Prometer pisos es gratis; tramitarlos, no

El Gobierno de Cataluña se comprometió a construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030. Ha pasado cerca de un tercio del calendario y el sector constructor solo identifica unos 3.000 pisos en licitación o adjudicación, un 6% del objetivo. Las cifras oficiales son mayores, pero suman adquisiciones de vivienda ya construida y otros instrumentos que no son obra nueva.

La explicación cómoda –que falta presupuesto o voluntad política– no encaja con lo que se observa. El dinero estaba consignado y la prioridad se proclamó en rueda de prensa. Lo que falla está aguas arriba del edificio: suelo finalista, licencias, plazos de tramitación y empresas con capacidad para ejecutar.

De ahí se deduce algo que el debate catalán suele esquivar: cuando la restricción está antes del proyecto, un objetivo público ambicioso no añade oferta, solo reasigna el turno de una cola que no crece. Ese 6% de ejecución dice menos sobre el empeño del Govern que sobre la capacidad del sistema que debía ejecutarlo.

Aunque el plan se cumpliera entero, la aritmética seguiría sin salir. Según el informe anual de la economía catalana que publica el Departament d’Economia i Finances, entre 2019 y 2025 Cataluña ganó unos 150.000 hogares mientras los certificados de final de obra registraban unas 55.000 viviendas, de modo que la obra nueva cubrió poco más de un tercio del aumento de la demanda. En el conjunto de España el patrón se repite con más crudeza: en 2025 se formaron 240.000 hogares y se no añade oferta. Reasigna turno. equivalen a unas 8.300 anuales, es decir, a duplicar todo lo que hoy se construye. E Incluso con ese milagro administrativo, faltarían del orden de 7.000 viviendas cada año, sin tocar el atasco heredado.

Por eso el grueso del ajuste tendrá que salir de la promoción privada: la producción pública nunca ha alcanzado en Cataluña un volumen comparable al de la formación de hogares y nada apunta a que vaya a lograrlo esta década.

El argumento más sólido a favor del plan de vivienda pública tiene que ver con el tramo de renta: hay hogares a los que el mercado no llega y para los que la vivienda pública es la única puerta de entrada. Viena suele citarse como prueba, pero Viena no llegó a su parque social decretando una cifra a seis años; lleva un siglo comprando suelo antes de necesitarlo y resuelve licencias en plazos que en Barcelona parecerían ciencia ficción. De ese modelo se ha importado el titular y no el método.

Si el diagnóstico es correcto, las medidas útiles son aburridas y verificables: calificar y urbanizar suelo con plazos ciertos, extender la declaración responsable con control posterior, recortar la discrecionalidad municipal en la fase final del expediente y publicar un registro –expediente, municipio, unidades, fecha de adjudicación– que permita saber cada trimestre cuántas viviendas entran y salen de la cola, sea quien sea el promotor. Mientras la cola no se mueva, los hogares seguirán creciendo más deprisa que los edificios. 3.000 viviendas no nos llevan a ninguna parte.