Manos Limpias pide al juez Castro que embargue la nómina de la infanta Cristina

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Por el impago de los 2,7 millones de responsabilidad civil

La infanta Cristina a su llegada a los juzgados de Palma

en Barcelona, 18 de mayo de 2015 (21:10 CET)

El sindicato Manos Limpias ha anunciado la presentación de un informe ante el juez que investiga el caso Nóos en el que solicita el inmediato embargo de la nómina de la infanta Cristina para hacer frente a los 2,7 millones de euros de fianza de responsabilidad civil impuesta por el juzgado. Cristina de Borbón ha abonado ya 587.413 euros, por lo que queda aún por pagar 2,1 millones.

El sindicato, que ejerce la acusación popular en el caso Nóos, ha hecho este anuncio una vez que el juez ha dado traslado a todas las partes personadas del recurso que la infanta había presentado contra la "injustificada fianza" de 2,7 millones. Manos Limpias considera inaceptable que "a estas alturas de la tramitación de la causa", a punto de fijarse la fecha de la vista oral, los abogados de la infanta se "descuelguen con esta petición".

Manos Limpias contraataca

En su opinión, la fianza está ajustada a derecho desde su inicio y considera "bochornosa" la interposición de este recurso que tildan de "intempestivo e injustificado". 

Manos Limpias, contraataca, además, pidiendo al juez que actúe sin contemplaciones y que ordene el embargo total del palacete de Pedralbes, lugar donde ha vivido en estos últimos años el matrimonio Urdangarin. 

Se abre juicio oral 

Este último contencioso judicial se produce justo el día en que el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, ha elevado a la Audiencia Provincial de Baleares los más de cien tomos y 76.000 folios del caso Nóos

Hasta 18 personas se sentarán en el banquillo de los acusados, entre quienes se encuentran la propia infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, además de empresarios y ex altos cargos de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

El tribunal que juzgará el caso Nóos estará formado por su presidente, Juan Pedro Yllanes; Eleonor Moyà; y la magistrada que ha sido designada ponente y quien será la encargada de redactar la sentencia, Samanta Romero.

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