El PP culpa a Sáenz de Santamaría y al CNI de la huida de Puigdemont

El 27 de octubre de 2017 supuso un punto de inflexión en el conflicto catalán por la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por parte de Carles Puigdemont. Tres días más tarde, el ex presidente se subía a un Skoda Octavia con cristales tintados y cruzaba la frontera con Francia. Entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy presentó la fuga como irremediable.

Sin embargo, algunos ex miembros del Gobierno que manejaba la situación ahora hacen autocrítica y señalan a la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al CNI de que no se detuviera inmediatamente a Carles Puigdemont tras la votación de la independencia de Catalunya en el Parlament.

Dias antes de la marcha de Puigdemont a Bruselas, un Consejo de Ministros extraordinario ya había acordado aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y cesar a todo el Gobierno catalán. Además, la Fiscalía había anunciado una querella contra Puigdemont y los consejeros por rebelión y barajaba el pedir prisión para todos ellos.

El 3 de noviembre la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó la detención de los seis. Esa sucesión de hechos que ahora el soberanismo se anota como “victorias”, supone una responsabilidad para los Gobiernos que pudieron haber actuado en contra. Hubo fallo dramático de los servicios de inteligencia y de la vicepresidencia, responsable política del CNI, por no dar la orden de que Puigdemont estuviera localizado las 24 horas del día, como indica el diario La Razón este sábado.

Se podría haber detenido a Puigdemont tras la DUI

Más de dos años después reconocen que no era cierto que no se pudiera detener al ya ex presidente de la Generalitat por el hecho de que todavía no hubiera una orden judicial, con que justificaron el fallo político y de inteligencia. “Hubiera bastado con eso, con que hubiéramos tenido localizado durante todo el tiempo a Puigdemont para haber evitado la fuga”, explica quien vivió en primera persona la gestión de la crisis catalana entonces.

Se apunta a dos personas por las acciones e inacciones de esos días: por un lado la entonces vicepresidenta y, por otro, el director del CNI, Félix Sanz Roldán. Fue de ellos dos también de quién dependió la gestión de ejecutar el compromiso de Mariano Rajoy de que no habría urnas, que finalmente no se cumplió.

La orden de detención se podría haber ejecutado por parte de la Policía o bien de la Guardia Civil “porque se encontraba en una situación de flagrante delito al estar actuando para eludir la acción de la Justicia”. Quien dice esto sabe de cómo se tomaron las decisiones y cómo funcionan las Fuerzas de Seguridad del Estado y su cobertura legal. “La orden de detención habilita 72 horas antes de ejecutar el paso a disposición judicial o la libertad, y en ese tiempo se habría formalizado la causa judicial contra él”, sentencia otra voz que trabajó en el Gobierno de Rajoy.

La reacción de los partidos al dictamen del TSJE

Se corea en público un “no pasa nada” ante el dictamen del Tribunal Superior de Justicia Europeo (TSJE) que reconoce la inmunidad a Oriol Junqueras. Sin embargo, no es así cunado se les interroga en privado por las consecuencias de esta última sentencia del Tribunal Europeo.

El PSOE, el PP y Ciudadanos se dedican a cuidar sus intereses de partido. El PSOE necesita salvar como sea el pacto con ERC para investir a Sánchez, mientras los de Casado y Arrimadas han apostado por intentar sacar ventaja de las dificultades que se presentan para el candidato socialista en su estrategia.