El timo de la estampita en las subastas judiciales

La Audiencia de Barcelona ha condenado a unos estafadores que «con ánimo de enriquecerse y de inducir a error a las futuras víctimas convencidas de la realidad de lo propuesto» idearon un plan mediante el cual ofrecía la adquisición de viviendas de una pública subasta, a un precio muy bajo.

Realizaba unos listados de (supuestas) viviendas, que no estaban sujetas ninguna de ellas a procedimiento judicial alguno. «Realizó o hizo realizar documentos de pre adjudicación de dichas inexistentes viviendas, supuestamente emitidos por los juzgados de primera instancia de esta ciudad, números 9, 20 y 55, resultando todo ello falso», señala la sentencia a la que ha tenido acceso Economía Digital.

Penas de seis años

La sección séptima de la Audiencia ha impuesto a los acusados Marcos José Ribeira y Juan Cañellas Sánchez unas penas de seis años de cárcel por estafa y falsificación. Según esta resolución judicial, entre el 2007 y el 2008 ambos ofrecieron estas viviendas -que en realidad no existían- a diversas personas. En total, hay 70 personas afectadas.

El modus operandi era el siguiente. Decían a sus víctimas que era una operación rentable y segura dado que gracias a una persona del juzgado a la que tenían en nómina conseguían pisos en subasta a precios irrisorios.

Tan estafados como listillos

La sentencia insiste en que muchos de los compradores fueron captados cuando tuvieron la convicción de que vendedores y jueces estaban confabulados. «A veces les decían que el jefe de la operación era el hijo del juez o, en otras ocasiones, simplemente que el jefe trabajaba en tal o cual juzgado».

A pesar de esa picaresca, ninguno de los compradores ha sido acusado y, en la sentencia, se les considera víctimas de la estafa.

Una estafa de 1.400.00 euros

Los acusados pedían a los compradores el 10% del precio de salida a subasta de los pisos. Así, en menos de un año, ingresaron más de 1.400.000 euros. Cuando llegó el momento acordado para la entrega del piso adquirido (sólo sobre el papel), los compradores constataban que todo era un engaño porque esas viviendas nunca existieron.

Se trata de una farsa muy bien orquestada: «Las víctimas se conocen unos con otros, entre ellos se comunican la existencia de este negocio seguro». El escrito señala que «se vende el negocio como seguro, hay implicados en los juzgados, hecho que, desgraciadamente el ciudadano medio admite. Se muestran documentos de otras adjudicaciones, se entregan documentos procedentes de los juzgados de primera instancia. En definitiva…una gran farsa, cuando la realidad es que lo acusados ni tienen contacto alguno con los juzgados, los inmuebles que ofrecen no están sometidos a procedimiento judicial alguno, los documentos entregados son falsos y la adjudicación de inmuebles es imposible. Es una gran farsa lucrativa».

La sentencia condena a los acusados a resarcir económicamente a sus víctimas que llegaron a pagar anticipos que oscilan entre los 6.000 y los 250.000 euros.