y los numerosos episodios de desgaste político del Gobierno constituyen asuntos suficientemente graves para ocupar la agenda nacional. 

En ese contexto, la discusión sobre Monarquía o República puede convertirse —deliberada o simplemente como consecuencia de la dinámica política— en una formidable cortina de humo. 

No sabemos si esa es la intención de Sánchez. 

Pero sí sabemos que existe esa percepción en parte de la opinión pública. Una encuesta realizada por SocioMétrica a principios de septiembre de 2026 encontró que el 64% de los encuestados interpretaba que Sánchez pretendía abrir el debate Monarquía-República para desviar la atención de otros problemas del Gobierno. Es importante señalar que se trata de una medición de opinión y no de una prueba sobre las intenciones reales del presidente.  

Y esa distinción es fundamental. 

En democracia, las intenciones no se presumen: se acreditan. 

Por eso sería precipitado afirmar que Sánchez quiere una República. Pero sería igualmente ingenuo ignorar que la cuestión republicana forma parte del universo político de algunos de sus aliados y que determinadas declaraciones provenientes del entorno gubernamental han introducido una tensión adicional alrededor de la Corona. 

El problema podría ser otro: que nadie controle ya completamente la dinámica que se está creando. 

La política tiene una característica peligrosa: las estrategias diseñadas para controlar una agenda pueden terminar liberando fuerzas que después resultan difíciles de controlar. 

Un Gobierno puede utilizar una cuestión institucional para movilizar a sus apoyos, presionar a la oposición o cambiar el centro del debate. Pero, una vez abierta una cuestión como la forma de Estado, ya no controla necesariamente quién participa, qué reivindicaciones aparecen ni hasta dónde llegan. 

Los sectores republicanos más radicales podrían intentar llevar el debate mucho más lejos. Los partidos independentistas podrían utilizarlo para reabrir simultáneamente sus propias cuestiones sobre el modelo territorial. La izquierda más radical podría plantear la sustitución de la Monarquía por una República como condición de una nueva arquitectura constitucional. 

Y entonces la cuestión dejaría de ser Sánchez. 

Pasaría a ser España. 

Porque la pregunta ya no sería qué quiere hacer el presidente del Gobierno con la Corona, sino qué tipo de régimen quieren construir las fuerzas políticas que eventualmente pretendiesen sustituir el actual. 

Ese es el verdadero riesgo. 

España conoce demasiado bien el precio de convertir las cuestiones de régimen en trincheras irreconciliables. Casi un siglo después de la Guerra Civil no parece prudente jugar irresponsablemente con los fantasmas de la ruptura institucional. La España de 2026 no es la España de 1931 ni la de 1936. Su sociedad, sus instituciones y su marco europeo son completamente diferentes. Pero la historia demuestra que los conflictos políticos adquieren una dinámica propia cuando se transforman de debates sobre políticas públicas en disputas sobre la legitimidad del sistema. 

Pedro Sánchez ha demostrado que sabe jugar con el tiempo

La Constitución puede reformarse. La Monarquía puede ser discutida. La República puede defenderse democráticamente. Todo ello forma parte de la libertad política. 

Lo que debería evitarse es otra cosa: convertir la forma del Estado en una herramienta coyuntural de supervivencia parlamentaria. 

Porque entonces el precio de la maniobra puede ser muy superior al beneficio inmediato. 

Pedro Sánchez ha demostrado que sabe jugar con el tiempo. Ha sobrevivido a situaciones que parecían políticamente terminales y ha convertido muchas veces la incertidumbre en un instrumento de poder. Pero el tiempo también tiene una segunda característica: termina siempre. 

Y quizá esa sea hoy la cuestión que más preocupa al presidente. 

¿Qué ocurrirá después de Sánchez? 

Mientras está en La Moncloa, puede controlar buena parte de la agenda política, negociar mayorías y administrar los tiempos. Pero ningún presidente es eterno. La verdadera prueba de un proyecto de poder no consiste solamente en saber llegar al poder o permanecer en él. Consiste en saber qué queda cuando uno se marcha. 

Si detrás de la actual confrontación existe únicamente una sucesión de episodios circunstanciales, el tiempo terminará por disiparlos. 

Si, por el contrario, existe una estrategia más profunda de transformación de la relación entre Gobierno, Corona y régimen constitucional, entonces España podría estar entrando en una etapa de consecuencias imprevisibles. 

Y precisamente por eso conviene mirar más allá de las declaraciones, de las polémicas del día y de las provocaciones de las redes sociales. 

Porque quizá la pregunta decisiva no sea si Pedro Sánchez quiere una República. 

Quizá sea mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más inquietante: 

¿Está dispuesto a abrir una puerta que, una vez abierta, nadie pueda volver a cerrar? 

En política, como en la historia, algunas puertas no se abren sin consecuencias. 

Y la puerta de la forma de Estado conduce directamente al corazón del régimen constitucional.