Acciona pasa al ataque y amenaza con desmontar la causa de Ferrovial por espionaje en EE.UU.
Acciona argumenta que la información presuntamente robada nunca estuvo protegida con las garantías legales mínimas exigidas por Ferrovial
Montaje realizado por Economía Digital.
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Acciona y varios ex empleados de Ferrovial han presentado su respuesta a los intentos de la constructora presidida por Rafael del Pino por desestimar las contrademandas, y lo hicieron con un argumento que podría dejar en papel mojado toda la estrategia legal de Ferrovial: la empresa nunca protegió la información que ahora reclama como suya, según documentos a los que ha tenido acceso Economía Digital.
El litigio tiene su origen en la demanda que Ferrovial y su filial North Perimeter Contractors presentaron el 14 de febrero de 2025 contra Jesús González Fernández, un directivo que acumuló casi veinte años de trayectoria dentro del grupo antes de abandonarlo en noviembre de 2024 para incorporarse a Acciona.
Según la versión de la demandante, la marcha de González no fue limpia. La empresa sostiene que, en las semanas previas a su renuncia, formalizada el 19 de noviembre de ese año, el ejecutivo habría descargado de la red interna corporativa más de 100.000 documentos de carácter sensible, una cifra que por sí sola ilustra la magnitud de lo que se investiga.
Acciona y los ex empleados de Ferrovial involucrados en el litigio han plantado cara con una defensa que ataca directamente el punto más vulnerable de la demanda: la calificación jurídica de esa información como secreto comercial. Y para ello, señalan a Ferrovial como responsable de su propia desprotección.
En su respuesta, los demandados argumentan que Ferrovial incumplió la condición sine qua non que la ley exige para que una información pueda ser considerada secreto comercial: haber adoptado medidas razonables para protegerla.
La defensa sostiene que los empleados nunca firmaron acuerdos de confidencialidad específicos ni recibieron formación alguna sobre cómo identificar o gestionar información sensible.
Sin ese blindaje formal, argumentan, cualquier reclamación por robo de secretos comerciales carece de base legal suficiente.
Pero los demandados van más lejos. Afirman que, lejos de tratarse de una práctica excepcional o clandestina, el uso de dispositivos de almacenamiento externos personales para guardar archivos de trabajo era una costumbre rutinaria y generalizada dentro de la propia Ferrovial.
Y, lo que resulta aún más llamativo desde un punto de vista jurídico: alegan que en muchas ocasiones era la propia gerencia de la empresa la que solicitaba a los empleados que utilizaran esos dispositivos, mezclando archivos corporativos con archivos personales sin ningún protocolo de separación ni control.
De acuerdo con la demanda inicial, entre la documentación transferida se encontraban planos de ingeniería, estrategias de construcción, planes de gestión de diseño, así como ofertas y estrategias de licitación con datos de precios.
Lo que eleva la tensión del caso más allá de la sustracción de datos es el conflicto de interés que Ferrovial señala de forma específica. La acusación apunta a que González se habría llevado información sobre proyectos en los que ni siquiera participaba directamente, entre ellos el denominado SR400 Express Lanes Project, un contrato que finalmente fue adjudicado a Acciona por 4.100 millones de euros.
La investigación interna llevada a cabo por la demandante arrojó evidencias forenses que la compañía considera concluyentes: se detectaron transferencias masivas de datos hacia dispositivos de almacenamiento externos entre octubre y noviembre de 2024.
El directivo fichado por Acciona intentó borrar su rastro
Y, como elemento agravante, los abogados de Ferrovial alegan que González trató de borrar su rastro eliminando carpetas de uno de esos dispositivos antes de devolverlo, una vez que la presión judicial le obligó a hacerlo.
En respuesta a estos hallazgos, la empresa solicitó medidas cautelares para impedir el uso o la difusión de la información, y reclamó al tribunal que ordenara un examen forense exhaustivo de todos los dispositivos del ejecutivo con el fin de purgar los datos supuestamente sustraídos.
El objetivo último de la contrademanda y sus asociados no es únicamente resistir las acusaciones de Ferrovial, sino obtener una sentencia declaratoria que establezca formalmente que la información en disputa no reúne los requisitos legales para ser calificada como secreto comercial.
Ferrovial, por su parte, insiste en que sí contaba con mecanismos de seguridad: un Código de Ética corporativo, guías de políticas internas y un sistema de acceso restringido mediante contraseñas que los empleados debían validar cada vez que iniciaban sesión en la red.
La cuestión es si ese conjunto de medidas es suficiente a ojos de la ley estadounidense, o si, como argumenta la defensa, se trata de salvaguardas genéricas que no alcanzan el estándar requerido para proteger información comercialmente sensible.
El desenlace de este pulso judicial entre dos de las mayores constructoras españolas con presencia en Estados Unidos está aún lejos de resolverse, pero la intensidad del enfrentamiento anticipa un proceso largo y costoso.
