Constantí reclama sus derechos en la incineradora Ecoparc

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La privatización reducirá la aportación de la planta de reciclaje a la localidad de 264.000 euros a 64.000

10 de enero de 2013 (21:26 CET)

El silencio con que se ha llevado a cabo la privatización de la incineradora Ecoparc --destapado por Economía Digital-- ha cogido por sorpresa a la localidad de Constantí. Los regidores del ayuntamiento tarraconense han estado trabajando de urgencia para elaborar un texto que defienda sus derechos sobre la planta de tratamiento de residuos industriales especiales frente a la inminente venta de las acciones de la sociedad por parte de la Generalitat. Fuentes del consistorio indican que la localidad podría pasar de recibir los 264.000 euros anuales con lo que cuenta actualmente a 64.000, tal y como se estipula en el pliego de condiciones de la adjudicación.

Constantí recibe 64.000 euros anuales en concepto de consumo eléctrico en el polígono industrial, además de cinco euros por tonelada incinerada --al año, se estima que las arcas municipales ingresan 200.000 euros--. Sin embargo, el pliegue de condiciones que el departamento de Territori i Sostenibilitat ha hecho público sólo contempla el pago de 64.000 euros anuales con un máximo de cinco años por parte de la empresa que resulte ganadora de la adjudicación.

Rescisión de contrato a Grescat

Por ello, el Pleno del Consistorio se reúne mañana en sesión extraordinaria para acordar por unanimidad de todos los grupos --incluido CiU-- una moción que defienda la posición de Constantí frente a los futuros intereses del sector privado. Además, la población también espera que se mantengan los controles de la Generalitat y la Universitat Rovira i Virgili.

La privatización de la incineradora, que se debería completar en el primer trimestre del año, también supondrá la rescisión de la concesión de gestión que la Generalitat otorgó a la UTE Gestió de Residus Especials de Catalunya S.A. (Grecat), conformada por Comsa Emte, Ecocat y Basf. Por ahora, la Agencia de Residuos de Catalunya no ha hecho pública la indemnización a las compañías que operan la planta.

La privatización

La Generalitat, propietaria del 100% de las acciones del Ecoparc, ha puesto precio al activo en un mínimo de 42 millones. Sin embargo, los sucesivos ejecutivos han invertido casi 100 millones de euros desde su puesta en marcha a mediados de la década de los noventa.

La privatización silenciosa ha llevado a ICV a presentar una batería de preguntas en el Parlament. Por su parte, el PSC hará lo propio la semana que viene, además de incluir una proposición no de ley con el objetivo de frenar la venta o de forzar al Govern a crear una empresa mixta con un 51% de las acciones en manos públicas.
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