Rodrigo Rato a la salida de su despacho

Rato elude la cárcel pero se queda sin pasaporte

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El exministro también deberá comparecer una vez al mes en el juzgado que investiga su presunta comisión de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares

desde Madrid, 06 de octubre de 2015 (14:55 CET)

Aunque cabía la posibilidad de que el exministro Rodrigo Rato acabase ingresando en prisión tras prestar declaración ante el juez Antonio Serrano-Arnal, titular del juzgado de Instrucción 31 de Madrid, finalmente no lo hará.

El hecho de que la Fiscalía Anticorrupción no pidiera la medida de ingreso en la cárcel determinó la decisión del juez, quien, no obstante, sí ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte –que deberá entregar en un plazo de cinco días– y la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado.

Rato volvía a prestar declaración ante el magistrado Serrano-Arnal dos meses y medio después de hacerlo por primera vez. Entonces el exministro y exgerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se acogió a su derecho constitucional a no declarar y pidió amparo al juez para que el Ministerio Público concretara de qué se le acusaba.

Más indicios

Desde entonces, el adelanto de las investigaciones y la toma de declaraciones a testigos, ha llevado al juez a contar con indicios de que parte de los fondos ilícitamente obtenidos mediante la evasión fiscal y diversas operaciones de adjudicación de contratos de manera aparentemente irregular para el sostenimiento de la mercantil alemana Bagerpleta Gmbh, cuya única actividad es la explotación de un hotel en Berlín. Rato tiene el 44% de esta sociedad a través de Kradonara 2001, la cabecera de su entramado empresarial.

Con la adjudicación de contratos, el juez se refiere a los firmados entre Bankia, cuando Rato era su presidente, y las agencias de publicidad Publicis Comunicación España y Zenith Media. De los nueve imputados que hay en la causa, sólo uno ha sido enviado a prisión. Se trata del propietario de Albisa Inversiones y Asesoramiento, Alberto Portuondo, que declaró ante el juez en agosto por mediar en este contrato por el que la entidad bancaria pagó a las filiales de Multimarket Services Spain Holding 27,5 millones el primer año y 20,3, en 2012, por las campañas de publicidad que realizaron para dar a conocer la marca y la salida a Bolsa.

Mañana miércoles, día 7 de octubre, y pasado mañana jueves, día 8, el juez tomará declaración a 16 testigos, ocho en cada una de las jornadas, por esta misma causa. Y la próxima semana una comisión del Juzgado y Agentes de la UCO procederán al desprecintado y volcado de los depósitos intervenidos en los registros efectuados a dos de los imputados en la pieza que aún permanece secreta, en la que se investiga la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales.

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