Los magistrados del TSJC dan por seguro que la querella contra Mas se admitirá a trámite

La opinión mayoritaria entre los magistrados que componen las distintas salas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que el juez José Francisco Valls Gombau, ponente del caso, admitirá a trámite la querella que la fiscalía de Cataluña, por orden de la Fiscalía General del Estado, ha presentado contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Educación, Irene Rigau.

Fuentes próximas a la sala civil y penal del TSJC consultadas por Economía Digital opinan que el magistrado ponente elaborará un dictamen estrictamente técnico sobre el que sustentará su previsible decisión de admitir a trámite la querella.

¿Hechos ficticios o ciertos?

Fuentes próximas al magistrado han señalado que Valls Gombau estudia numerosas jurisprudencias del Supremo, del Tribunal de la Haya y de diversas tesis doctorales de catedráticos en derecho penal para argumentar los motivos que le pueden llevar a dictar un auto de admisión.

Para empezar, pacere acreditado que «los hechos que relata la querella» son ciertos y, tal y como quedan expuestos, revisten visos de indiciaria criminalidad, según las fuentes jurídicas consultadas.

Éste es el principal objeto de debate del magistrado. La inadmisión a trámite solo se puede justificar si los hechos expuestos fueran ficticios o no relatasen una conducta indiciariamente delictiva. Así lo dice la ley procesal.

Un veterano miembro de la sala de gobierno del TSJC explica sarcástico a este medio que «la fiscalía no tiene por constumbre presentar querellas con relatos ficticios inventados o falsos o no congruentes».

La admisión a trámite, lo más probable 

Y añade: «La inmensa mayoría de las querellas que el Ministerio Público ha presentado en la sala de lo civil y penal de nuestro tribunal han sido admitidas a trámite. No hacerlo significaría tirar por los suelos su prestigio jurídico». Y continúa: «Con el desarrollo de las diligencias, el juez siempre estará a punto para archivar la instrucción. Siempre con argumentos técnicos».

Y ahí parece que radica la cuestión: la opinión generalizada es que el magistrado Valls Gombau, admitirá a trámite la querella de Torres Dulce, citará a los imputados a declarar y tras el pertinente acopio de pruebas, dictará un auto de archivo. «Todos sabemos que jurídicamente es muy difícil que esta causa prospere», sostienen diversos jueces de la Audiencia de Barcelona.

En el sector pro soberanista cunde el anhelo de que la querella no resulte tramitada. Esa eventualidad es improbable. La inadmisión supondría un revés brutal a la fiscalía y obligaría a los jueces del TSCJ a posicionarse de manera abierta sobre la cuestión soberanista, cosa que incomoda al statu quo judicial, acostumbrado a vivir en el terreno de la cómoda equidistancia. Supondría, además, una cosa todavía más definitiva: la inadmisión implica la muerte del asunto, es decir, contra el eventual auto de inadmisión no cabe recurso alguno. La querella de Torres Dulce moriría definitivamente.

Recurrir el auto de archivo

Por el contrario, la admisión llevará al magistrado Valls Gumbau a practicar toda una serie de deligencias de investigación, tan previsibles como seguramente inútiles, que, de una forma que parece inexorable conducirá al instructor al archivo de la causa por inexistencia de materia criminis.

¿Y qué pasaría entonces? La pregunta trasladada a expertos juristas de Barcelona tiene una respuesta coincidente: en buena lógica, la fiscalía que ha instado la acción penal, recurriría el auto de archivo.

Ese recurso tendrá que ser resuelto en última instancia por el Tribunal Supremo. Al ceñirse a lo recientemente expresado por sus más relevantes magistrados, con toda seguridad ordenarán la reapertura de la investigación, devolviendo la patata caliente a un tribunal superior que no encuentra materia criminis, a una fiscalía que acusa a contracorriente de sus propios criterios jurídicos y con unos imputados que, sin duda, sabrán sacar rendimiento político a esa situación procesal que les sitúa como mártires en su conflicto con el Gobierno español.