El vuelco electoral en España amenaza la aplicación de la Ley de Vivienda
El posicionamiento contrario del Partido Popular a la Ley de Vivienda genera incertidumbre sobre su futuro y crea un mercado de alquiler "de dos velocidades"
El Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Vivienda el pasado 27 de abril. Foto: Freepik.
Tras las elecciones autonómicas y municipales celebradas recientemente en España, se ha producido un vuelco electoral que puede tener importantes repercusiones en la aplicación de la Ley de Vivienda. El Partido Popular ha conseguido gobernar en numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas, y este partido político se ha posicionado en contra de dicha ley.
El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, ha expresado su preocupación y ha planteado la posibilidad de que la Ley de Vivienda sea derogada por completo si el Partido Popular logra llegar al poder en las elecciones generales convocadas para el próximo 23 de julio. Esta situación plantea incertidumbre sobre el futuro de la ley y sus medidas, incluyendo la aplicación de las zonas tensionadas y la limitación de las rentas de alquiler.
En aquellas comunidades autónomas donde la Ley de Vivienda sí podría aplicarse, la ANA advierte que podría desplazar la inversión de promotores e inversores hacia aquellas regiones donde no se impongan límites a la inversión en alquiler, creando así una España «de dos velocidades» en términos de políticas de vivienda.
«Lo que es inaudito es que el mercado del alquiler en nuestro país tenga que estar pendiente de los resultados electorales para saber si un propietario puede o no poner con seguridad y tranquilidad su vivienda en alquiler», añade.
La ANA también destaca que esta incertidumbre está afectando tanto a inquilinos como a propietarios, y está teniendo un impacto negativo en el mercado de alquiler, reduciendo la oferta de viviendas y dificultando el acceso a la vivienda.
Es importante recordar que la Ley de Vivienda entró en vigor recientemente, justo dos días antes de las elecciones autonómicas y municipales. Sin embargo, algunas disposiciones, como los incentivos fiscales que se aplicarán en el IRPF a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, entrarán en vigor el 1 de enero de 2024.
